La Paz, 11 de abril de 2024 (ANF).- El 17 de julio de 1980, el diputado nacional Juan Carlos Flores Bedregal fue acribillado por una ráfaga de metralleta disparada por paramilitares que asaltaron la sede de la Central Obrera Boliviana (COB) durante el cruento golpe de Estado de Luis García Meza.
A 44 años de ese hecho, la tarde del reciente miércoles 10 de abril, en ese mismo lugar, que hoy es sede de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), funcionarios del actual gobierno impidieron que los familiares de Flores Bedregal, mártir de la democracia, ingresen a un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado boliviano por violaciones de diversos derechos durante el proceso de búsqueda de esa persona e investigación de los hechos acaecidos ese 17 de julio de 1980, violaciones que fueron cometidas en el marco de los procesos judiciales que buscaban el esclarecimiento de lo ya que hasta el día de hoy esa persona es considerada “desaparecida”.
En enero de 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) hizo pública una sentencia por la cual halló al Estado de Bolivia responsable internacionalmente por la desaparición forzada de Flores Bedregal. De ese entonces a la fecha, el Estado boliviano debió cumplir once determinaciones de compensación de la CIDH, una de ellas era que se realice un acto público de reconocimiento de la responsabilidad internacional del Estado en el caso.
Los medios de comunicación fueron convocados para asistir a tan importante ceremonia a partir de las 17.00 horas, sin embargo, ya en el lugar muchos periodistas fueron impedidos de ingresar al lugar, y a continuación la hermana de Flores Bedregal, Olga acompañada de otros parientes en improvisada conferencia de prensa denunció que ellos también habían sido impedidos de pasar al salón donde se realizaría el citado acto, pese a que esa familia es la parte denunciante y víctima de la violación de sus derechos humanos desde que Carlos Flores Bedregal fue ametrallado.
“Estamos viendo que no se está cumpliendo una sentencia de la CIDH”, dijo Flores remarcando que el acto era un reconocimiento público sobre la violación de derechos humanos en la investigación del paradero de su hermano, ese acto, según sentencia debía realizarse en presencia de autoridades de gobierno, familiares de la víctima y sin restricciones de ingreso al mismo. “No quieren hacer cumplir esta sentencia, sin embargo, informan a la CIDH, que cumplieron todo”, sostuvo la hermana de la víctima.
Añadió que el gobierno no quiere dar los nombres de 19 personas involucradas en la desaparición de su hermano y existe una restricción del derecho de información porque el gobierno desde el 15 de agosto de 2023 no cumple una orden de desclasificación de archivos y del escalafón militar sobre el caso, información que puede ayudar a esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades.
Mientras Olga Flores y otros activistas de derechos humanos eran impedidas de ingresar al salón de la FSTMB donde debía darse lectura a la citada sentencia de la CIDH, el paso fue ampliamente permitido a dirigentes sindicales y de la Central Obrera Boliviana (COB) que son afines al gobierno de Luis Arce, además de dirigentes de “movimientos sociales” también militantes del MAS y una cantidad innumerable de funcionarios de la Procuraduría General del Estado y otras dependencias gubernamentales.
“No me han dado ningún argumento, para no dejarme entrar, sin embargo, hemos visto que han entrado dirigentes de la COB, dirigentes del MAS, del gobierno, unos estudiantes… todo el mundo ha entrado, y no me dejaban entrar”, declaró Olga Flores que cuestionó dónde se encontraba el Procurador General del Estado, César Adalid Siles Bazán que, por Constitución Política del Estado, debía estar presente en ese acto.
Esto obviamente generó mayor indignación entre los parientes de Flores Bedregal que consideraban que el acto se estaba convirtiendo en una palestra político partidaria del gobierno, y un claro desprecio a todas las personas que lucharon por el retorno a la democracia durante las dictaduras militares en los años 60, 70 y 80. Por lo sucedido, Flores anunció que de forma inmediata también se denunciará esta nueva violación a los derechos humanos de su hermano, de su persona y al estado de derecho en Bolivia.
“Vamos a informar inmediatamente a la CIDH para que vean que no se está cumpliendo (sus once determinaciones al Estado boliviano sobre el tema), sólo cumplieron (el gobierno de Bolivia) lo de brindar un informe a la CIDH, que es falaz”, expresó Flores.
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