La Paz 05 de junio de 2024 (ANF). - El diputado ‘arcista’ Rolando Cuellar del Movimiento Al Socialismo (MAS) declaró que el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa “encubrió y protegió a Evo Morales” en más de diez procesos en flagrancia y con elementos de prueba, en ejercicio de sus funciones. La denuncia fue rechazada por la Fiscalía General del Estado (FGE) y la calificó como una acusación falsa y que carece de sustento para que prospere en un juicio de responsabilidades.
“Este fiscal evista ha protegido a Evo Morales, hoy tenía que prestar su declaración, por el encubrimiento a estos delitos ante la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Público de Diputados y no se ha presentado. El día viernes de la anterior semana, las autoridades correspondientes viajaron hasta Sucre a notificarlo, pero les transmitieron que viajó a Tarija”, detalló en conferencia de prensa.
Anunció, que sin embargo se reprogramará el día y la hora de la declaración informativa de Lanchipa, respecto al supuesto encubrimiento de estos procesos, en el que se encuentra el rechazo de la investigación por las ejecuciones en el hotel Las Américas, nombramientos ilegales, entre otros.
“Cuando Evo ordenó desde Venezuela a ejecutar a Eduardo Rózsa, por qué el fiscal General no investigó y ahora por su negligencia el Estado boliviano tiene que pagar 4 millones de dólares”, cuestionó.
Por su parte, el director de la Unidad de Comunicación de la Fiscalía General del Estado, José Luis Tarquino, calificó infundada la denuncia de Cuéllar. “Estas acusaciones vertidas por el parlamentario son completamente falsas y temerarias, se trata de un cúmulo de especulaciones y apreciaciones de índole personal, revestidas con posiciones políticas con fines netamente mediáticos que pretenden mellar el trabajo del Ministerio Público”.
Señala que el documento del denunciante no indica “mínimamente”, cuál sería en concreto la acción o conducta desplegada por el Fiscal General, cuál es el resultado de esa conducta y otros requisitos básicos que garanticen un efectivo ejercicio del derecho a la Defensa en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado”.
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