La Paz, 7 de agosto (ANF).- Habitantes del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) solicitarán al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza que su fallo sea en contra del Estado boliviano, pedirán que declare que violo los derechos de la madre tierra al intentar imponer la construcción de la carretera por el parque; además piden que se anulen tres leyes.
Está previsto que la comisión del Tribunal Internacional llegue a Bolivia este mes de agosto, para ingresar al corazón mismo del TIPNIS y recibir los testimonios de un conjunto de indígenas que denunciaron que el Estado, administrado por el Gobierno, violó sus derechos y los de la madre tierra.
“Se solicita al Tribunal Internacional de Derechos de la Naturaleza (…) Declare que el Estado boliviano ha violado los Derechos de la Madre Tierra en el TIPNIS al imponer la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos”, dice el petitorio de los indígenas que recurrieron a esta instancia para frenar los proyectos del Gobierno.
El documento que presentarán a los miembros de la comisión internacional tiene 17 páginas, al que accedió ANF, en el que de manera detallada argumenta el conflicto que se generó en torno a la intención del Gobierno de construir la carretera San Ignacio de Moxos (Beni) y Villa Tunari (Cochabamba).
Asimismo, en su solicitud exigen la aplicación de las leyes nacionales: de los Derechos de la Madre Tierra y la ley marco de la Madre Tierra; y piden “la anulación de leyes y decretos que violan derechos sobre la Madre Tierra en el caso TIPNIS”.
Las normas que piden que se anulen son las leyes 222 de consulta al TIPNIS, de desarrollo integral en el TIPNIS y de exploración y explotación de hidrocarburos en tanto afecta Áreas Protegidas y Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Además los indígenas que acudieron a esta instancia pedirán que el caso se remita a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas, al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a la Relatoría sobre los derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU y la CIDH los hallazgos de su visita, “estableciendo con claridad los elementos ambientales, sociales, económicos y cultural/espirituales que se están vulnerando”.
El conflicto, según la cronología, data de 2001 hasta el 2017 cuando se produjeron desde avasallamientos, represión, abrogación de normas que protegían el TIPNIS y la promulgación de otras que exponen al territorio y parque nacional a la explotación y al allanamiento de tierras de los indígenas.
Los indígenas también demandan que el tribunal dicte medidas de restricción, para evitar que las actividades humanas conduzcan a la extinción de especies, destrucción de ecosistemas o alteración de los ciclos ecológicos, para exigir al Estado: “la paralización total de la construcción de las obras viales, puentes sobre el tramo II y III dentro del TIPNIS”, dice el documento.
Además demandan la “Paralización de cualquier iniciativa respecto a la exploración y explotación hidrocarburífera en el TIPNIS”. Y la reversión de la “colonización” en el polígono 7.
El 15 hasta el 18 de agosto la comisión ingresará al TIPNIS; luego se trasladarán hacia Cochabamba e ingresarán al polígono 7 a invitación del Consejo Indígena del Sur (Conisur), la reunión está prevista en la comunidad de la Santísima Trinidad.
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