El dirigente del Magisterio Urbano de La Paz, José Luis Álvarez, dijo que el incremento del salario mínimo nacional debe ser Bs 9.000, parámetro que fue propuesto con anterioridad por ese sector.
Córdova dijo que no se conoce la cantidad de gas que requerirá para su funcionamiento y, debido a la reducción en la producción hidrocarburífera en el país, consideró que ese aspecto puede ser un factor que ocasione su paralización.
Hernández reconoció que la tecnología Intacta ha ingresado al país de manera ilegal mediante contrabando y ya está siendo utilizada por algunos productores, especialmente pequeños agricultores.
Explicó que el precio de la soya en Bolivia se define con base en la referencia internacional, particularmente la bolsa de Chicago, descontando los costos de logística de exportación, que usualmente oscilan entre 80 y 90 dólares por tonelada.
Según Hernández, si se establecen las condiciones adecuadas, podría sembrarse entre 100.000 y 110.000 hectáreas, aunque la producción final dependerá de las condiciones climáticas.
Silva dijo que están dispuestos a comprar el diésel ULS que tiene un costo de Bs 6,73 por litro, pero las autoridades les indicaron que no existe la suficiente cantidad.
El director ejecutivo del INE comparó el crecimiento de Bolivia con otros países de América Latina y dijo que "no nos está yendo bien" en toda la región.
Los dirigentes exigen la liberación en la exportación de productos, entre ellos la soya. Advierten que las restricciones tienen consecuencias negativas para los productores.
El director interino de YLB, Omar Alarcón, dijo que existe un compromiso para agilizar la socialización de esos convenios y la remisión de los proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para su tratamiento.
A pesar de que el gobierno ha prohibido la exportación de carne para garantizar el abastecimiento interno, los precios no han mostrado una reducción significativa.
Anticipó que la gobernación de Santa Cruz recibirá el 85% de regalías por la explotación del hierro, recursos que servirán para resolver los problemas no solo del departamento, sino del municipio de Puerto Suárez donde se encuentra la planta.
