La Paz, 19 de enero de 2023 (ANF).- David Inca, activista de derechos humanos de El Alto y vocero de las víctimas de Senkata, denunció que los administradores del recinto carcelario de Chonchocoro le negaron en varias oportunidades la visita al gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, para constatar las denuncias sobre las presuntas vulneraciones a sus derechos.
“Espero que nos atiendan para verificar los extremos de las denuncias que hay. Justamente está llegando la CIDH el 24 de enero y espero que antes de esa fecha me permitan ingresar, sino igual me voy a quejar a la Comisión Interamericana porque no están permitiendo ingresar a un representante de derechos humanos para verificar las denuncias que la misma familia del señor Camacho ha vertido sobre el tema de salud, sobre el tema de la celda, de los privilegios, de las zanjas que están haciendo los comunarios, de las amenazas que reciben los que hacen vigilias, etcétera. Todo eso es un tema de derechos humanos que se tiene que verificar y (ante) el hecho de que no nos permitan el ingreso, vamos a ver otras medidas, pero cumplimos primero la parte burocrática”, reclamó el activista de derechos humanos.
El también representante de las víctimas de Senakta indicó que cumplió todos los requerimientos formales para lograr ingresar al penal de máxima seguridad, pero no atendieron su primera solicitud desde hace dos semanas. Hoy presentó una segunda solicitud para que gestionen su ingreso.
“Lo que me han informado es que Régimen Penitenciario no ha autorizado todavía, está en despacho del Director Departamental y el argumento que reiteran es que él (Camacho) está en constante atención médica. Entonces, mientras está en atención médica no puede haber visitas, pero hay días de visitas que él está recibiendo las visitas. Es paradójico, recibe visitas de Santa Cruz, sus familiares, representantes de la Gobernación de Santa Cruz, pero a un representante de derechos humanos de El Alto no le permiten”, lamentó Inca.
La autoridad cruceña fue aprehendida por un operativo con policías encapuchados y armados el 28 de diciembre cuando se dirigía a su casa, luego fue trasladado hasta la ciudad de La Paz para que responda como acusado en el caso “golpe de Estado I” que juzga el delito de terrorismo durante la crisis post electoral del 2019. Actualmente guarda detención preventiva en la cárcel de Chonchocoro, su defensa intenta apelar la medida para que el gobernador se defienda en libertad.
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