La Paz, 21 de noviembre de 2023 (ANF).- El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, ofreció una conferencia de prensa para anunciar que decidieron quitar las disposiciones adicionales “controversiales” del Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado 2023 para que esta tarde sea aprobado en el pleno de la Asamblea Legislativa.
“Como Gobierno nacional, queremos, con una actitud amplia y flexible en el sentido de viabilizar la aprobación de este presupuesto, retirar estos dos artículos que han sido los más controversiales y que la misma oposición ha señalado que esos dos artículos son un obstáculo para la aprobación”, dijo Montenegro.
El ministro no se refirió concretamente a la eliminación de las ocho disposiciones adicionales que eran objeto de cuestionamientos por su relación ajena al incremento del presupuesto.
“Ojalá a partir de esta propuesta, algunos asambleístas reflexionen y no busquen más pretextos para no viabilizar la aprobación de este proyecto y que además está generando un bloqueo económico a todo el país”, sostuvo la autoridad.
Para las 15.00 de esta jornada se convocó a la cuarta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa con el propósito de reconsiderar del Proyecto de Ley 464/2022-2023 de modificaciones al PGE 2023.
La sexta disposición indica que “… la Asfi podrá requerir información a las sociedades controladoras de grupos financieros la presentación de información que requiera”. La séptima pide incorpora en el parágrafo V al artículo 495 de la ley 393 de servicios financieros con el siguiente texto: “Los sujetos obligados, así como sus directores, gerentes, administradores, funcionario responsable, miembros de la unidad de cumplimiento y/o cualquier empleado dependiente, cuando reporten a la UIF de buena fe operaciones sospechosas con independencia de si la actividad ilegal realmente ocurrió o no, estarán exentos de responsabilidad, administrativa, civil y penal, por transgresión de alguna restricción de revelación de información a la que estuvieran obligados al momento de efectuar el reporte, cualquiera fuera su naturaleza. Queda prohibido revelar el hecho de que se está entregando a la UIF un Reporte de Operaciones Sospechosas o la información relacionada al mismo por el carácter confidencial y la obligación de reserva del cual gozan los mismos”.
Los legisladores oficialistas y de oposición que rechazaron el proyecto de ley vieron un serio atentando contra los intereses de la población, principalmente, en esas dos posiciones que el Gobierno ingresó de “contrabando”.
En reiteradas oportunidades, la oposición se mostró a favor de reconsiderar el PGE 2023 reformulado, pero sin ninguna de las disposiciones adicionales.
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