La Paz, 21 de junio del 2024 (ANF). – Los denominados “magistrados autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) volvieron a violar la Constitución Política del Estado al desconocer la sucesión temporal de Andrónico Rodríguez como presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), afirmaron parlamentarios de oposición al gobierno.
El senador del Movimiento al Socialismo (MAS-evista) Leonardo Loza advirtió que nuevamente el “famoso" Tribunal Constitucional encamina una nueva violación a la Constitución Política del Estado y a la independencia de poderes del país.
“Alertamos al pueblo boliviano, está en camino una nueva violación y pisoteo a la Constitución Política del Estado. Eso no podemos permitir ni siendo de izquierda ni de derecha. Ni siendo del campo o de la ciudad, hay que hacer respetar nuestra Constitución Política del Estado”, declaro Loza a la ANF.
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC) Andrea Barrientos coincidió que la nueva acción de los “magistrados autoprorrogados”, de anular la séptima sesión de la ALP del 6 de junio, viola la Constitución; por esa razón subrayó que no reconocerán como legal ninguna sentencia o auto constitucional que saquen los “prorrogados”.
“Mientras no seamos notificadas, eso no existe; además, desconocemos su ejercicio (porque) en sí es inconstitucional, así que saquen o no, para nosotros es irrelevante. Como diría mi amigo Carlos Alarcón: para nosotros (las sentencias del TCP) son papel higiénico, no sirven absolutamente de nada”, añadió.
Los magistrados del TCP y del Órgano Judicial tienen un mandato de seis años según en la Constitución Política del Estado. Quienes aún permanecen ejerciendo esos cargos debieron cesar en sus funciones el 31 de diciembre de 2023, en cumplimiento de la norma fundamental.
Sin embargo, el año pasado, los magistrados emitieron una declaración constitucional 0049/2023 para autoprorrogarse, y ampliar el mandato de los miembros del Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura, con el argumento de un posible vacío de poder, toda vez que no se realizaron las elecciones judiciales.
Esta semana, el TCP cuestionado anuló la séptima sesión de la Asamblea convocada por el entonces presidente en ejercicio Andrónico Rodríguez, pese a que la sucesión constitucional se realizó con base en el parágrafo II del artículo 158 de la Constitución Política del Estado (CPE), concordante con el artículo 4 del Reglamento General de la Cámara de Diputados, el bloque arcista desconoció la sesión.
El recurso de nulidad fue presentado por el presidente de la Comisión Mixta de Constitución en la Cámara de Diputados, Juan José Jauregui (MAS-arcista), quien calificó la sesión de ilegal e inconstitucional.
Todo eso ocurrió cuando el presidente Luis Arce viajó a Rusia y dejó al mando del país a David Choquehuanca. Por sucesión, la ALP quedó en manos de Rodríguez quien convocó a una sesión el 6 de junio, en esa instancia se sancionaron cuatro proyectos de ley, entre ellos el que afecta directamente a los prorrogados, el proyecto de ley 075 que deja sin efecto la prorroga de los magistrados.
Los magistrados que emitieron la declaración constitucional de prórroga de mandato, son los mismos que firmaron el auto constitucional que anuló la sesión de la ALP del 6 de junio.
Rodríguez reiteró que las resoluciones o sentencias del Tribunal Constitucional no tienen valor legal, porque no pueden ser juez y parte dentro de una decisión que les involucra. Pidió al Ejecutivo promulgar las leyes sancionadas.
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