La Paz, 12 de diciembre de 2024 (ANF). - Decidieron romper el silencio, los magistrados autoprorrogados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) denunciaron ante la Misión de Observadores Electorales (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se generó una campaña de desprestigio en su contra y que son víctimas de hostigamiento.
“Esta reunión con la misión internacional fue el inicio para que nuestro Tribunal Constitucional rompa el silencio que ha guardado ante una permanente y dura campaña de desprestigio y acusaciones infundadas hacia nuestra institución y magistrados. No vamos a guardar más silencio sobre las acusaciones falsas que realizan a la institución y a sus miembros, tengan la certeza que vamos a estar sustentando con plena solvencia constitucional nuestra decisión”, dijo el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado.
Los “magistrados” prorrogados fueron cuestionados luego que emitieron una declaración constitucional ampliando su mandato hasta que se elijan a nuevas autoridades. A eso se sumó las distintas sentencias que emitieron suspendiendo las elecciones judiciales en cinco departamentos, la anulación de las sesiones y leyes antiprórroga que aprobó el Legislativo y otros.
A la vez, los magistrados responsabilizaron a los actores políticos por la presunta campaña de desprestigio en su contra y los acusó de que no cumplieron con su rol de preseleccionar a las nuevas autoridades, con el objetivo de designar a personas que respondan con sus intereses.
“La campaña de desprestigio hacia el Órgano Judicial y al Tribunal Constitucional inicia con la acción deliberada de actores políticos, que no cumplen con su rol constitucional en tiempo, forma y garantías para convocar a elecciones judiciales. Buscan a propósito dejar ese vacío para designar magistrados que le respondan y manejar a la justicia a su antojo, al parecer ese siempre fue su objetivo”, añadió.
Hurtado, flanqueado de sus colegas, dijo que la preselección de los postulantes a magistrados fue irregular ya que se identificaron audios filtrados, anormalidades en la etapa de evaluación y otros hechos cuestionables.
“Es evidente que la Asamblea Legislativa no cumplió con los tiempos establecidos y menos con la sanción de una ley que garantice los derechos de los ciudadanos y candidatos, estos aspectos fueron denunciados por los asambleístas con la presentación de acciones. Todo el proceso estuvo plagado de denuncias e irregularidades que responden a ciertos actores políticos”, manifestó.
Finalmente, Hurtado anunció que presentarán ante la misión de la OEA, la CIDH y otras instancias pertinentes un documento "altamente técnico" para demostrar cómo se intentó politizar el proceso de preselección que no cumplió con la meritocracia, equidad de género y representación indígena.
Los “magistrados” del TCP ampliaron su mandato a pesar de que la Constitución Política del Estado fija claramente que tienen un periodo de seis años, con el visto bueno del gobierno dictaron su sentencia que les beneficia a ellos mismos; posteriormente, por encima de las competencias del Tribunal Supremo Electoral dictaron la realización parcial de las judiciales.
Impusieron sus fallos bajo advertencias a los vocales del TSE de sanciones pecuniarias, incluso con acciones ante el Ministerio Público. Recientemente, volvieron a ordenar que ningún juez, vocal, entre otros, puede paralizar las elecciones, bajo advertencia de ser procesados.
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