La Paz, 21 de diciembre de 2023 (ANF). - La defensa legal del dirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), César Apaza, presentará este viernes una querella penal contra el juez Juan Carlos Montalbán, del Juzgado Quinto de Instrucción Penal de La Paz, por el delito de prevaricato, ya que lo dejó en indefensión y con detención preventiva ilegal.
En contacto con la ANF, el abogado Jorge Valda explicó que Montalbán se excusó de definir si otorgaba la libertad al dirigente cocalero porque no tenía competencia, ya que el 4 de diciembre el Ministerio Público presentó una resolución conclusiva y el caso debía pasar a un Juzgado de Sentencia de forma inmediata. Sin embargo, el juez se dio cuenta de esa situación recién en la audiencia.
“Por eso es que nosotros mañana estanos presentando una denuncia contra el juez juan Carlos Montalbán por prevaricato, se ha lavado las manos y ha señalado que el ya no sería competente para pronunciarse sobre ese caso. La detención de César Apaza era hasta el 3 de diciembre, a partir de esa fecha la detención de César Apaza es ilegal”, afirmó el jurista.
Apaza se encuentra detenido preventivamente desde septiembre del año pasado por la quema del mercado paralelo de coca, dirigido por el dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Arnold Alanes. En febrero sufrió una embolia que dejo paralizado la mitad de su cuerpo, su salud se deteriora y los familiares piden su liberación.
Por otra parte, Valda dijo que existen dos recursos de apelación que aún no se resolvieron, una de ellas fue presentada luego de la audiencia del 8 de noviembre y la segunda fue interpuesta ayer, ambos recursos se accionarán con el fin de lograr la libertad del dirigente cocalero.
“Una apelación que es de la audiencia del 8 de noviembre que no se llevó adelante y la segunda apelación se ha presentado ayer, tras escuchar la resolución dictada por el juez Montalbán. Pero además se está presentando una acción de libertad porque no se puede permitir que un juez renuncie a considerar la situación jurídica de los imputados”, enfatizó.
Direccionamiento
El 4 de diciembre, el Ministerio Público presentó una acusación contra César Apaza y otros dirigentes por la toma y la quema del mercado paralelo de coca. Al respecto, la abogada Evelyn Cossío dijo que la acusación aún no era de conocimiento del juez Montalbán, por lo tanto, aún seguía siendo competente para resolver la situación jurídica de su cliente.
En ese contexto, Cossío dijo que le presentaron las sentencias constitucionales que argumentan esa explicación, pero los abogados del Ministerio de Gobierno direccionaron la fundamentación del juez, hasta el punto de que este declare su incompetencia. Consideró que la decisión de Montalbán fue a causa del lineamiento de los delegados de esa cartera de Estado.
“Si se presenta una resolución de acusación formal y la misma no tiene un auto de radicatoria, el juez de instrucción sigue siendo competente la situación jurídica. Sin embargo, los abogados del Ministerio de Gobierno le dijeron que ya no era competente de conocer el caso de César Apaza, entonces haciendo caso a ese lineamiento, que fue dado por los abogados del Ministerio de Gobierno, se nos limita la participación en la audiencia”, explicó.
CIDH
Con relación a la decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de cerrar el expediente de Apaza, Valda dijo que presentarán una denuncia ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), que se desarrollará en mayo de 2024. Además, dijo que pondrán en conocimiento sobre la situación del dirigente cocalero y la vulneración de sus derechos humanos.
“Nosotros vamos a acudir a la Organización de Estados Americanos (OEA) a la Asamblea General que debe celebrarse en mayo de 2024, donde vamos a poner en cocimiento esta determinación. Lamentablemente la CIDH ha alejado sus principios y valores por completo de los derechos humanos. Vamos a pedir que la asamblea general pueda escuchar el caso de César Apaza”, manifestó.
El miércoles se conoció que la CIDH determinó cerrar el caso del dirigente cocalero, aunque se mantendrá vigilante en cuanto a la vida de esta persona. Esto se dio en medio de una coyuntura en la que su familia y abogado esperan que se lo deje en libertad o se le dé atención médica urgente, al estar esta persona sufriendo por los efectos de una embolia.
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