La Paz, 7 de enero del 2025 (ANF). – Los denominados Prestatarios de Bolivia, “unidos por el abuso del sistema financiero”, exigen el cierre definitivo de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) porque se convirtió en defensor y no en regulador del sistema bancario de Bolivia; anunciaron que se sumarán a la marcha contra el gobierno previsto para el 13 de enero.
“Vamos a pedir también en un decreto supremo el cierre definitivo de la ASFI que es un saludo a la bandera, no hace nada a favor del pueblo. La ASFI es un agente regulador de los bancos, pero está a favor de los bancos, está en contra de nosotros. Queremos que un control social salga de las bases mismas para que regule a los bancos”, declaró el dirigente de ese sector, Maicol Chura.
En su pliego de peticiones demandan un periodo de gracia de un año y medio debido a la situación económica; la paralización de los procesos ejecutivos y coactivos de la banca; un freno a los hostigamientos; la condonación de intereses; y que se deje de obviar el seguro de desgravamen de los fallecidos y personas con discapacidad.
En octubre del 2024, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 5241 que permite a los prestatarios solicitar la reprogramación y el refinanciamiento de sus créditos. Pero la medida fue rechazada porque solamente les amplían por más años ; es decir, les alargan la agonía para pagar el préstamo en plena crisis económica.
Los prestatarios anunciaron que se sumarán a la marcha del 13 de enero convocada por los gremiales de Bolivia, que demandan la derogación de la disposición adicional séptima del Presupuesto General del Estado 2025, que está en vigencia desde el 1 de enero sin modificaciones.
Dicha disposición faculta a las instituciones competentes a activar las acciones de control, fiscalización, confiscación y decomiso de productos en caso del incremento de precios.
“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, señala el texto de esa disposición.
/DPC/nvg/
Articulo sin comentarios
