La Paz, 21 de marzo de 2025 (ANF).- Los diputados evistas Gualberto Arispe y Gladys Quispe, y el senador Leonardo Loza declararon que la polémica sentencia de los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional es “nula” y plantearon sacarlos del cuello para que vayan directo a la cárcel.
“Si queremos elecciones nacionales creo que tenemos que pensar bien y apuntar el cañón de nuestra artillería para sacar a los autoprorrogados (…) No van a renunciar, hay que agarrarlos del cuello y mandarlos a sus casas o mandarlos a la cárcel porque ese es su destino”, afirmó Arispe.
Dijo estar seguro que no habrá elecciones si se mantienen los autoprorrogados en el TCP. Su correligionario Leonardo Loza añadió que es necesario hacer acciones legales, pero también sociales. “A las buenas o a las malas que se vayan (…) Debemos activar otro mecanismo, debemos sacar a estos autoprorrogados”, afirmó.
Sostuvo que desde hace tiempo el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, ha activado todos los mecanismos legales para hacer respetar la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional presidida por el titular de la Cámara Alta. En esa instancia se aprobó dos proyectos de ley.
Las reacciones de rechazo surgen por la polémica sentencia que emitió el Tribunal Constitucional Plurinacional que declaró nula la convocatoria a la séptima sesión de la ALP del 6 de junio de 2024, presidida Rodríguez, en suplencia legal, y todo lo aprobado en esa sesión, como el cese de los magistrados prorrogados.
Sin embargo, dio por válida la aprobación del decreto presidencial de amnistía e indulto y el contrato de préstamo para la construcción de la doble vía Caracollo-Colomi, tramo 28 Confital-Bombeo, por $us 176 millones. La sentencia del TCP es la 0113/2024 del 27 de diciembre de 2024, pero se notificó con la sentencia recién este jueves 20 de marzo.
Su colega de la Cámara de Diputados del bloque evista Gladys Quispe rompió una copia de dicha sentencia. “Rechazamos esta sentencia constitucional, que para nosotros es nula de pleno derecho emanada de autoprorrogados. Rechazamos desde la Asamblea”, protestó.
Asimismo, cuestionó que el TCP que debe ser el garante de la aplicación de la Constitución y de la legalidad, procede en función de los intereses del Gobierno. “Reconoce solo lo que le conviene al gobierno”, sostuvo.
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