La Paz, 1 de enero 2025 (ANF).- La ciudadanía perdió la credibilidad en los poderes del Estado plurinacional (Órgano Legislativo, Ejecutivo, Judicial y Electoral) por la “falta de confianza”, la “intromisión” en sus funciones y la “ilegalidad” en el ejercicio de cargos jerárquicos como en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), según juristas y expertos.
Existe un “desgaste” en el Estado plurinacional, en los cuatro poderes, de acuerdo al analista William Bascopé. “Han caído por la falta de su credibilidad, la gente ya no les tiene confianza, no son transparentes y responden a intereses políticos, partidarios y no de la ciudadanía”, indicó.
Considera que se perdió la confianza en el Órgano Electoral desde el “fraude” de las elecciones de 2019, por la “alteración” de las actas de votación, por un grupo de “cibernéticos” extranjeros.
“Al Tribunal Supremo Electoral (TSE) ya no se le tiene confianza por el fraude del 2019, cuando (expresidente) Evo Morales salió corriendo del país, ahí se demostró que realmente hubo alteración de actas, por un grupo de mexicanos cibernéticos que alteraron las actas vía virtual. Las investigaciones no avanzaron más, la Fiscalía tenia adelantado algo, pero entró el gobierno de Luis Arce y lo enterraron todo”.
El Órgano Judicial se caracteriza por el “prebendalismo” y por la “corrupción”
“La justicia sigue corrupta, hay jueces masistas (Movimiento al Socialismo) metidos ahí, jueces que venden sentencias y fiscales que sólo se dedican a perseguir a los opositores, tenemos una justicia totalmente corrupta, prebendal, partidizada, y política”, expresó
Al igual que Bascopé, la jurista Kathia Saucedo sostiene que con las recientes elecciones judiciales no se solucionará la situación crítica de la justicia del país, y que es necesario una reforma constitucional.
Según el analista, este cambio de la justicia se dará con un “próximo gobierno” y una Asamblea Constituyente. “Con las elecciones judiciales, no cambia en lo absoluto la situación de la justicia, lo que necesitamos a futuro es cambiar el Órgano Judicial de manera drástica, pero eso se hará con otro gobierno y en una asamblea constituyente, cambiando la constitución”, dijo Bascopé.
Considera que la elección de altas autoridades jerárquicas del poder judicial con voto popular es un desacierto, porque tiene que ser vía parlamento en conjunto con los colegios profesionales de abogados, y además se debe seleccionar gente proba, como se hacía anteriormente.
“Antes en el Tribunal Constitucional estaba gente calificada y proba ahora es partidaria-política”
Saucedo recuerda que el primer Tribunal Constitucional (TC) fue conformado por magistrados destacados como Pablo Dermizaky, Elizabeth Iñiguez de Salinas, José Antonio Rivera entre otros; el que comenzó su trabajo en 1998, sentó jurisprudencia y ganó mucho “respeto”.
“Fue un tribunal con mucha excelencia, sacaba sentencias paradigmáticas, con mucha fuerza precisamente porque por la personalidad y el prestigio de sus magistrados y magistradas el Tribunal Constitucional era respetado”, señala.
“¿Cuáles eran las luces en el sistema de justicia?, porque también había corrupción en esa época, también había problemas, había demoras, pero no en la magnitud que se vive actualmente. Respondiendo, primero el Tribunal Constitucional y segundo el Instituto de la Judicatura, eran las dos instancias que daban una esperanza en la mejoría del sistema judicial”, agregó.
Qué pasa con el TC en el “camino”, cambia el gobierno y llega Evo Morales. La jurista indica que cuando Morales era diputado se produce un escenario jurídico conflictivo, entre Evo y el TC; él tenía una deuda por asistencia familiar. “Creo que era de su primera hija, el caso llega al TC, a través de un amparo constitucional y el TC de ese momento falla en contra de Evo y le ordena el pago de la asistencia familiar, como corresponde, se ordenaba a un padre cubrir los gastos alimentarios y de subsistencia de su pequeña hija”.
“Evo se convierte en presidente y se ensaña contra el TC, hubo persecución de sus magistrados y viene lo que llamó la austeridad en el Órgano Judicial y se rebaja los sueldos de jueces”, agregó.
Posteriormente vinieron las primeras elecciones judiciales, se incorporaron el TC personas vinculadas políticamente al MAS y actualmente se llega a la prórroga de los magistrados. Saucedo considera que es totalmente inconstitucional la prórroga de mandato, porque la Constitución Política del Estado (CPE), establece un término de duración del mandato de los magistrados de seis años, ellos concluyeron sus funciones a fines de diciembre de 2023.
Intromisión entre Órganos de Estado
Desde la creación del Tribunal Constitucional “nunca” se había visto la intromisión a otros órganos de Estado, apunta Saucedo.
“Hay una intromisión absolutamente fuera de lugar, cuando el Tribunal Constitucional Plurinacional, suspende la facultad fiscalizadora de la Asamblea Legislativa, eso es inaudito, porque la esencia de un parlamento es esa, fiscalizar, es el sistema democrático de contrapesos, los unos controlan a los otros”, enfatiza.
Cooptación del sistema Judicial
Desde que el MAS llega al poder, empieza un proceso de cooptación del Órgano Judicial. “Yo sería injusta si diría que antes todos fueron unos santos, no, antes también había corrupción, había intento de los gobiernos de turno de ejercer influencias sobre el sistema judicial, también había jueces/as puestos/as por políticos, pero nunca en los niveles que hemos visto este último tiempo. Jueces abiertamente vinculados al partido político de turno, en una asamblea una cumbre judicial donde los jueces, fueron vestidos de azules, las formas ya no se cuidaron. El MAS tiene una enorme responsabilidad en la cooptación del sistema judicial, y en lo que hoy tenemos", subraya Saucedo.
Los poderes del Estado plurinacional impidieron cambiar la justicia pese a la interpelación de más de 830 mil ciudadanos
La iniciativa ciudadana de julio del 2022, planteó una reforma frente a la crisis de la justicia que se enfrentó a la falta de independencia, capacidad técnica y voluntad política por parte de los órganos del Estado, obstáculos que evitaron el ejercicio de la democracia participativa, de acuerdo a una evaluación de Fundación Jubileo.
En tres meses, 833.115 ciudadanos del país pusieron su firma en libros pidiendo que cambie la justicia. El requisito establecido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) era llegar a 1,5 millones de adherentes, equivalente al 20% del padrón electoral.
Los principales impedimentos vinieron del Órgano Electoral Plurinacional (OEP), expresadas en la retardación de trámites, reglamentación inaplicable, negación del uso del sistema biométrico electoral, entre otros factores, señala Jubileo.
Órgano Legislativo
Bascopé en cuanto al Órgano Legislativo afirma que los legisladores de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) se desacreditaron frente a la ciudadanía porque no tienen “calidad” de discusión, de propuestas, se perdió la “discusión ideológica”, con “excepción” de algunos opositores, que era una característica de este poder del Estado.
“La Asamblea Legislativa es un circo, no tienen calidad de discusión, son pocos los legisladores especialmente de oposición que proponen discusión, pero son agredidos por los sindicateros que están metidos ahí, con cascos, con ponchos haciendo quedar mal a los pueblos indígenas, a los sectores obrero-populares, una vergüenza. Antes el sindicalismo era de honor, por lo menos en la época de Simón Reyes, Juan Lechín, había discusión ideológica, hoy en día, dígale si quiere discutir a Huarachi que toda la vida ha vivido del sindicalismo”, expresó.
Además, dijo que el Parlamento está plagado de corrupción, de insultos y violencia física.
“El Parlamento está plagado de gente corrupta, pilla, y pícara; el masismo (Movimiento al Socialismo) ha metido a esa gente. No hay nivel en el Legislativo para encajar una agenda legislativa honrosa. sólo peleas, se agarran a golpes, saltan de las sillas, se insultan es vergonzoso, a mí me da pena porque hay algunos legisladores que si proponen. A eso ha llevado el masismo, a esa degradación de lo que es la política”, agregó.
Órgano Ejecutivo
Con referencia al Poder Ejecutivo señaló que en la gestión gubernamental del MAS, con Evo Morales se ha visto una “degeneración total”, porque es un presidente que lo relacionan con casos de estupro.
“El Ejecutivo, Evo ni qué decir lo acusan de estupro con menores de edad. Además, es un ególatra, cree que es el único que puede pensar, que puede llevar adelante este país. Es una barbaridad lo que piensa este sujeto, cumplió su ciclo con una complicidad de su gabinete y de sus dirigentes, que se puede esperar”, cuestionó.
Con respecto al gobierno de Luis Arce lo califica de “corrupto” e “ineficiente”. “Arce, es un gobierno bastante corrupto, inepto e ineficiente; se ha dedicado a meter a la cárcel a los opositores”, manifestó.
Estudios ratifican preferencia ciudadana por la democracia pero advierten debilitamiento
De acuerdo a un estudio de Jubileo, la democracia es el sistema político con mayor respaldo ciudadano frente a otras opciones de gobierno, pero hay un “debilitamiento” en su credibilidad, según estudios de percepción nacional e internacional. “Tanto en Bolivia como en otros países de la región se han registrado situaciones de crisis en democracia. A los diversos problemas se ha sumado, desde el año 2020, la pandemia por el coronavirus que desnudó falencias y desigualdades en los sistemas de salud, agregada a la poca capacidad de los gobiernos para afrontar el nuevo contexto, ahondando los críticos indicadores económicos”.
"Algunos signos del debilitamiento del sistema democrático se expresan en actitudes autoritarias, violación de derechos de las personas, pérdida de la independencia de los poderes del Estado, desinstitucionalización, excesivo poder presidencial y descrédito de los partidos políticos como instancias de intermediación, según la publicación.
Otro dato importante que cita, corresponde al Índice de Democracia Global 2021, elaborado por la revista británica The Economist, en el que Bolivia obtuvo un puntaje de 4,65 sobre 10. La calificación más baja fue en el indicador de cultura política, con 2,5. Las otras categorías son: proceso electoral y pluralismo, en el que obtuvo 4,75; funcionamiento del Gobierno, 4,29; participación política, 6,11; y libertades civiles 5,59.
El gobierno nacional no actúa con respeto a la CPE y no es transparente
De acuerdo a la tercera encuesta de percepción ciudadana sobre institucionalización democrática, realizada el 2023 por el Observatorio Ciudadano de la Democracia (OCD Bolivia), el 63% de los encuestados señala que la democracia no les da seguridad, tranquilidad y optimismo para el futuro, 67% que los derechos humanos en el país no están garantizados, el 61% afirma que la libertad de expresión en el país tampoco está plenamente garantizada y el 73% piensa que los ciudadanos no reciben el mismo trato ante la ley.
Por otra parte, el 66% indica que el gobierno no actúa con respeto a la Constitución y las leyes vigentes en el país, el 71% piensa que la gestión del gobierno nacional no es transparente, 57% señala que el gobierno nacional no atiende con efectividad las demandas e iniciativas de la población y el 72% piensa que la corrupción pública no se sanciona drásticamente.
Asimismo, el 75% piensa que el sistema judicial no es confiable, el 51% señala que el trabajo del Defensor del Pueblo no es parcial e idóneo y el 59% afirma que el trabajo del Órgano Electoral organizando elecciones no es confiable.
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