La Paz, 12 de julio de 2023 (ANF).- Carlos Romero, exministro de Gobierno, sostuvo que el crimen organizado no necesariamente necesita corromper a las autoridades porque tiene vía libre por el sinfín de pasos no autorizados alrededor de la extensa frontera boliviana para practicar sus actividades ilícitas como el narcotráfico o la internación de autos robados.
Tras el último caso sobre un ciudadano chileno que fue baleado en Challapata cuando intentaba recuperar su camión que le robaron el mes pasado, se cuestionó la presencia del Estado en esos lugares porque se cometen constantes delitos sin que exista autoridad para hacer cumplir la ley.
La jornada pasada, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo, aseguró que existe la presencia del Estado en toda la frontera y dijo que se dispuso más de 400 efectivos militares, distribuidos en grupos de 18 a 20 en distintos puntos, para que protejan al país del contrabando en los límites del territorio nacional.
“(...) Algunos dicen que no hay presencia del Estado en las fronteras, están presentes nuestras Fuerzas Armadas en todo el territorio nacional. Eso no se puede negar, que hay malos funcionarios, sí, los hay; que se los tiene que identificar, procesar y se los tiene que sancionar, sí. En eso estamos”, sostuvo Novillo.
Sin embargo, el exministro de Gobierno resaltó que el país tiene aproximadamente 7 mil kilómetros de frontera con los cinco países vecinos; el 50% es con Brasil, el resto con Chile, Perú, Argentina y Paraguay. El control fronterizo es evidente en los puntos autorizados, pero existe un sinfín de pasos no autorizados por donde ingresan y salen las organizaciones criminales, lo que deja mal paradas a las dos instituciones encargadas de combatir esos delitos.
“Estos dos dispositivos de control están siendo rebasados, independiente de que sus integrantes estén siendo sobornados por las organizaciones criminales. Más allá de eso, están rebasados, no es suficiente aplicar mecanismos de control coercitivo. Por más que sean de fuerza pública, es necesario encarar una política de presencia estatal a través de proyectos de desarrollo”, recomendó la exautoridad en contacto con este medio.
Con el último caso del chileno que quedará parapléjico por recibir una bala en su columna al intentar recuperar su camión, se conoció que uno de los involucrados auspició en 2021 una gran fiesta de cuatro días y con más de 10 grupos nacionales e internacionales para su fraternidad “México chico”. Todo en honor a la Virgen del Carmen y el niño San Salvador de Wataria.
“Esa fiesta en ‘México chico’ fue en el municipio de Qaqachaca, donde la Policía no entra y ni el Ejército. En todo el norte Potosí, y parte del lado orureño como Uncía, la Policía no entra y los carros chutos como si nada andan. Esos sectores son la base social del MAS, desde hace años están en el lado potosino y orureño entre (los ayllus) Laimes, Jucumanis y Qaqachacas. Estamos en la idea de querer investigar por qué no hay presencia del Estado ahí”, el diputado orureño por Comunidad Ciudadana (CC) Ronald Huanca a la ANF.
Los Qaqachacas pertenecen a la provincia Abaroa en el departamento de Oruro; mientras que Laimes y Jucumanis están en la provincia Bustillos del departamento de Potosí.
Huanca dijo que ya pidieron un informe al Ministerio de Defensa y a Aduanas para saber el control que realizan en la zona. En función de ese informe, los legisladores presentarán un proyecto de ley que determinará el control estatal, principalmente, en esa zona.
El exministro Carlos Romero aseguró que toda la zona fronteriza que el crimen organizado tiene protección en esos territorios y tienen aliados que conocen muy bien los pasos no autorizados.
“Se podría decir que los vehículos robados, que son internados a territorio boliviano, se los interna por las mismas rutas por donde se trafica droga, se les da protección y seguridad a través de los mismos mecanismos de protección del narcotráfico (…). Lo mismo está sucediendo en la Amazonía, donde se está intercambiando droga por oro con Perú y Brasil. Es un tema que cuando menos merece una investigación muy seria”, dijo Romero.
Para el diputado del ala renovadora del MAS, Juan José Jauregui, existe plena presencia del Estado y explicó que es por esa razón, en el caso de Challapata, que en 72 horas se encontró el camión, se aprehendió a los agresores y se puso orden en la zona, lo que implica un trabajo coordinado no sólo entre autoridades, sino con la misma población de Challapata.
Además, Jauregui descartó que la visita de una comisión de diputados pueda aportar a una investigación técnica que necesita de acuerdos diplomáticos entre Chile y Bolivia.
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