La Paz, 23 de octubre de 2024 (ANF).- La Cámara de Senadores aprobó por unanimidad el proyecto de ley de Acceso a la información y documentación pública, el que fue remitido a la Cámara de Diputados.
Bolivia junto a Costa Rica y Cuba son los tres países que no cuentan con una ley que garantice el derecho a la información de acuerdo a la base de datos del observatorio de acceso a la información de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL).
La senadora Silvia Salame que presentó el proyecto de ley con base en las propuestas de la sociedad civil calificó la aprobación en el Senado como un “gran avance para el país”, porque además se cumple con la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“Luego de más de 3 años de elaboración, trabajo en mesas técnicas con entidades de la sociedad civil, periodistas, comunicadores e instituciones del estado, hoy en sesión del pleno de la Cámara de Senadores, se aprobó por unanimidad, el Proyecto de Ley N° 160 de “Acceso a la información y documentación pública”, sostuvo la legisladora.
Por su parte, la responsable de Derechos Humanos y Democracia de la Fundación Jubileo, Sandra Verduguez, destacó la aprobación de la normativa en la Cámara Alta porque el proyecto es resultado de un gran trabajo de la sociedad civil.
Detalló que en 2022 y 2023, Redes para el Desarrollo y Jubileo hicieron un trabajo de recolección de ideas y aportes en los nueve departamentos del país para generar una propuesta normativa de acceso a la información que aportó al igual que otros planteamientos que se hicieron.
Es más, Jubileo propondrá la creación de un comité de monitoreo y seguimiento para que el espíritu de la ley se mantenga cuando se trate en la Cámara de Diputados.
Por otra parte, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) ha expresado su satisfacción por la aprobación de dicha norma porque se constituye en un instrumento jurídico de mucha importancia que institucionaliza uno de los derechos más relevantes de la democracia, conculcado hasta ahora por la ausencia de una norma.
Esta entidad que también participó del proceso de construcción que terminó en un Comité Técnico instalado en julio de 2023, espera “que el tratamiento en la Cámara de Diputados tenga la rapidez y eficiencia con que se trató en el Senado, por lo que realizaremos el seguimiento que corresponde”, dice un breve comunicado.
Salame añadió que el proyecto “no sólo da garantías a todos los bolivianos, de contar con información pertinente y necesaria, sino porque como Estado, cumpliremos con la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que declaró que nuestro Estado ha violado los derechos a buscar y recibir información y a la independencia judicial consagrados en la Convención Americana. Ahora queda en manos de la Cámara de Diputados, su aprobación, para su posterior promulgación”, precisó.
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