La Paz, 4 de octubre de 2023 (ANF).- Era octubre de 2019 cuando Bolivia vivió una de las crisis político-sociales más violentas de los últimos años. El estallido de protestas ocurrió en diferentes ciudades del país con el bloqueo de carreteras, desabastecimiento de alimentos, falta de combustibles, servicios hospitalarios suspendidos, interrupción de las labores educativas, barrios y ciudades cercadas por seguidores del oficialismo y grupos afines a la oposición.
El descontento social estalló después de conocerse los resultados de las elecciones generales de octubre cuando Evo Morales y Avaro García Linera fueron supuestamente reelegidos como presidente y vicepresidente por cinco años más con resultados cuestionados del Tribunal Supremo Electoral.
Pese a la mediación de organismos internacionales, las denuncias de fraude electoral cobraron fuerza y durante más de veinte días Bolivia estuvo paralizada. Una de las urbes más afectadas por la vorágine social fue la ciudad de El Alto.
"Aún recuerdo esos días con dolor e impotencia, no sólo por la situación que vivía el país, sino porque en ese contexto mis derechos como periodista y mujer indígena fueron vulnerados en muchas formas", expresa con indignación Angélica*.
Angélica, reportera aimara con más de diez años de trayectoria, cuenta que en los conflictos de 2019 las y los periodistas también sufrieron agresiones de parte de funcionarios del Estado.
"Ser periodista mujer y pertenecer a un pueblo originario no es fácil, en ese tiempo logré trabajar en un medio de comunicación del Estado Plurinacional, pero allí me discriminaron repetidamente. Lamentablemente a veces a las mujeres indígenas solo nos sacan a la pantalla para aparentar ser un medio inclusivo, nos imponen condiciones referentes a la vestimenta, minimizan nuestro trabajo o somos discriminadas por ser indígenas", menciona.
Con siete meses de embarazo, llevando una cámara filmadora en un a mano y un micrófono en la otra, y sin apoyo de un compañero, Angélica fue obligada por la jefa de prensa del medio estatal a realizar la cobertura de los conflictos en El Alto, donde los violentos enfrentamientos tuvieron como resultado heridos y fallecidos.
“Le solicité a mi jefa de prensa que me proporcione el apoyo de un camarógrafo porque era peligroso que yo estuviera realizando la cobertura de los conflictos sociales sola, temía por mi vida, pero desgraciadamente ella se negó a mi pedido y argumentó que las otras colegas tenían ayuda porque eran ‘señoritas y más delicadas’, y que además eran ‘mujeres’. Sentí una gran discriminación y mi derecho a ser escuchada fue vulnerado, quizá me vieron como una persona débil para denunciar y por eso se aprovecharon de mí", recuerda con frustración.
De acuerdo al relato de Angélica, en ese contexto de convulsión social, ella no solo fue víctima de la población enfurecida y de los grupos radicales que trataron de agredirla físicamente, también experimentó violencia laboral por su condición de género y origen. Contradictoriamente, los funcionarios del estado, quiénes debían resguardar sus derechos eran las y los agresores.
"El conflicto era grave y en medio de la cobertura, al tratar de huir para resguardar mi seguridad física, caí con fuerza al suelo y me lastimé, algunas y algunos colegas periodistas que vieron lo sucedido me ayudaron a reincorporarme -recuerda entre lágrimas-, después del hecho, intenté realizar la denuncia, me acerqué al Viceministerio de Descolonización, pero no le dieron importancia al caso y dejaron que se enfriara", dice.
Ante la falta de una respuesta por parte del Viceministerio de Descolonización, Angélica pensó en realizar una denuncia en el Ministerio de Trabajo, pero una vez más la burocracia, el poder político y la falta de recursos económicos para realizar el seguimiento la desalentaron e hicieron que ella no busque justicia.
“Hay mucha burocracia en nuestro país y sabiendo que es imposible que las personas que cuestionan al gobierno encuentren justicia, preferí dejarlo ahí y decidí renunciar a mi trabajo”, expresa.
Para Angélica, es evidente que en Bolivia, la falta de políticas de protección para las periodistas genera más vulneraciones a sus derechos, de ahí que aún se subestime el trabajo de las mujeres periodistas o reporteras; prueba de ello es la violencia laboral que ejerció la funcionaria responsable del medio de comunicación del Estado en su contra, quién, a través de comentarios prejuiciosos puso en duda su condición humana por el hecho de ser mujer indígena, además de arriesgar la integridad física de Angélica y su bebé al presionarla para realizar cobertura de noticias en una zonas de extremo conflicto.
De igual manera, su derecho a la libertad de expresión y denuncia fue también vulnerado cuando las y los funcionarios del Viceministerio de Descolonización desatendieron su reclamo, silenciando de esta forma su voz a través de la indiferencia.
“En lugar de que se castigue a quienes cometen abusos, el gobierno los premia”, dice Angélica que ahora ve a su anterior jefa de prensa en un cargo jerárquico en el gobierno. “A veces pienso que no hay justicia en Bolivia, estamos en un Estado Plurinacional donde supuestamente se defiende a las mujeres, pero no es así. Si me hubiera pasado algo grave ¿quién se habría hecho responsable?”, cuestiona mientras su voz aún se quiebra al recordar cómo violaron sus derechos.
Un dato relevante
En el caso de Angélica se pueden identificar distintos tipos de violencia; laboral, psicológica, por razón de género y por su origen indígena; es decir, sufrió una acumulación de violencias.
También llama la atención que la principal agresora fue otra mujer, lo que da a entender que la violencia a razón de género no solo es perpetrada por hombres, también hay mujeres que aún mantienen, ejercen y reproducen patrones machistas (abuso de poder) para someter a otras mujeres.
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