El legislador observó la información ya que no concuerda con la cantidad de combustible que se vendió en toda esa región durante el mismo periodo de tiempo, porque es menor a la que se comercializó a las empresas auríferas.
Romero señalo que si bien el Banco Central de Bolivia (BCB) informó que hasta finales de septiembre se pagó el 82% de la deuda externa, la situación más complicada será a partir de 2026.
El INE señaló que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a septiembre de 2024 registró un incremento del 0,88%, el segundo más alto del año.
Gutiérrez dijo que los transportistas deben hacer filas en las estaciones de servicio entre uno a dos días para adquirir diésel, pero en los últimos días ese conflicto se agudizó.
El gerente de Emapa, Franklin Flores, anunció que se determinarán sanciones administrativas y disciplinarias contra los funcionarios de esa sucursal por asumir esa estrategia de venta que no está autorizada.
Por otra parte, el dirigente del transporte dijo que están consiguiendo las divisas entre Bs 11 hasta Bs 12 en el mercado paralelo, casi al doble del tipo de cambio oficial.
La molestia se agravó más luego de que los ganaderos anunciaron sus pretensiones de exportar más carne, pese a no poder mantener precios en el mercado interno.
El abogado y coordinador nacional de la Asociación, Jaime Soliz, denunció que las entidades financieras, durante la pandemia, realizaron cobros y trámites irregulares alargando el tiempo de pago de la deuda y el incremento de los intereses.
El mes pasado, deudores de bancos se organizaron para protagonizar marchas exigiendo la condonación del pago de intereses por la actual crisis económica que pasa el país.
La jornada pasada, la directora de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (Asfi), Ivette Espinoza, también informó que emitieron una normativa para que los bancos reprogramen los préstamos de los acreedores que así lo soliciten.
La autoridad indicó que se pueden acoger a estos beneficios aquellos clientes que no hayan podido cumplir con el pago de sus créditos a causa de los bloqueos, afectaciones por el cambio climático, por la falta de insumos u otros motivos.
Tras varios meses de rechazo, principalmente por el sector médico, la Asamblea Legislativa decidió eliminar esa disposición y aprobar el proyecto de ley.
