La Paz, 14 de octubre de 2024 (ANF).- Ramiro Orías, integrante del equipo de la Fundación Para el Debido Proceso (DPLF), instó a que la Fiscalía tenga una autonomía real y no sólo nominal frente a los demás poderes del Estado, y que la institución se enmarque en la defensa del interés público y no del Estado ni de los políticos.
“Hay la necesidad de que esta autonomía no solamente sea formal, si no sea una autonomía real frente a los otros poderes públicos, frente a otro tipo de intereses, frente a grupos de presión, frente a poderes fácticos, económicos, creo que ese tiene que ser el lente con que la Asamblea Legislativa tome la decisión de seleccionar al Fiscal General que viene”, dijo el especialista en el Foro Internacional Designación de Autoridades para los Ministerios Públicos en América Latina, Buenas prácticas y desafíos.
En Bolivia se lleva a cabo la elección del Fiscal General del Estado con 38 candidatos en carrera en la etapa de evaluación oral. Activistas cuestionaron que los candidatos seleccionados para el cargo sean, en su gran mayoría, “funcionarios de cabecera” del gobierno de turno, con perfiles y trayectorias negativas y sin ningún tipo de independencia ni credibilidad que garantice un servicio para la sociedad.
“Para la sociedad no es ninguna garantía que el nuevo fiscal que sea elegido realmente cumpla su rol de legalidad y de protección a la sociedad”, dijo a ANF la vicepresidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera.
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