La Paz, 25 de junio de 2024 (ANF).- Kathia Saucedo, abogada constitucionalista alerta que la crisis de poderes del Legislativo y Judicial ponen en riesgo la institucionalidad democrática del país, con sus disputas, arbitrariedades, atribuciones ilegales, vulneración de competencias y desconocimiento de la Constitución Política del Estado (CPE).
“Es algo inaudito lo que está pasando, no hay elecciones judiciales, por el momento, el proceso suponemos que va avanzar, pero no sabemos en qué momento. Pero además hay una lucha entre dos poderes, el Órgano Legislativo y el Órgano Judicial, es una lucha feroz. Dónde básicamente el Legislativo dicta una ley para la suspensión de los magistrados autoprorrogados e inmediatamente hay una reacción del Tribunal Constitucional, entonces hay una disputa tremenda, el Tribunal Constitucional le quita la capacidad fiscalizadora, de manera inaudita, al Órgano esencialmente fiscalizador que es la Asamblea Legislativa, estamos en una situación jurídica que se esta hiendo por el abismo”, declaró en entrevista a la ANF.
Por otra parte, al referirse al estancamiento de las elecciones judiciales, dijo que como está diseñada “ahora”, no es el instrumento “idóneo” para elegir altas magistraturas en el país, pero que es el único sistema constitucional que se tiene. Además, señaló que la prórroga y la autoprórroga es un acto “esencialmente de vulneración”, por lo que ese mandato tiene que terminar lo antes posible.
“La elecciones judiciales es el único camino, tengo dudas que se lleven adelante este año, precisamente porque hay 26 amparos haciendo fila y eso significa la paralización de las elecciones judiciales, de manera individual, en cada caso de amparo y eso puede generar nuevamente problemas, esperemos que se lleven adelante las elecciones judiciales, porque hay que partir de algo”, agregó.
Según Saucedo es necesario y urgente “una voz” que llame a la “cordura”, frente a este panorama “peligroso” que está atravesando el país, señaló que desde la sociedad civil hubo muchas e incluso el grupo de juristas independientes, de cual formó parte, planteó al Ejecutivo llevar adelante un referéndum, para consultar al Soberano, al pueblo, una posible solución, que el Gobierno “no escuchó” y lo rechazó.
Sin embargo, dijo que puede considerarse una “voz” desde el poder público, como la Defensoría del Pueblo, pero siempre y cuando “retome su rol”, como en el periodo de Ana María Romero de Campero.
“Probablemente es el momento, en que la Defensoría del Pueblo, retome el rol que tenía antes, el de llamar a la cordura y a la reflexión. Recordemos, a Ana maría de Campero, quién era la voz que ponía las cosas claras, en su sitio, recomendaba, era la Defensora del Pueblo, esperemos que retome su rol, esta instancia”, manifestó.
/ERA
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