La Paz, 9 de abril de 2024 (ANF).- Por denunciar operaciones minerales ilegales, hay 52 personas procesadas y 13 mandamientos de aprehensión contra pobladores y autoridades de la jurisdicción indígena del Valle de Zongo de La Paz, acciones impulsadas por autoridades de la justicia ordinaria y de la fiscalía, denunció la autoridad natural Eusebia Zambrana.
Zambrana es juez natural del Valle de Zongo, en La Paz, su rol es hacer respetar sus normas en el marco de la Constitución Política del Estado, es así que exige el respeto de su tierra y territorio avasallado por las operaciones mineras de la Cooperativa 28 de octubre creada por el empresario José Oscar Bellota.
“Hacemos la denuncia que José Oscar Bellota expulsado en 2010 durante 14 años está haciendo la persecución a las autoridades indígenas y a las autoridades naturales”, declaró a la ANF la autoridad indígena.
La persecución es a través de la justicia ordinaria, específicamente por medio del juez Román Quisbert y el fiscal Israel Zapana, que han ejecutado una persecución penal en contra de 52 personas de la zona, además 13 tienen mandamiento de apremio. “Ahora nos han notificado por edicto”, protestó Zambrana.
A pesar de que la jurisdicción indígena y la jurisdicción ordinaria tienen la misma jerarquía y no se subordinan la una a la otra, este no es el caso, la autoridad natural dijo que la justicia ordinaria tiene una actuación parcializada a favor del empresario minero y hace oídos sordos de la jurisdicción indígena originaria campesina.
“La parcialización se ve porque nuestros memoriales como justicia indígena han desaparecido del juzgado de la justicia ordinaria”, insistió Zambrana, y cuestionó que no se respete el pluralismo jurídico que tanto se pregona.
“Nos tratan como a los peores delincuentes este juez Román Quisbert y el fiscal Israel Zapana que protegen la minería ilegal, nos hacen la persecución penal (…) No vamos a permitir que nos sometan a la justicia ordinaria”, reiteró la autoridad.
El 24 de septiembre de 2018, el Tribunal Constitucional Plurinacional emitió la sentencia 0036/2018, en la que la Sala Plena resuelve un “conflicto de competencias jurisdiccionales”, y declara “competente” a las autoridades de la jurisdiccional indígena originaria campesina de la Central Agraria de Zongo, de la provincia Murillo de La Paz, para conocer y resolver la problemática que dio origen al proceso penal, conforme a los fundamentos jurídico-constitucionales expresados en el fallo”.
El conflicto empezó hace décadas, cuando el empresario habría asumido posesión de tierras mediante engaños, de forma ilegal, porque son predios sin sanear, el problema se amplió cuando empezaron las operaciones mineras sin consulta a las comunidades y causando una serie de impactos sociales, económicos y ambientales.
De acuerdo a los documentos que entregaron los comunarios, en noviembre del año pasado la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) certificó a un requerimiento fiscal que “no cursa registro o inscripción de áreas mineras referente a derechos mineros, solicitudes de contratos administrativos mineros, solicitudes de licencias de prospección y/o exploración y reservas en favor de la Cooperativa 28 de octubre”.
De la misma manera, el Gobierno Autónomo Departamental de La Paz informó que sobre la empresa minera Mauricio Alexander y la Cooperativa 28 de octubre “no se encuentra ninguna información y, “no existe ninguna licencia ambiental” con esos nombres.
En el Ministerio de Medio Ambiente y Agua existe tampoco existe trámite y obtención de la licencia ambiental. Sin embargo, pese a estas certificaciones siguen operando denunciaron los comunarios, sin que la AJAM y ninguna entidad estatal frene la actividad mineral ilegal.
El impacto de las actividades mineras han generado inseguridad para los pobladores y en particular para las autoridades porque temen ser detenidas. El impacto también es para el medio ambiente, especialmente por la contaminación del río, “ya no hay trucha como antes" protestó Fernando Clavijo, que era una de sus fuentes de generación de recursos económicos.
Dijo que se sienten totalmente desprotegidos por el Estado, pero que lamentablemente las instituciones del Estado protegen a la minería ilegal que hace persecución de los pobladores acusándolos de avasallamiento.
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