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Economía

Fundación Tierra alerta que ganaderos buscan anular sanciones por quemas ilegales y evitar controles

El año pasado, los incendios forestales consumieron más de 10 millones de hectáreas del país, constituyéndose en el mayor desastre ambiental de la historia del país.
5 de febrero, 2025 - 12:14
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Ganado camina en un predio arrasado por el fuego, en Roboré. Foto:  Lino Fotografía
Ganado camina en un predio arrasado por el fuego, en Roboré. Foto: Lino Fotografía
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La Paz, 5 de febrero de 2025 (ANF).- La Fundación Tierra emitió un pronunciamiento para rechazar el proyecto de ley que presentaron los ganaderos para anular las multas por quemas ilegales e incendios provocados y suspender por siete años la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social y la Función Social en el uso de las tierras.

La organización no gubernamental denunció que el pasado 12 de diciembre de 2024 las senadoras Centa Rek, Neila Velarde, Claudia Égüez y el senador Walter Justiniano, presentaron, ante la Presidencia del Senado, un proyecto de ley para declarar en pausa la verificación en campo de la Función Económica Social y la Función Social por un periodo de siete años. La propuesta fue elaborada por la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol).

“La Fundación Tierra denuncia y rechaza el proyecto de ley que se tramita en la Asamblea Legislativa para la declaración de pausa en la verificación de la Función Económica Social y Función Social por un periodo de siete años. Pedimos cancelar o suspender de forma inmediata y pública el tratamiento del mencionado proyecto que pretende instrumentalizar el desastre ambiental a favor de grupos de poder agropecuario, comunidades asentadas en tierras fiscales y avasalladores de tierras”, dice el pronunciamiento.

El proyecto de ley también pide la abrogación del Decreto Supremo 5203, del 21 de agosto de 2024, que aumenta las penas y multas económicas para los infractores de los incendios forestales de un monto de 20 centavos de dólar por hectárea a 190 y 976 Unidades de Fomento a la Vivienda, equivalentes aproximadamente entre 70 y 365 dólares por hectárea.

Otro de los pedidos de los ganaderos en su proyecto de ley es derogar la disposición final primera del Decreto Supremo 5225 que establece que las quemas ilegales y los incendios son contrarios al uso sustentable de la tierra y no constituyen cumplimiento de la Función Social ni de la Función Económica Social.

El 18 de junio, los ganaderos de Santa Cruz y Beni sostuvieron una reunión con las autoridades de la Procuraduría para acordar suspender la aplicación del Dictamen Procuradurial 01/2024. Este acuerdo se vio reflejado en una carta que el procurador César Siles envió a los representantes ganaderos.

Dictamen Procuradurial ordena la investigación de propiedades donde se originaron los incendios en el 2023 y sancionar con reversión de tierras y procesos penales y administrativos a los dueños o involucrados.

Hasta el momento se desconoce cuántas hectáreas de los ganaderos fueron revertidas producto del cumplimiento del Dictamen. 

 

//FPF//

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