La Paz, 12 de diciembre de 2024 (ANF).- La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF ) elaboraron un estudio titulado “Ni elecciones judiciales integrales ni reforma de la justicia en Bolivia” en el que analiza la débil institucionalidad de la justicia boliviana; por ello, en una de sus conclusiones, recomendó hacer reformas en la forma de elegir a los magistrados porque las elecciones judiciales que establece la Constitución Política del Estado no han “contribuido a obtener mayor independencia e imparcialidad judicial”.
A tres días de las elecciones judiciales parciales, la población de algunos departamentos deberá elegir a las nuevas autoridades del Tribunal Agroambiental, Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y del TCP. Ante la gran cantidad de aspirantes, los electores tendrán que elegir nuevamente entre desconocidos y poco conocidos.
Estos comicios es uno de los menos asistidos y más rechazados por la población desde su implementación en el gobierno de Evo Morales. Contrario a las buenas intenciones, esta forma de elegir magistrados agravó la crisis y la confianza en el sistema judicial boliviano.
En los últimos años, diversos órganos y mecanismos del sistema universal e interamericano de derechos humanos recomendaron realizar una reforma al sistema de justicia porque los niveles de falta de independencia de la justicia boliviana son alarmantes.
“Un tema esencial para abordar en dicha reforma es el proceso de preselección y elección de las altas autoridades judiciales, pues el mecanismo establecido en la Constitución de 2009 no ha contribuido a obtener mayor independencia e imparcialidad judicial, sino que ha generado mayor politización, menor objetividad y menos confianza ciudadana en el sistema de justicia”, dice el estudio.
También resaltó que las elecciones judiciales parciales del próximo domingo son las más accidentadas, donde los magistrados autoprorrogados y el Gobierno jugaron un rol determinante. Por eso, el documento ofreció algunas recomendaciones para ambas instancias.
“Respetar las atribuciones constitucionales de los órganos encargados de llevar adelante el proceso de preselección y elección de las altas autoridades judiciales y abstenerse de presionar o influir de manera indebida en dicho proceso. En este sentido, cuando las autoridades del poder ejecutivo se pronuncien sobre el proceso de preselección, deben hacerlo de manera respetuosa y absteniéndose de dar declaraciones que estigmaticen la labor de los otros órganos del Estado”, dice una de las recomendaciones para las autoridades del Ejecutivo.
Este año se intentó, por iniciativa ciudadana, convocar a referéndum para cambiar la forma de elegir a los magistrados, como estipula la Constitución Política del Estado. Lamentablemente, la iniciativa estuvo a poco de conseguir el apoyo de la población, pero faltó tiempo para concluir algunos procesos burocráticos.
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