La Paz, 31 de julio del 2024 (ANF). – La Comisión Especial que conformó la Cámara de Senadores para esclarecer la toma militar del 26 de junio a la Plaza Murillo arrancó labores este miércoles con el apoyo de criminalistas, investigadores y psicólogos forenses; los legisladores prevén convocar a altas autoridades.
El senador arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) William Torrez, que está a la cabeza de esa instancia, informó que buscan resolver es si la toma militar fue o no un “autogolpe” de Estado; quiénes participaron en el hecho; desde cuándo se planificó, y cuál fue el objetivo principal.
“Se ha establecido la etapa preliminar (de tres meses de trabajo) y lo primero que se hará es cursar oficios al Ministerio Público, al Ministerio de Gobierno, al Ministerio de Defensa para que nos remitan toda la información que ellos tienen respecto a los hechos (del 26 de junio)”, declaró Torrez.
Precisó que también solicitarán a los organismos internacionales, como la relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre Independencia de Magistrados y Abogados y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que coadyuven en el trabajo para que tenga la mayor transparencia posible.
El objetivo principal de la investigación es que el pueblo boliviano conozca la verdad de los hechos ocurridos el 26 de junio en la plaza Murillo, cuando militares irrumpieron el lugar después del mediodía, a la cabeza del excomandante del Ejército, Juan José Zuñiga.
El Ministerio de Gobierno también investiga el hecho desde su perspectiva y concluyó preliminarmente que fue un “golpe de Estado fallido”, y anunciaron que presentará nuevas evidencias para reforzar la teoría que maneja.
Los legisladores que integran dicha Comisión son William Torres, Gladys Alarcón, Lucy Escobar, Elena Judith Aguilar, Félix Ajpi, del MAS; Jorge Antonio Zamora, Porfirio Menacho y Guillermo Seoane, por de Comunidad Ciudadana (CC); y Henrry Montero de Creemos.
Se estima que los primeros resultados se conozcan en tres meses. Los senadores resaltaron que no cuentan con un presupuesto abultado, pero contratarán al menos a tres criminólogos, otro tanto de investigadores, y psicólogos forenses, quienes guiarán la investigación.
Una vez que concluyan la investigación, remitirán todas las evidencias para que el Ministerio Público tome acciones que por ley corresponda.
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