La Paz, 6 de febrero de 2024 (ANF). – Arropado por las organizaciones sociales del bloque arcista, el presidente Luis Arce promulgó este martes la ley 144 transitoria para las elecciones judiciales que establece un plazo de 230 días para la etapa de preselección y selección de los postulantes a magistrados.
“Hoy promulgamos una ley, una ley que tiene una historia desde agosto de 2023, el año pasado ya se podría haber resuelto y subsanado estos temas que se hicieron notar. En agosto de 2023, con dispensación de trámite se aprueba la ley 144 en la Cámara de Senadores, se la traslada a Diputados donde se realiza la consulta, luego vienen las observaciones de inconstitucionalidad a la mencionada ley. No quisieron aceptar sus errores, no quisieron aceptar a la falta de capacidad de algunos asambleístas influidos para darse cuenta que querían hacer cometer un error a nuestros diputados”, afirmó el mandatario tras la promulgación de la norma.
En el evento participaron los sectores sociales afines al mandatario, legisladores del bloque ‘arcistas’, los ministros de estado y el presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari. Empero, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, no asistió a la promulgación de la norma.
La norma está conformada por 42 artículos, cinco disposiciones adicionales y una disposición final. Establece hasta 80 días calendario para el proceso de preselección de los postulantes en la Asamblea Legislativa, mientras que otorga hasta 150 (TSE) días al Tribunal Supremo Electoral para la organización y realización de la votación.
“A los efectos de la Elección Judicial 2024, los plazos establecidos en el Artículo 77 de la Ley N° 026 de Régimen Electoral, serán: la postulación y preselección de postulantes, tendrá una duración de hasta ochenta (80) días; la organización y realización de la votación popular, con una duración de hasta ciento cincuenta (150) días calendario”, señala la quinta disposición adicional.
Según la ley, el proceso de preselección se dividirá en 13 fases: la publicación de la convocatoria se realizará en 3 días; los postulantes tendrán 20 días para registrarse; verificación de requisitos, 5 días; publicación de los habilitados, 2 días; presentación de impugnaciones, 5 días; resolución, 5 días; recurso de revisión, 5 días; resolución, 5 días; publicación de listas para fase de evaluación, 1 día.
Arce aseguró que el proyecto inicial tenía varias observaciones y que no estaba acorde a la Constitución, dijo que a causa de esas equivocaciones se perjudicó a la población, haciendo alusión al bloqueo de carreteras que se produjo en el país desde el 22 de enero por el ala ‘evista’ del Movimiento Al Socialismo (MAS).
“Había serias observaciones de inconstitucionalidad y no querían aceptarlas, por eso han perjudicado a todo un pueblo, a todo un país. Gracias al trabajo que se ha hecho en la Cámara de Diputados, hay que elogiar la presidencia de la Asamblea Legislativa para que en cinco jornadas se pueda resolver este problema”, añadió.
El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara Baja, Juan José Jáuregui, responsabilizó a los legisladores del bloque evista y a los opositores de obstaculizar las elecciones judiciales. A la vez, cuestionó el proyecto de ley que fue elaborado por la Cámara de Senadores en agosto de 2023, dijo que esa norma no se adecuaba a la Constitución Política del Estado (CPE).
“En agosto de 2023, la Cámara De Senadores, presidida por Andrónico Rodríguez, activó un procedimiento legislativo. Todo este tiempo hemos tenido que hacer una serie de consultas y ajustes constitucionales que ahora ha permitido, no producto de los bloqueos, del bloque radical, sino del mandato de nuestro presidente para encaminar el proceso de renovación de estas autoridades, que tengamos un proyecto de ley que no es el mismo que vino de la cámara de senadores que fue aprobado de manera rápida, con dispensación de tramite no se adecuaba a la Constitución Política del Estado”, afirmó.
En ese sentido, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB) Juan Carlos Huarachi, rechazó el paralelismo de las organizaciones sociales y campesinas que solo tiene el fin de cuotear la selección de autoridades judiciales. A la vez, anunció que los sectores sociales harán seguimiento a todo el proceso de preselección con el fin de que se realice en el marco de la transparencia.
“Este proceso de preselección tiene que ser transparente en el marco de la Constitución Política del Estado. Nosotros como organizaciones sociales, como control social, ahora más que nunca tenemos que hacer ese seguimiento de control, ya no hay el dedazo, se acabó, esa es la nueva responsabilidad que asumimos como organizaciones sociales. Los asambleístas se deben al voto del pueblo y, en centralismo democrático, las minorías acatan lo que dicen las mayorías”, manifestó.
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