La Paz, 13 de enero de 2025 (ANF).- En Bolivia, las cooperativas mineras han experimentado un crecimiento explosivo en los últimos años, convirtiéndose en un refugio para el desempleo y el subempleo nacional. Sin embargo, esta expansión también ha puesto de manifiesto las precarias condiciones laborales que enfrentan miles de trabajadores. Según declaró Héctor Córdova, expresidente de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), este fenómeno refleja una realidad preocupante: “En este lugar del mundo cómo puede haber todavía ese tipo de empleos”.
Córdova explicó que, mientras en el sector empresarial –ya sea público o privado– existe una estabilidad en la cantidad de empleos debido a una gestión más estructurada, las cooperativas mineras se han transformado en una solución para quienes buscan ingresos rápidos, aunque muchas veces bajo condiciones laborales indignas.
“El sector cooperativo se ha convertido en el refugio del desempleo o del subempleo nacional”, dijo a ANF.
Desde 2015 hasta la fecha, el crecimiento de las cooperativas auríferas ha sido notable, con más de 100 nuevas cooperativas formadas cada año. Esto ha generado un aumento considerable en el empleo dentro del sector. Sin embargo, Córdova advirtió que este empleo es mayormente precario y a menudo raya en la explotación laboral.
“Estamos hablando de más de 140.000 socios este año, pero los socios son solo una parte. Hay muchos otros trabajadores que operan bajo condiciones cercanas a la esclavitud”, detalló.
En muchos casos, los trabajadores que no son socios no cuentan con derechos laborales ni sociales. “Son remunerados con un sistema en el que su pago depende de lo que logren extraer en un horario determinado, sin ninguna garantía de estabilidad o seguridad”, agregó Córdova.
Estas prácticas, según el expresidente de Comibol, requieren atención urgente por parte del Estado.
La situación también fue criticada por José Pimentel, exministro de Minería y Metalurgia, quien acusó al Ministerio de Trabajo de no tomar medidas efectivas para resolver el problema. “Saben que hay asalariados en las cooperativas que no son socios ni dueños y no ayudan a garantizar estabilidad laboral, una remuneración justa ni derechos sociales”, enfatizó.
Pimentel también señaló irregularidades en el sistema de seguros para los trabajadores del sector aurífero. “Las cooperativas tienen un seguro delegado, pero cuando se investiga, se encuentra que solo hay unos 10.000 afiliados, a pesar de que se estima que existen más de 140.000 trabajadores”, dijo. Esta disparidad evidencia la falta de regulación y control en el sector.
Ambos expertos en el tema minero coincidieron en la necesidad de una acción estatal coordinada y urgente para enfrentar esta problemática. “El Estado debe revisar la normativa del sector minero para restituir los derechos laborales y humanos de miles de trabajadores que actualmente laboran en condiciones inaceptables”, destacó Córdova.
Para Pimentel, es fundamental que la sociedad civil también participe en este esfuerzo. “Es necesario que todos los bolivianos exijan el respeto por un recurso natural que pertenece a toda la nación”, declaró.
El crecimiento desmesurado de las cooperativas mineras no solo pone en evidencia la falta de oportunidades en otros sectores, sino también la urgencia de regular un ámbito que afecta la vida de miles de personas.
“La retribución puede ser importante, pero el sacrificio es enorme, y muchas veces las condiciones de trabajo no respetan la dignidad humana”, recordó Córdova.
El reto para las autoridades es complejo. Según los expertos, no se trata solo de garantizar mejores condiciones laborales, sino también de regularizar un sector que ha crecido de manera descontrolada y se ha convertido en un saqueador de los recursos naturales al margen de la ley debido a que muchas están en la ilegalidad.
El expresidente de Comibol indicó que la gran mayoría de las cooperativas mineras, en particular las auríferas, opera en la ilegalidad al incumplir los requisitos básicos establecidos en las normas, y han venido normalizando su accionar en un proceso de imposición que tiene como resultados funcionar sin licencia ambiental, establecer sociedades con empresas privadas, contratar a trabajadores sin otorgarles ningún tipo de derecho laboral, entre otros, hechos al margen de la ley, que se concretizan por la incapacidad de fiscalización y la ausencia del Estado.
Esta situación, dijo, consolida el saqueo de los recursos naturales y un fuerte daño ambiental, sin ningún tipo de resarcimiento económico ni ingresos en beneficios de todos los bolivianos.
Las cooperativas mineras en Bolivia se desarrollaron principalmente a partir de la reestructuración neoliberal de la década de 1980 y promovió prácticas extractivas intensivas y muchas veces desreguladas. Este contexto permitió la expansión de la minería informal, que se caracteriza por la falta de regulaciones laborales y ambientales.
La minería cooperativa se ha convertido en una parte integral de la economía boliviana, pero también ha perpetuado la informalidad laboral y la explotación, como señala el economista Rolando Morales Anaya en el texto “Comercio de minerales y trabajo informal en Bolivia”.
La informalidad del sector ha llevado a un aumento en el trabajo infantil, con niños laborando en condiciones extremadamente riesgosas, como develó en julio de 2024 la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia de Potosí.
/ANF/
Articulo sin comentarios
