La Paz, 4 de octubre de 2023 (ANF).- “Si no dejas de investigar vas a aparecer violada, como le pasó a una de tus compañeras periodistas”, gruñó con tono amenazador un guardia de seguridad de Palacio de Gobierno mientras Beatriz Layme, una reportera con más de 17 años experiencia en temas de cobertura e investigación, se encontraba en el pasillo, esperando el inicio de una conferencia de prensa.
Esta amenaza fue consecuencia de una investigación sobre el caso terrorismo y separatismo, ocurrido en abril de 2009, cuando un grupo de policías de élite ingresó violentamente al Hotel Las Américas de la ciudad de Santa cruz para aprehender a un grupo de extranjeros identificados por el gobierno de Morales como terroristas y mercenarios.
De acuerdo a la versión del gobierno de esa época, estas cinco personas respondían a intereses de grupos empresariales del departamento de Santa Cruz, quiénes buscarían generar convulsión social en Bolivia para sumir el mando del país.
Según el informe inicial, cuando la policía ingresó a las habitaciones donde se encontraban los súbditos extranjeros, Eduardo Rózsa Flores, Árpád Magyarosi, Michael Martin Dwyer, Mario Tadic y Elod Toásó, se produjo un enfrentamiento de fuego cruzado, dejando a tres personas fallecidas y dos detenidas. Asimismo, se encontraron armas de grueso calibre como rifles y explosivos de uso militar.
Sin embargo, después de observar algunas fotografías y escuchar los informes presentados por autoridades y jefes policiales del gobierno de Morales, surgieron dudas sobre la veracidad del enfrentamiento.
Es en ese contexto que Beatriz decide investigar más sobre el caso, “el año 2013, al observar algunas contradicciones y ante las denuncias de un montaje, se me ocurrió reactivar el tema, quería saber qué había sucedido en realidad, visité los diferentes penales donde estaban los dos detenidos por el caso terrorismo y logré recolectar evidencias, y ahí es donde recibí esta amenaza de violación”, relata.
Con la mirada penetrante y un tono de voz firme, Beatriz nos relata que también sufrió agresiones de otras personas; y recuerda que una dirigente de la Confederación de mujeres campesinas Bartolina Sisa, afín a la exministra de Desarrollo Rural y Tierras, Nemesia Achacollo, trató de intimidarla por investigar sobre los hechos de corrupción del Fondo Indígena, que derivó en la renuncia y aprehensión de la funcionaria.
“Me amenazó con hacerme chicotear (golpear) con los Ponchos Rojos y le encaré: que vengan los Ponchos Rojos, no creo que me quieran chicotear, más bien quizá a usted por corrupta, le dije”, refiere.
Otro caso relevante que también puso en riesgo la vida y seguridad de Beatriz, fue la investigación que realizó sobre el padre del exministro de Gobierno, Jorge Pérez, que estaba implicado en temas de narcotráfico en Argentina y se encontraba viviendo diez años en Bolivia, y bajo el consentimiento del gobierno de entonces. “Al día siguiente, un miércoles, después de develar este hecho, me llamaron de un número privado para amenazarme: ‘has arruinado una vida y con vida vas a pagar’, me increparon”.
Seguimiento, agresiones físicas e insultos de parte de agentes policiales y grupos radicales del MAS, cuestionamientos a su trabajo como mujer periodista por parte de autoridades del estado, dirigentes sindicales o colegas del gremio afines a los gobiernos de turno, indiferencia de algunas autoridades para garantizar su derecho a la protección, son otras formas violencia que experimentó Beatriz.
“Recuerdo los conflictos sociales de 2019, las y los periodista fuimos agredidos por grupos afines al MAS, incluso fuimos maltratados por los mismos policías, nos echaban gas pimienta en la cara para que no viéramos como golpeaban a las personas. Fuimos donde Álvaro García Linera y Evo Morales, pero no hicieron nada, ni siquiera por los periodistas de los medios estatales. Luego, nos dirigimos donde la Defensora del Pueblo, Nadia Cruz, y le comentamos que las mujeres periodistas estábamos siendo agredidas, pero tampoco hizo algo, nos dijo que si queríamos protección se debía cambiar la norma, la Ley de Imprenta", expresa con molestia.
A pesar de existir protocolos internacionales, dice, en Bolivia no se asumen medidas para evitar que las y los periodistas sean vulnerados en sus derechos. “En mi caso, estas agresiones quedaron en denuncias públicas y pronunciamientos de prensa; sin embargo, he recibido apoyo de gente externa, organismos internacionales que conocían mi trabajo y me decían: ‘cualquier cosa que necesites, si te están agrediendo, aquí tienes un espacio’”.
Con los ojos un poco tristes por recordar lo que vivió, Beatriz explica que su carácter fuerte, moldeado por los valores familiares, las constantes vulneraciones y violaciones a sus derechos, la ayudaron a enfrentar estas situaciones con coraje; sin embargo, confiesa que, a causa de estas amenazas y agresiones, y con el fin de precautelar el bienestar de su entorno, tuvo que alejarse físicamente de su familia.
Como en otros casos de agresión, la falta de recursos económicos, el abuso de poder y la ineficacia del sistema judicial impidieron que Beatriz busque justicia.
Actualmente, Beatriz realizó una pausa en el ejercicio del periodismo, pero sigue muy de cerca estas situaciones de violencia, pues considera que el apoyo entre colegas del mismo gremio es importante para visibilizar, denunciar y evitar la impunidad.
Sobre la impunidad
En Bolivia muchas denuncias sobre agresiones a periodistas quedan en el olvido debido a la corrupción en el sistema judicial, el abuso de poder y, principalmente, cuando las y los agresores son funcionarios o representantes de algún nivel del estado.
Un ejemplo de ello, es lo sucedido en 2018 cuando la jueza Claudia Castro ordenó de manera arbitraria la detención y encierro de la periodista María Ulo, quien en esa época estaba realizando una investigación sobre el desfalco al Banco Unión (administrado por el estado), el detonante para la aprehensión injustificada fue la grabación de una entrevista que Ulo tuvo con ella.
No conforme con el encierro infundado, la jueza obligó a la periodista a eliminar la información recolectada y la acusó, a través de una nota dirigida al Ministerio de Gobierno, de formar parte de una red que encubre y defiende delitos.
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