Asimismo, indicó que los bloqueos han paralizado la distribución de productos hacia distintos departamentos del país, provocando retrasos en las entregas y reclamos de los clientes, quienes incluso exigen la devolución de su dinero.
Tras más de 30 días de bloqueos en las carreteras, principalmente en el departamento de La Paz, el traslado de alimentos vía aérea se convirtió en la forma de abastecer a los ciudadanos de La Paz y el Alto.
Hace 35 días que la Central Obrera Bolivia (COB) declaró un paro indefinido, en alianza con la Federación de Campesinos Tupac Katari ejecutan desde el 6 de mayo un bloqueo de caminos.
Alertó que la clase media es la más afectada porque el aumento en el precio de alimentos, la pérdida del empleo, una enfermedad o una crisis pone en riesgo su estabilidad económica y puede caer en situación de pobreza.
Sergio Tarqui Alarcón, excandidato a la vicepresidencia, también llegó hasta el centro paceño para entregar, de manera simbólica, dos huevos al mandatario y le pidió dictar estado de excepción.
El proyecto normativo presentado por la diputada Aurora Patiño propone la otorgación de créditos con bajos intereses, que les permita reactivar sus emprendimientos y negocios.
El gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, alertó que la imagen del país se encuentra deteriorada en el ámbito internacional, lo que podría derivar en una reducción de las inversiones.
Según el economista Fernando Romero, los conflictos sociales y políticos afectaron la producción, las exportaciones, el transporte y la confianza de inversionistas en Bolivia
Antes, las empresas debían realizar un trámite para desarrollar sus promociones, sorteos o campañas comerciales, si es que no querían ser pasibles a multas y sanciones.
“No es posible que cuando los bolivianos deberíamos estar unidos para luchar contra la pobreza, los bloqueos lo impidan por razones ideológicas, político-partidarias u otros intereses”, sostuvo el gerente del IBCE.
También se condona las deudas tributarias y multas por delitos y contravenciones tributarias y aduaneras correspondientes a la gestión 2020, año de la pandemia por el Covid-19, sin importar el monto del tributo omitido.