Miembros de una de las comisiones hacen la revisión de antecedentes. Foto: ABI
La Paz, 18 de junio (ANF).- Acusados de violencia contra la mujer, atracadores, jefes de grupos de choque y denunciados por corrupción son rasgos de algunos candidatos a vocales del Tribunal Supremo Electoral que presentaron sus postulaciones ante la Asamblea Legislativa.
Entre los más polémicos está el exfiscal Humberto Quispe, acusado de crímenes y delitos varios, como estafa, extorsión, asociación delictuosa y otros. Quispe estuvo en el centro de las noticias hace unos meses cuando se creó la “Asociación de Víctimas del fiscal Quispe”. Según las acusaciones en su contra, el exfiscal se asociaba con policías y delincuentes para cometer robos y otros abusos.
En el grupo de personajes relacionados a la Justicia y que son acusados de irregularidades está también Constancio Alcón, exjuez de instrucción en lo penal que fue destituido en 2006 por el entonces Consejo de la Magistratura tras ser acusado de facilitar la fuga de Ernesto Asbún, el exdueño del Lloyd Aéreo Boliviano. Se postuló al TSE también en 2011.
Otro polémico exservidor de justicia es Alex Jorge Sánchez, quien fue nombrado Fiscal de Distrito de Pando por el Fiscal General, Ramiro Guerrero. Sánchez fue destituido en abril de 2015 luego de ser blanco de críticas por no haber declarado procedente las denuncias de abusos sexuales contra Oscar Guerrero, hermano del Fiscal General.
Otro candidato al TSE es el exjuez de partido y sentencia de Sica Sica, Luis Adolfo Argani, fue destituido en su calidad de juez debido a que restituyó irregularmente en su cargo al alcalde de Calamarca, Yesid Mamani, investigado por narcotráfico.
Entre los candidatos al TSE que han sido involucrados en acusaciones judiciales está Richard Darío Aguilera, incluido en el caso CATLER junto a otros 14 imputados, entre ellos el expresidente de YPFB, Santos Ramírez.
Un personaje sinuoso es Edgar Mora, que lideró a un autodenomindao Comité Cívico Popular de La Paz, y que en realidad era un grupo de choque del MAS para agredir periodistas. Organizó varias manifestaciones, en las que se atacaba, verbal y físicamente, a los reporteros. En una ocasión fue agredida la redactora Adriana Barriga.
En la rama de acusados de violencia está Félix Juan López, abogado, fue jefe departamental y director general del Ministerio de Trabajo. Estuvo aprehendido por un caso de agresión contra la mujer.
Otro candidato polémico es Roberto Diez de Medina Pabón: este expolicía fue detenido acusado de participar de atraco a una joyería en La Paz en 2010. Él se declara inocente.
Edwin Foronda Franco también estuvo involucrado en un caso controversial, nada menos que la represión a la marcha del TIPNIS. Foronda fue el inspector general de la Policía. Un supuesto informe confidencial suyo revela que el exministro Sacha Llorenti dio la orden de reprimir a los marchistas.
El abogado Carlos Javier Garrón fue un magistrado del Poder Judicial que en 2010 fue denunciado, junto a otros 16 exmagistrados y exconsejeros, por daño económico al Estado y conducta antieconómica ante la Fiscalía por parte del Ministerio de Transparencia.
Otro uniformado acusado y que pugna por unos de los siete cupos del TSE es Ronald Jesús Quipildor, oficial de la Armada boliviana. Un informe del Ministerio de Defensa de 2014 da cuenta que fue denunciado por contratos lesivos al Estado y otros delitos por un caso relacionado con el Registro Internacional Boliviano de Buques (RIBB).
También figura entre los candidatos con acusaciones el militar jubilado Jorge Botello. En 2010, el entonces almirante fue presidente del Tribunal Supremo de Justicia Militar y fue imputado por la quema y extravío de documentos relacionados a la Guerra de Octubre.
Tres comisiones del Legislativo analizan actualmente los 403 currículums de los candidatos al TSE.
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