La Paz, 20 de febrero de 2025 (ANF).- Los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS), de Evo Morales y Luis Arce, dilataron una década en elaborar, aprobar y publicar la Reglamentación de la Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo para que la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) intercepte y derribe las aeronaves que trafican droga en el país, denunció Henry Montero, jefe de la Bancada de Creemos.
“¿Por qué los gobiernos del MAS, antes de Morales y hoy de Arce, dilataron por 10 años, la aprobación y aplicación del Reglamento de la Ley 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, norma que dispone controlar, interceptar y derribar aeronaves que trafican droga en el país y al exterior? Entonces, las acusaciones de los arcistas y evistas de sus vínculos con el narcotráfico tienen sentido porque con la dilación de la reglamentación se obstruye la aplicación de la ley”, manifestó.
El parlamentario argumentó que, el año pasado mediante una Petición de Informe Escrito (PIE), solicitó información sobre la reglamentación a la Ley 521, al ministro de Defensa, Edmundo Novillo. La pregunta señala: “Informe, si ya se elaboró, aprobó y publicó el Reglamento a la Ley No. 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, del 22 de abril de 2014, teniendo en cuenta que han transcurrido casi nueve años de incumplimiento de dicha norma. Adjunte la copia del Reglamento a la Ley”.
La respuesta del ministro Novillo señala: “COSDEA.- Ante el conocimiento que aún no se contaba con el Proyecto de Reglamento a la Ley No. 521 de Seguridad y Defensa del Espacio Aéreo, se instruyó su elaboración, mismo que fue presentado para su consideración. No obstante, por las observaciones recibidas de la Unidad de Análisis de Políticas Sociales y Económicas UDAPE, ésta Cartera de Estado, se encuentra trabajando en la elaboración de un nuevo proyecto reglamentario que será nuevamente presentado conforme el procedimiento establecido en el Decreto Supremo No. 4857, de 06 de enero de 2023”. La respuesta no adjunta el proyecto de reglamentación, solicitado por el senador Montero.
La Ley 521, en el artículo 6, clasifica los tipos de las aeronaves: infractoras, ilícitas y hostiles; en los artículos 9 a 11, también dispone las acciones desde la interceptación, la legítima defensa y la represión de las aeronaves hostiles.
“Agotadas las medidas y acciones preventivas, disuasivas y coercitivas sobre aeronaves declaradas hostiles, previa advertencia, éstas quedan sujetas a las medidas y acciones reactivas consistentes en el empleo de la fuerza, mediante la agresión física o represión contra la aeronave, cuyo resultado puede manifestarse en daños, derribo o destrucción de la aeronave, como derecho a la legítima defensa del Estado…”, señala el artículo 11, de la Ley 521, pero que no puede ser aplicada por falta de una reglamentación.
El senador también consultó al Ministerio de Defensa sobre el funcionamiento de siete de los 13 radares adquiridos por el Estado y cuáles son los resultados de sus operaciones. El ministerio respondió que el Sistema Integrado de Defensa Aérea y Control de Tránsito Aéreo “se encuentra operando en su totalidad”, precisó que el sensor remoto que utiliza (radar) no discrimina el tipo de carga que una aeronave transporta. En consecuencia, “si una aeronave apaga el transponder y/o incumple el plan de vuelos se lo considera Tránsito Aéreo de Interés, información que es transmitida a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico”.
El legislador cuestionó que el gobierno del MAS haya gastado 200 millones de euros, equivalentes a 1.400 millones de bolivianos, en los radares franceses para controlar el espacio aéreo, combatir el narcotráfico y el contrabando, que debían funcionar desde el año 2018, pero que no cumplen con el objetivo porque los gobiernos del MAS dilataron y obstruyeron la reglamentación de la Ley 521, para evadir el derribo de las aeronaves de los narcos.
El ministerio responsable de la seguridad externa del país respondió a la PIE el 29 de agosto de 2024, el 2 de septiembre fue recibido por el Ministerio de la Presidencia, pero este despacho recién lo remitió a la Cámara de Senadores el 24 de enero de este año, es decir después de casi cinco meses, el senador Montero recibió la respuesta el 28 de enero de 2025.
El tema cobra relevancia por los casos de aeronaves detenidas en Argentina con importantes cantidades de droga. Por ejemplo, en enero de este año, un avión que salió del país tuvo que aterrizar en Entre Ríos, Argentina, con 358 kilos de droga.
En octubre del año pasado, una avioneta con matrícula boliviana fue interceptada cerca de Rosario, Argentina, con casi media tonelada (475 kilos) de cocaína. En agosto del mismo año, una aeronave sin matrícula se precipitó en el municipio de San Javier, Santa Cruz. Testigos en el lugar señalaron que sus ocupantes huyeron trasladaron bolsas de yute, la avioneta estaba acondicionada para el traslado de droga.
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