Cooperativas mineras eluden al fisco en el pago de regalías e impuestos

El año en el que las regalías alcanzaron su tope fue 2018, sin embargo, el año de mayor valor exportado fue 2019. La razón para esta distorsión es que el 2019 fue un año récord por la cantidad de oro explotado y porque este metal, que debería ser el que más compensa a las regiones, “por la elusión fiscal que protagonizan las cooperativas auríferas es el que menos compensa”, señala Jubileo. 

La elusión fiscal consiste en el uso de mecanismos legales para reducir o evitar el pago de impuestos. Se caracteriza por no contradecir las normas, sino en valerse de sus defectos para obtener un beneficio económico.

Jubileo refiere que la ley establece que la compensación por la explotación de oro debería ser de 7% del valor del oro extraído, pero “aprovechando de una disposición de la ley que debería favorecer a mineros pequeños, cooperativas que no se pueden clasificar en esta categoría se acogen a ella y pagan solo 2,5% del valor del oro”. 

Adicionalmente, señala, las alícuotas fijadas para pagar la compensación a los departamentos están desactualizadas, pues corresponden a un periodo en el que los precios internacionales eran mucho más bajos que los actuales. 

“Es fundamental incorporar otros niveles de alícuotas para que el valor de los minerales sea mejor repartido”, indica la fundación en su informe de marzo.

En el caso del oro, sugiere la institución, deben eliminarse las escalas intermedias mientras el Estado no tenga la fuerza para hacer cumplir sus propias normas.

Las regalías van directamente a municipios y departamentos en la proporción 15% y 85%, respectivamente, aunque, contrariamente a lo que dispone la ley, el Servicio de Impuestos administra el cobro y distribuye a las gobernaciones cobrando un porcentaje por los servicios.

“Esta situación que debía ser temporal, mientras las gobernaciones no desarrollaran su sistema informático, se prolonga indefinidamente, aunque las gobernaciones ya presentaron su sistema en varias oportunidades”, apunta Jubileo.

Concebidas como una compensación al municipio y al departamento de donde se extrajo el mineral, refiere, las regalías solo son un buen aporte cuando la explotación es masiva y en grandes volúmenes, de otra manera, lo que reciben los municipios es insuficiente para pensar en utilizarlo como la palanca que impulse una economía alternativa. No obstante, los operadores consideran que, después de esa compensación, ellos se convierten en propietarios del mineral extraído.

El departamento que recibe más regalías es Potosí, un promedio de 100 millones de dólares por año; el siguiente es La Paz, con una media de 25 millones de dólares por año. Los otros departamentos reciben cantidades muy pequeñas, con las que no se puede poner en marcha un programa de economía alternativa.

Respecto a los impuestos, agrega Jubileo, como ocurre en otros sectores, los operadores mineros deben pagar el impuesto a las utilidades de las empresas (IUE) que equivale a 25% de las utilidades obtenidas durante el año. 

Por los precios altos de los metales, se creó un impuesto adicional de 12,5% de las mismas utilidades; es decir, los operadores mineros deberían pagar un IUE de 37,5%. Pero “solo las cooperativas están liberadas de esta adición; sin embargo, en la realidad, la mayor parte de estas organizaciones no pagan ni el 25%, porque no llevan contabilidad de sus operaciones”.

El año 2019 los impuestos se acercaron a los 400 millones de dólares, de los cuales más de 350 fueron pagados por las empresas privadas. Entre regalías e impuestos, los últimos años (exceptuando el 2020) la renta minera nacional sobrepasó los 500 millones de dólares. En algunos periodos, las regalías sobrepasan a los impuestos y en otros ocurre lo contrario.

“Si las cooperativas pagaran el impuesto que les corresponde, la diferencia a favor de los impuestos sería permanente”.