La Paz, 24 de septiembre de 2024 (ANF).- La Procuraduría General del Estado ha interpuesto en el Ministerio Público una denuncia penal en contra del exprocurador Wilfredo Chávez (evista), por al menos siete delitos en contrataciones “irregulares” de estudios jurídicos, abogados nacionales e internacionales y peritos para “privatizar” la defensa de los intereses del Estado.
“Hoy se presentó la denuncia por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado, incumplimiento de contratos, conducta antieconómica, falsedad de documento privado, uso de instrumento falsificado”, informó el director jurídico de la Procuraduría, Aldo Torrez.
El procurador César Siles detalló que durante las gestiones de Chávez se “privatizó” la defensa de los intereses del Estado y se les otorgó esa misión a consorcios de abogados, abogados externos (nacionales e internacionales) y a peritos.
Dijo que se lo hizo pese a que la Procuraduría tiene 200 profesionales (de planta y consultores), al menos 170 abogados en todo el territorio nacional que podían asumir la defensa en los casos que se dio a profesionales externos a la institución.
“Lo que había sucedido es una privatización de la defensa de los intereses del Estado, una terciarización. Nosotros planteamos como cambio de timón la bolivianización, la nacionalización de los intereses del Estado”, sostuvo Siles en una rueda de prensa.
La denuncia penal presentada en el Ministerio Público es en contra del exprocurador Wilfredo Chávez, pero no sólo contra él, también contra Ibert Renato Aguilar Mamani, director general de Asuntos Administrativos; Sebastián Padilla representante legal de un bufet y Cecilia Ríos Moller consultora en un contrato que presumiblemente no cumplió. Dejó entrever que pueden existir otras personas porque el proceso de análisis continúa.
Precisó que el daño económico es de “93 millones de bolivianos”, que es el monto destinado en las gestiones 2021, 2022 y 2023, “solamente para el pago de consorcios, peritos, abogados externos”, dijo la autoridad. Detalló que en 2021 se presupuestó 54 millones; en 2022, 22 millones y en 2023, 17 millones.
Asimismo, Siles señaló que fue un gasto innecesario y no una inversión, porque se llegó a la “terciarización” de las funciones de la Procuraduría General del Estado.
Dijo que por ejemplo un estudio jurídico cobró más de 2,6 millones de bolivianos al que se le llegó a pagar casi 700.000 bolivianos. Denunció que en 2023 se encontró cuatro contratos suscritos para que abogados externos atiendan casos en materia de derechos humanos. En octubre de ese año se había presupuestado un monto, pero que al asumir el cargo no se contrató a nadie y no se pagó deudas, y en ese sentido están siendo “resueltos los contratos para no pagar”.
Según la autoridad el daño económico no solo es lo pagado, sino también lo presupuestado, por lo que anunció que se recuperará los recursos económicos que causaron esa afectación al Estado. La autoridad señaló que Chávez hizo una mala gestión y gerencia de la institución.
Asimismo, dijo que se ha revisado diez de 39 contratos, por los que se debía cancelar Bs 11 millones y que la Procuraduría llegó a pagar Bs 5 millones, lamentó la erogación de esos recursos que podían ahorrarse porque el trabajo que se tenía que hacer podía hacerlo cualquier abogado de la institución.
Otros dos estudios jurídicos internacionales con cuatro abogados, nos obstantes el trabajo de estos juristas podía hacerlo una Subprocuraduría; otros contratos para atender arbitrajes sin embargo se detectó irregularidades en la presentación de documentos; asimismo mencionó otro bufete de abogados que cobraba por hora, por minutos en las llamadas telefónicas e incluso por los mensajes de WahtsApp al menos Bs 5,4 millones.
El abogado de la Procuraduría añadió que se identificó muchos defectos en las contrataciones, además porque no hubo acompañamiento de la Unidad de Transparencia, por lo que “motiva que tengamos indicios de responsabilidad penal para presentar la denuncia”.
Siles señaló que ya no podían esperar de presentar estos avances, porque había una inquietud en algunos periodistas respecto a la auditoría que se había anunciado. La autoridad hizo el informe en un escenario de pugnas entre dos facciones del MAS, y en la que Chávez tiene un rol activo como abogado del Movimiento al Socialismo (MAS).
/NVG/
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