La Paz, 24 de diciembre de 2023 (ANF).- La gran mayoría de las cooperativas mineras, en particular las auríferas, opera en la ilegalidad al incumplir los requisitos básico establecidos en las normas, y ha venido normalizando su accionar en un proceso de imposición que tiene como resultados funcionar sin licencia ambiental, establecer sociedades con empresas privadas, contratar a trabajadores sin otorgarles ningún tipo de derecho laboral, entre otros, hechos al margen de la ley, que se concretizan por la incapacidad de fiscalización y la ausencia del Estado.
Esta situación consolida el saqueo de los recursos naturales y un fuerte daño ambiental sin ningún tipo de resarcimiento económico ni ingresos en beneficios de todos los bolivianos.
El analista en temas mineros Héctor Córdova indicó que no todas las cooperativas hacen lo mismo y existe una heterogeneidad de comportamiento: algunas respetan la norma, otras no, pero una gran mayoría incumple principalmente cinco requisitos y restricciones y esto las mantiene en la ilegalidad.
“Primero, no tienen licencia ambiental y eso ya es bastante serio; segundo, las cooperativas están prohibidas de contratar a personas que hagan su propio trabajo, es decir, la minería solamente la tienen que hacer los socios, sin embargo, contratan obreros que hacen su trabajo”, dijo el especialista a ANF.
Córdova indicó que una tercera ilegalidad se comete al burlar el pago de regalías. “Si las cooperativas trabajan en un yacimiento marginal, a pequeña escala, de manera artesanal, tienen derecho a una rebaja en la regalía y pagar 2,5% en lugar del 7%, pero muchas cooperativas sin trabajar yacimientos de pequeña escala declaran que es pequeña escala y pagan 2,5%”, apuntó.
Como cuarto hecho ilegal, refirió, es la asociación con empresas privadas pese a que la Ley 535 en su artículo 151 lo prohíbe. “Montones de cooperativas se asocian con empresas privadas y siguen manteniendo su estatus de cooperativas y eso es ilegal”.
Como quinta ilegalidad, indicó, está la evasión impositiva. “En Bolivia, todos los que trabajan en entidades sin fines de lucro o con fines de lucro pagan un impuesto sobre los ingresos, sobre el valor agregado, y los socios cooperativistas no pagan eso, están eludiendo ese 13%, en las cooperativas ningún socio, nadie, paga ese 13% sobre sus ingresos y reciben millones en ingresos”, apuntó.
Córdova recordó que en un evento a inicios de año, el obispo de Riberalta mencionó que los socios de la cooperativa minera aurífera Asobal, que explota oro aluvional en el río Madre de Dios, reciben un salario mensual de 40.000 dólares y “no pagan ni un centavo de impuestos”.
El experto señaló que muchas de estas ilegalidades no están cuantificadas por la falta de control del Estado, como quiénes contratan trabajadores, pero lo que si se sabe es quiénes no tienen licencia ambiental, y este hecho ilegal afecta a un 85% de las cooperativas.
“Las otras ilegalidades no se pueden registrar, si tienen trabajadores no los registran, los pobres obreros casi como esclavos están ahí y no hay formas de saberlo, después quiénes se han asociado con empresas privadas, tampoco”, apuntó.
José Pimentel, exministro de Minería, indicó que hay un consenso en la opinión pública nacional de que las cooperativas particularmente del oro no pagan lo que les corresponde legalmente.
“Hay una serie de distorsiones de interpretación de los cuales se agarran las cooperativas o mejor dicho las comercializadoras para no pagar lo que realmente deberían, entonces el hecho de que se esté pagando cerca del 2% sobre el valor total de las exportaciones es un punto muy mísero”, apuntó.
Pimentel recordó que el barón del estaño Simón Patiño pagaba el 5% del valor bruto de las exportaciones, y por eso “todo el pueblo boliviano lo condenó y se nacionalizaron las minas”, entonces, “creo que es un problema que el Estado boliviano y particularmente el pueblo boliviano, propietarios los recursos naturales, tienen que resolver tomando una acción conjunta para aprovechar lo que es la explotación del oro”.
Dijo que los problemas tributarios, las utilidades de las cooperativas, los problemas de la seguridad a corto plazo, la salud, los aportes de los socios o trabajadores a las AFP, “nadie los conoce, eso es una economía muy subterránea, que los propios trabajadores a veces no los denuncian porque está en riesgo la estabilidad laboral que ellos tienen”.
El exministro identificó que para fiscalizar las acciones de las cooperativas mineras hay muchos órganos estatales, como Impuestos Internos, pero pese a que muchas de las cooperativas por el volumen de combustible que consumen, por la gran cantidad de maquinaria, figuran como grandes contribuyentes (Graco), “nadie conoce los resultados de sus balances anuales”.
“Si una de estas cooperativas tiene utilidades debería pagar el impuesto a las utilidades, pero no existen, pero utilizan el NIT, su registro para posibilitarse comprar grandes cantidades de hidrocarburos”, manifestó.
Pimentel refirió que el Ministerio de Trabajo sabe que hay asalariados en las cooperativas y sabe que no son dueños ni socios de las cooperativas y “no ayuda a resolver el problema de la estabilidad laboral, de una remuneración justa y la atención de los derechos sociales”.
“Entonces, esto a veces llega a la complicidad, por ejemplo, las cooperativas del oro tienen un seguro delegado, pero cuando se averigua cuántos son los afiliados a este seguro delegado no pasan de los 10.000 cuando ellos mismos señalan que son más de 140.000”, remarcó.
Insistió que el Estado en su conjunto debería tomar una acción coordinada con el apoyo de la población, de la sociedad civil, para hacer respetar un recurso natural que es de todos los bolivianos.
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