La Paz, 6 de septiembre de 2023 (ANF).- El día a día en los tribunales y las fiscalías es el “peor calvario”, una “maldición”, por la impunidad de una estructura del sistema judicial que funciona para quienes pueden pagar, pero no para tutelar los derechos, sostienen tres abogadas litigantes.
Evelyn Cossio, Jhenny Prado y Marisol Quiroga debatieron en el conversatorio de la ANF el estado de la administración de justicia, pero desde el día a día. Litigan en los tribunales y juzgados, se enfrentan a los jueces, a los fiscales y a los policías investigadores durante las indagaciones.
No es una tarea fácil, sino muy compleja, las víctimas tienen que sufrir “el peor calvario”, “la peor peregrinación” durante la imputación, la investigación y el proceso cuando existe una acusación formal hasta que llegue a juicio, afirma Cossío.
Las causas son diversas, desde la fase preliminar de la investigación, la imputación, la acusación. En todo el proceso las partes tienen que enfrentar la retardación de justicia a causa de la carga procesal en los juzgados, solo una transcripción demora al menos un mes, comenta.
Quiroga tienen un criterio similar, cree que enfrentarse a la justicia es una “maldición”, no solo para las víctimas de un hecho delictivo, también para los agresores, es decir, ya sea para quien reclama la tutela de un derecho o la tutela de un derecho restringido.
“Es una maldición, sea (un proceso) civil, penal o laboral, porque (…) hay un tinte de impunidad, de una estructura del sistema judicial donde el régimen disciplinario que debería ser el mecanismo de amenaza para el juzgador no funciona”, manifiesta.
Para Prado, sorprende que haya jueces sin experiencia y que desconocen el derecho, pero son personas intrépidas que ingresan al sistema judicial. “Muestran la falta de capacitación e idoneidad. Independientemente de eso, estamos viviendo la etapa más crítica de la justicia”, afirma.
Su colega Quiroga complementa, cuenta que en algunas de sus audiencias llega a observar a los jueces y a los fiscales, porque ellos deberían saber del derecho más que cualquier otro abogado, y deberían ser un ejemplo para los juristas, y no mostrar tanto desconocimiento sobre el derecho.
Pero eso no es todo, las abogadas Quiroga y Prado develan que en el sistema judicial existen cobros y que los litigantes son víctimas del mismo. Es decir, haciendo uso de su poder circunstancial llegan a aprovecharse de la gente.
“Litigante que llega es presa de extorsión de cobros y lo primero que ven en el área es que, si se está litigando una causa de 200.000 dólares (…). Estamos hablando en el área penal de una amenaza punitiva. Por ejemplo, feminicidios, 30 años, no es lo mismo que ofrece un imputado de un delito de estafa. A este le vamos a restringir 30 años la libertad entonces tiene un costo mayor, y es así la mirada de la justicia”, sostiene Quiroga.
La gente más perjudicada es aquella que no accedió a educación, la más pobre, de las áreas rurales, es decir la gente más vulnerable. “No es casualidad que veamos los penales donde el 70% es gente pobre. Y no es porque la gente pobre es la que más delinque, sino porque no responde al sistema corrupto porque esa es la justicia. Ahí vemos que se hace realidad el que tiene plata debe entrar a juicio”.
Prado cuenta cómo un fiscal le pidió dinero en un caso. “Tengo experiencias dramáticas, mi oficina queda a una cuadra de la fiscalía, una vez me visita un fiscal y me dijo: mire, hay todo para imputar y detenerlo, pero usted sabe que nada es gratis, deme 1.500 dólares. El propio fiscal”. Lo denunció en régimen disciplinario.
“He escuchado a fiscales que dicen: ‘ay, también, tú quieres todo gratis’. Ha llegado a ese extremo”, comentó al reflejar lo que se habla a veces de frente y en otras lo que se sabe entre pasillos.
Quiroga anota que el principio es la aplicación de justicia para todos, por lo tanto, una mujer pobre, del área rural y analfabeta tiene tres factores de protección del Estado, pero ¿funcionan para el razonamiento de un juez? No. “Más bien está viendo, ‘esta no me va a pagar, pero posiblemente el agresor, sí”.
El factor político
La abogada Cossío añade que el factor político es otro problema con el cual deben lidiar. “La injerencia política también existe dentro del órgano Judicial en este tiempo”. Y relata el caso de los productores de coca que están en la cárcel por la quema del mercado ilegal.
A este comentario se suma Quiroga, “un tema muy importante es hablar de la independencia judicial. Ahí nace todo el problema. ¿Qué le podemos exigir a un juez que ha sido nombrado a dedo y está a favor del partido político de turno? Cuestiona.
Cree que un juez designado en esas condiciones no será “imparcial” porque es suficiente tener un “color político”, en un escenario en el que la crisis de la administración de justicia por la falta de independencia “se ha agravado”.
Aunque está segura que no es un problema reciente, sino que siempre se ha designado políticamente, sin embargo, cree que antes para apoyar la designación de un magistrado en el extinto Congreso, por lo menos se buscaba que los aspirantes tengan una trayectoria o una hoja de vida con extensa experiencia, pero ahora no.
Incluso la persecución es por las opiniones, Prado comenta que uno de sus colegas que tenía una fanpage en Facebook con el denominativo “Solo Derecho”, es procesado por emitir sus críticas a las elecciones judiciales. “El órgano Judicial se le vino encima.
“Lo procesan y van a conocer sus acciones de defensa, los mismos que están contra él. Entonces existe dentro de un estado de derecho el sistema de pesos y contrapesos porque el órgano Judicial no puede controlar a otro órgano”.
“El ámbito fiscal es donde más ha primado la corrupción, (es) terrible”, comenta la abogada de César Apaza, considera un “terrible error” haberle dado a un fiscal la facultad de solicitar la ampliación de la detención preventiva.
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