La Paz, 16 de abril de 2024 (ANF).- El 15 de abril de 2024 se cumplieron 15 años desde el inicio del caso Terrorismo en el país. Fueron cerca de 11 años de una investigación que quedó en nada, más de 45 personas a las que se les vulneró sus derechos, un fiscal que huyó y aseguró que se manipuló el caso y la muerte de tres extranjeros. Pese a que el caso fue cerrado, las cuatro recomendaciones que dio la Corte Interamericano de Derechos Humanos (CIDH) al Estado boliviano no se cumplió, Evo Morales no fue implicado en el delito y las víctimas buscan que el daño les sea resarcido.
Según el abogado defensor de los Derechos Humanos, Gary Prado, las cuatro recomendaciones que hizo la CIDH son: la reparación integral a los afectados (1); la rehabilitación física y psicológica al con consentimiento para los demandantes (2); el proceso penal a los que violentaron los derechos de los demandantes (3); y el adoptar medidas para que no se repitan este tipo de situaciones (4).
“De esas cuatro recomendaciones hechas en 2022, el Estado no cumplió ninguna, porque el exprocurador, Wilfredo Chávez, quien era el abogado de Morales, también era victimario y no le interesaba que esto avanza ni reparar a nadie, pues su propósito era que estos derechos humanos no sean reconocidos como violentados”, señaló a ANF, Gary Prado.
Justamente el 15 de abril de 2009, la casa del fallecido cardenal Julio Terrazas – quien era presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana fue dinamitada. Ahí comenzó todo esta travesía que para Santa Cruz y los acusados en un calvario. Este atentado jamás fue esclarecido.
“Son 15 años de un hecho funesto. El atentado fue una excusa para abrir un proceso judicial torpemente manejado por Evo Morales, manipulado en pruebas y de testigos. El costo fue muy alto porque se atacó en el caso Terrorismo I a 35 personas y en el caso Terrorismo II a otras 14”, dijo.
El objetivo era político, a decir del abogado, pues cuando Morales entró al poder, Santa Cruz ya había madurado su propuesta de autonomía departamental. Entonces el Estado socialista del MAS era diferente al modelo económico cruceño liberal con desconcentración y competencias exclusivas.
Asimismo, el excardenal Terrazas mostraba su desacuerdo por el hecho que la nueva Constitución Política del Estado hablaba de varias religiones que los bolivianos pueden profesar.
Tampoco se dio avance de las recomendaciones con el actual procurador, Cesar Siles; sin embargo hasta mañana debe presentar un informe de avance ante la CIDH.
Con respecto a la participación de Evo Morales, quien sería el principal ejecutor del caso Terrorismo, el abogado lo calificó de “cobarde” pues considera que está por la ley
“Quién cree que es él de no acudir a una citación del Ministerio Publico, tanto él le restregó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y ahora el no pretende decir su verdad. Es cobardía. Se recomienda que el Ministerio Público esté estrictamente apegado a la ley y Morales no se queje de que le están violentando a algún derecho humano”.
El exasesor de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Juan Carlos Guedes aseguró a Prado, quien también es su abogado, de que acudirá a la CIDH porque el Estado no le ha reparado los daños, tampoco se hizo la pedida de disculpa. “Pide justicia y que sea una sentencia de la corte que obligue al Estado a cumplir con ello”
A continuación, la ANF le brinda un ABC de los que sucedió en todos estos años con el caso Terrorismo en Bolivia:
Aquella madrugada del 15 de abril de 2009, la casa del fallecido cardenal Julio Terrazas – quien era presidente de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB)- sufrió un atentado con dinamita que ocasionó daños en su puerta principal. Era las 00.30 aproximadamente.
Una trama se estaba iniciando y que implicaría la vulneración a los derechos humanos, tal como se pudo evidenciare después de casi 11 años de procesos judiciales.
El cardenal Terrazas había sido acusado en varias ocasiones por el expresidente de Bolivia, Evo Morales (del Movimiento Al Socialismo) de haberse alineado con la oposición ya que Terrazas y otros jerarcas de la Iglesia mostraron su desacuerdo –entre otros temas- con la última Constitución Política del Estado (aprobada el 25 de enero de 2009) que señala que Bolivia es un Estado independiente de la religión.
2. El operativo con tres abatidos y dos detenidos
Un día después del atentado, el 16 de abril se ordenó la ejecución de un operativo policial en el Hotel Las Américas, en la ciudad de Santa Cruz. Fueron asesinados a tiros el boliviano-croata Eduardo Rózsa Flores, el irlandés Michael Dwyer y el húngaro-rumano Arpad Magyarosi. También se detuvieron al también boliviano-croata Mario Tadic y al húngaro Elöd Tóásó
Morales aseguró a los medios de prensa que justamente este grupo y liderado por Rózsa buscaba formar una guerra civil en el país, habló de terrorismo y magnicidio contra él. También acusó a la “oligarquía cruceña” de financiar ese plan. La oligarquía de Santa Cruz es adversaria en cuanto a política al Morales.
3 ¿Quién ordenó el asalto?
Según las investigaciones, los miembros de la Unidad Táctica de Resoluciones de Crisis (UTARC) fueron señalados por el asalto y la muerte a los tres extranjeros en el Hotel Las Américas. Fueron 21 los policías los implicados, de los cuales, seis accedieron a cargos relevantes como jefes de unidad tiempo después, hasta se los condecoró. Hoy, esta unidad está disuelta.
4. Los argumentos para justificar el operativo
Los argumentos fueron dados por el expresidente boliviano, Morales, en Venezuela: “El domingo, en el canal del Estado boliviano anuncié que tal vez tengamos días contados porque tenía información de los mercenarios internacionales que estaban en Santa Cruz, que estaban preparado algún atentado. Ayer, deje instrucciones precisas al vicepresidente (Álvaro García), al comandante de la Policía Nacional de hacer un operativo y detener a esos mercenarios. Hubo una balacera de media hora en el hotel. Saludo a la Policía de detenerlos y acabar con ellos”. Cuando Morales hizo este anuncio, el expresidente de ese país Hugo Chávez lo aplaudió.
5. Detenciones y desestructuración de la oposición cruceña
Tras este operativo comenzó una ola de detenciones contra la oposición cruceña. Entre los detenidos estaban: Gelafio Santiesteban Hurtado, Branko Marinkovic, Guido Nayar, Mario Antonio Paniagua Alpire, Alejandro Melgar y Hugo Achá. También fueron arremetidos Alejandro Brown, Luis Hurtado, Rony Hurtado, Enrique Vaca, Lorgio Balcázar, David Sejas, Alfredo Saucedo, Héctor Laguna, Luis Orlando Justiniano Pablo Humberto Costas y Mario Bruno. Casi un 50% de ellos se fueron al exterior y pese a que alegaban su inocencia fueron declarados rebeldes.
6. Investigaciones empañadas de denuncias
Los dos sobrevivientes del operativo en el Hotel Las Américas, Elod Toaso y Mario Tadic, fueron procesados y se declararon culpables; así como Juan Kudelka, Ignacio Villa Vargas “El Viejo”, Zoilo Salces y Gelafio Santiesteban. Esto sucedió entre 2015 y 2016. Tiempo después confesaron que lo hicieron tras haber acordado con la Fiscalía de que si aceptaban sus delitos, quedarían libres. Los dos primeros ya no viven en el país.
7. Un fiscal acusado de extorsionar y principal autor de “montar el caso”
El Ministerio Público, a cargo en ese entonces por el fiscal Marcelo Soza llevó esta trama hasta a los medios de comunicación. Cuando se supo todo, confesó que este atentado fue un montaje del Gobierno. En marzo de 2014, pidió refugio en Bolivia y hoy vive en Brasil pese a que tienen una condena de 12 años por el delito de extorsión denunciado por los detenidos y sus familias
8. Un proceso penal que cerca de 11 años
Gary Prado afirmó que los casi 11 años del llamado caso Terrorismo solo demostró que fue montado por el Gobierno de Evo Morales para arremeter contra la dirigencia de Santa Cruz, con procesos penales, con reiteradas solicitudes de vacaciones del tribunal y sin pruebas fehacientes contra los acusados. Aseguró que este caso estaba destinado exclusivamente a afectar a la dirigencia cruceña.
9. En 2020 se cierra el caso
En 2020, en la presidencia de Jeanine Áñez, el denominado caso Terrorismo fue cerrado.
10. Informe de fondo de la CIDH, señala al Estado por graves violaciones
En 2021, la CIDH concluyó que el Estado de Bolivia es responsable por “graves violaciones de derechos” de tres extranjeros y dos bolivianos que fueron acusados en este caso. “La Comisión concluyó que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio “de las víctimas identificadas en el presente informe”, se lee en el documento de este organismo internacional
MVL/ANF
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