La Paz, 11 de enero de 2024 (ANF).- Los magistrados “prorrogados” que conforman la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), en menos de 48 horas, designaron 59 vocales en el ámbito jurisdiccional y constitucional.
Pese a la ola de críticas y a las opiniones de que la “prórroga” de mandato es un hecho ilegal porque no está reconocida en el ordenamiento constitucional y legal, los magistrados realizaron designaciones.
Este jueves, la Sala Plena conjunta del TSJ y del TCP designó 13 vocales constitucionales para ocho departamentos del país donde se habían generado acefalías como efecto del cumplimiento de mandato en los Tribunal Departamentales de Justicia.
Las autoridades designaron vocales para: Chuquisaca (1), La Paz (2), Cochabamba (2), Oruro (2), Santa Cruz (1), Tarija (2), Beni (2) y Pando (1), los nuevos vocales presentaran en el plazo determinado los requisitos para su próxima posesión e inicio de funciones.
En la víspera, los magistrados prorrogados del TSJ designaron 46 vocales para seis departamentos del país, según el argumento, el conjunto de vocales jurisdiccionales cubrirá las acefalías.
“Las autoridades designaron vocales para los departamentos de: Chuquisaca (5), La Paz (8); Oruro (7), Potosí (11), Santa Cruz (14) y Tarija (1), los nuevos vocales tienen ahora la tarea de preparar los requisitos para su próxima posesión e inicio de funciones”, informó la Agencia de Noticias Judiciales.
Los magistrados que por decisión del TCP se prorrogaron en su mandato, carecen de “legitimidad”. Analistas, expertos en temas jurídicos, políticos y organizaciones de la sociedad civil desconocen las facultades de estas personas que cumplieron su mandato el 31 de diciembre de 2024, los seis años que prevé la Constitución Política del Estado.
No solo hay pronunciamientos, sino que en la ciudad de Sucre se instaló una vigilia, y, este jueves, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia convocó a una marcha que se desarrollo con la participación de plataformas ciudadanas y otros actores sociales y políticos, en contra de los magistrados del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura.
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