La Paz, 18 de noviembre de 2024 (ANF). - La Observación Ciudadana de la Democracia (OCD Bolivia) advirtió que existe una inacción por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para no sancionar a los postulantes a magistrados del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que infringen la normativa electoral haciendo campaña.
La responsable de la OCD Bolivia, Sandra Verduguez, en contacto con la ANF, consideró dos escenarios para que el TSE no haya emitido sanciones: temor de afectar las listas que no cuentan con la cantidad suficiente de postulantes o la falta de mecanismos para controlar la campaña de los postulantes.
“Todo esto quita seriedad a las elecciones judiciales, le quita la confianza y la seriedad al propio Tribunal porque no está pudiendo controlar lo que pasa con los candidatos. Entonces, hay una especie de inacción del TSE con relación a estos hechos, probablemente porque no tienen una metodología definida o existe el temor de afectar las listas, pero si ese fuese el caso estarán incumpliendo su propio reglamento y es una situación muy compleja que afecta la imagen del TSE”, afirmó.
Este medio revisó las redes sociales de los 127 candidatos a magistrados para las cuatro instancias judiciales donde se evidenció que los postulantes están realizando campaña directa e indirecta, incluso usando a terceras personas que piden el voto en favor de los mismos.
A la vez, sostiene que hubo una falta de comunicación entre el TSE y los postulantes porque al parecer no fueron capacitados sobre la normativa vigente y las restricciones, con el fin de evitar transgredir las reglas de juego.
“Esto también demuestra que no hubo la suficiente comunicación entre el Tribunal y los candidatos, podrían haberlos capacitado para que no incurran en este tipo de violaciones. Ellos están aprovechando de la peor manera las redes sociales para hacer campaña”, manifestó.
Otro aspecto que observó es la existencia de vacíos en la norma, tomando en cuenta que, si se habla de inhabilitaciones por infringir la ley, se debió establecer las suplencias con el objetivo de no afectar a las nóminas.
“Si se habla de inhabilitaciones se debería hablar de la posibilidad de contar con un suplente, esta es una deficiencia de la norma y del Tribunal Electoral. En el contexto en que estamos con la presentación de amparos en el proceso de preselección, era de suponer que en el proceso electoral se hubiera repetido esa misma situación. Entonces, falta una responsabilidad mucho más seria de la Asamblea Legislativa y del Tribunal Supremo Electoral”, expresó.
Monitoreo
Por otra parte, Verduguez indicó que desde la veeduría ciudadana también se realizó el monitoreo de las redes sociales y actividades de los candidatos donde se verificó que están realizando campaña, establecieron al menos cuatro categorías.
Primero, se identificó casos de campaña encubierta con mensajes o videos donde el candidato aparece de manera recurrente hablando de su trayectoria, valores, logros personales o de su compromiso, pero no se pide el voto de forma explícita.
Segundo, la propaganda encubierta indirecta o de apoyo de terceros, se identificaron videos donde terceras personas elogian las cualidades de los postulantes.
Tercero, la propaganda de la imagen o popularidad, se resaltan aspectos importantes del candidato, sus actividades y participación en eventos sociales.
“También hay mensajes de valores morales y éticos, los candidatos comparten sus puntos de vista éticos relacionados con la justicia, hablan sobre la imparcialidad, la honestidad y mostrando una imagen positiva del candidato. Además, hemos identificado una campaña critica directa o indirecta al sistema judicial actual y donde proponen soluciones”, explicó.
En ese contexto, Verduguez indicó que sostuvieron con el secretario de cámara del TSE quien les informó que no se inhabilitó a ningún candidato porque las demandas no contaban con las pruebas suficientes.
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