La Paz, 12 de noviembre de 2024 (ANF).- La senadora de Comunidad Ciudadana Daly Santa María cuestionó que el Tribunal Constitucional Plurinacional no haya velado por el “bien común” del país que es la realización de las elecciones judiciales, sin embargo aseguró que ese proceso va a continuar.
“Tenemos que defender el bien común y eso debió ver el Tribunal Constitucional Plurinacional que a veces con sus sentencias arbitrarias se pasan por el resto de los poderes del Estado”, afirmó en declaraciones a la ANF.
El candidato Hugo Vargas Palenque pidió a la Sala Constitucional Primera del Tribunal de Justicia del Beni el cumplimiento de la sentencia 770/2024, para que los vocales del TSE se abstengan de seguir organizando las elecciones judiciales, de no hacerlo son pasibles a ser sancionados.
Vargas ganó una acción de amparo y provocó la suspensión de las elecciones judiciales en algunos departamentos para el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Reaccionó solicitando a la sala constitucional que se cumpla la sentencia, después de la reunión interinstitucional del TSE con los poderes públicos para respaldar la realización de las elecciones.
Los dos “magistrados” del TCP, Gonzalo Hurtado e Yván Espada, fueron cuestionados por su sentencia, primero porque vulnera el “principio de preclusión”; segundo porque vela por los derechos presuntamente vulnerados de Vargas, pero no de todo el pueblo que tiene derecho a ejercer su voto para elegir a las autoridades.
Por otra parte, observaron que los magistrados actúan como “juez y parte”, ingresando en un flagrante “conflicto de intereses”, porque emitieron una sentencia que los favorece permitiéndoles que se mantengan en sus cargos.
La senadora con firmeza dijo que “van a continuar las elecciones judiciales” y que es fundamental respaldar la decisión que ha asumido el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel, junto al resto de los vocales.
Santa María asegura que el problema radica en la “judicialización de los temas electorales y legislativos”, porque el TCP “manejado” por el Gobierno se ha “empezado a meter con las atribuciones constitucionales de la Asamblea Legislativa Plurinacional y del Tribunal Supremo Electoral.
Responsabilizó a las autoridades gubernamentales de la actual situación, porque el presidente Luis Arce se ha negado a promulgar la Ley 075 sancionada en el legislativo, una norma que buscaba frenar a los autoprorrogados.
“El señor Hassenteufel pide que se cumpla la Constitución, que dice que toda sentencia es de cumplimiento obligatorio, pero ¿Quién hizo esta sentencia? señores ilegítimos e ilegales como los autoprorrogados”, afirmó la legisladora.
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