La Paz, 19 de diciembre de 2024 (ANF). - A través de una resolución administrativa, la Unidad de Investigación Financiera (UIF) dispuso el registro obligatorio de las personas jurídicas y naturales que realicen operaciones como proveedores con activos virtuales o criptomonedas.
“Designar como Sujetos Obligados ante la Unidad de Investigaciones Financieras, a las personas naturales y/o jurídicas que realizan para si o en nombre de otra, alguna de las siguientes actividades u operaciones como Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV)”, dice la resolución de la UIF.
La Resolución Administrativa N° UIF/58/2024 fue emitida y publicada el 4 de diciembre, esta suscrita por la directora general de la UIF, Pamela Troche. Se establece un plazo de 30 días para el registro de los interesados ante esa instancia estatal.
De acuerdo al documento, esa disposición será válida para al menos cinco operaciones: intercambio entre activos virtuales y monedas FIAT; intercambio entre una o más formas de activos virtuales; transferencia de activos virtuales.
Además de operaciones de custodia y/o administración de activos virtuales o instrumentos que permitan el control sobre activos virtuales; participación y provisión de servicios financieros relacionados con la oferta de un emisor y/o venta de un activo virtual, dice el texto.
La segunda disposición de la resolución es que aquellas personas que hayan cumplido con los instructivos relacionados contra la legitimación de ganancias ilícitas u otros, que haya iniciado operaciones deben actualizar su registro en la UIF en el mismo tiempo establecido.
“Para el caso de personas naturales y jurídicas que ya se encuentran cubiertas por los instructivos específicos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva emitidos por la UIF, e iniciaron las actividades u operaciones como PSAV descritas en el resuelve primero, deberán actualizar su registro ante la UIF”, dice el segundo punto del documento.
Contra el lavado de activos
Al respecto, el presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, dijo que es una buena iniciativa con el fin de controlar el lavado de activos, financiamiento al terrorismo u otro tipo de ilícitos.
Sin embargo, advirtió que también puede traer otras consecuencias como el desarrollo del mercado virtual porque no existe la costumbre de que sea regulado por el Gobierno, lo cual puede generar que se reduzcan las operaciones.
“Siempre está supeditado que vaya a fomentar en el tema de financiamiento de terrorismo o que sea usado con fines de actividades ilegales, esta disposición es algo positivo. Aunque puede complicar el desarrollo del mercado virtual y el uso de los activos virtuales en la economía porque es altamente informal y no está acostumbrado a una regulación”, explicó.
A la vez, recordó que no es un mecanismo extraño de regulación ya que los países del primer mundo, incluso Argentina, los aplican para regular las transacciones y operaciones del mercado virtual.
“Creo que esta nueva regulación puede tener sus limitaciones, pero no es algo extraño porque sabemos que países de primer mundo y países vecinos, como Argentina, están regulando sus mercados virtuales por el mismo gobierno. Todo eso se hace con el fin que, por el uso de las mismas, se evite financiar el terrorismo, el narcotráfico, contrabandado, enriquecimiento ilícito u otro tipo de hecho”, puntualizó.
En noviembre, el presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, dijo que entre 2023 y 2024, el valor de los criptoactivos de la población boliviana se incrementó a $us 3.000 millones y 252.801 personas poseen activos virtuales en el país.
A la vez, reveló que entre 2022 y 2023 en el país se realizaron transacciones con activos virtuales o criptomonedas por un monto aproximado de $us 1.000 millones.
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