La Paz, 25 de mayo de 2025 (ANF).- En Bolivia, la violencia contra las mujeres persiste como una herida que ni las leyes ni las reformas han logrado cerrar. Pese a los avances normativos, el sistema judicial boliviano continúa siendo incapaz de responder de manera efectiva y oportuna a las demandas de las víctimas. Así lo advierte la Agenda de Justicia y Derechos Humanos, un documento elaborado por más de 300 organizaciones de la sociedad civil con motivo de las elecciones generales de 2025.
El informe denuncia que, pese a los esfuerzos iniciales por especializar la atención judicial con juzgados de violencia y anticorrupción, en marzo de 2024 el Tribunal Supremo de Justicia eliminó esa especialización. La medida, lejos de responder a estándares internacionales, otorgó competencias a juzgados penales ordinarios para atender casos de violencia de género, lo que representa “un retroceso alarmante”, según las organizaciones firmantes.
La magnitud del problema queda reflejada en las cifras: hasta noviembre de 2024, el Ministerio Público había registrado 45.396 denuncias por delitos vinculados a la Ley 348, siendo el 74,7% por violencia intrafamiliar. A esto se suman 79 feminicidios, el 70% cometidos por parejas o exparejas, y una preocupante cifra de impunidad: solo el 30% de los casos de feminicidio entre 2013 y 2024 concluyeron con sentencia.
La Agenda de Justicia y Derechos Humanos subraya que el sistema patriarcal sigue operando con fuerza en el aparato judicial. Se dictan fallos de inocencia para agresores sexuales incluso cuando existe prueba plena, se desconocen protocolos para juzgar con enfoque de género y persiste la falta de especialización entre los operadores de justicia, desde la policía hasta los fiscales y jueces.
Las organizaciones denuncian también que propuestas legislativas recientes, como el proyecto de ley 143-2023-2024 para modificar la Ley 348, buscan debilitar aún más los mecanismos de protección a las mujeres. Basadas en argumentos tergiversados, estas propuestas pretenden revertir derechos adquiridos en la lucha contra la violencia de género, alertan las redes feministas.
Uno de los principales obstáculos estructurales identificados es el presupuesto. La atención integral a la violencia basada en género carece de fondos suficientes. Los juzgados no cuentan con recursos para funcionar, la cobertura del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) es limitada y las medidas de protección no se ejecutan eficazmente. El Estado, señalan las organizaciones, debe asumir la responsabilidad de garantizar recursos para toda la ruta de atención.
Frente a este panorama, las propuestas de la sociedad civil apuntan a restituir la especialización judicial, garantizar juzgados exclusivos para casos de violencia y asegurar la capacitación continua del personal involucrado en la atención de víctimas. También instan a fortalecer los servicios municipales (SLIMs, DNA) y garantizar su presencia en zonas rurales.
Otra de las recomendaciones centrales es asegurar la perspectiva de género en los presupuestos del Estado, tanto a nivel central como departamental y municipal. El enfoque de género, plantean, debe ser transversal y no un accesorio administrativo. Solo así se podrá enfrentar de raíz una problemática tan compleja.
Hacen un llamado a proteger la Ley 348, no solo en su letra, sino en su implementación real y efectiva. Para ello, las organizaciones proponen campañas de difusión que contrarresten la desinformación y refuercen su legitimidad social y jurídica.
A meses de las elecciones, la Agenda de Justicia y Derechos Humanos pone en manos de las y los candidatos una hoja de ruta clara y urgente: revertir el retroceso en los derechos de las mujeres y construir un sistema judicial que sea verdaderamente accesible, sensible y transformador.
En palabras del documento, se trata de garantizar que “ninguna mujer quede afuera”. Porque sin justicia para ellas, no hay democracia posible para nadie.
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