La Paz, 4 de octubre de 2023 (ANF).- “Dolor e impotencia es lo que se vive en el municipio de San José de Chiquitos por la muerte de una mujer víctima de feminicidio”, informaba Adriana* para el medio de comunicación donde trabajaba, mientras acompañaba a las y los familiares de la mujer asesinada en el cementerio.
En Bolivia, de acuerdo a datos de la Fiscalía General del Estado, durante el año 2022 se reportaron 94 feminicidios, en la mayoría de los casos las víctimas fueron ultimadas por sus exparejas o personas con las que mantenían algún vínculo amoroso.
En ese contexto la vida de Adriana, una periodista de sonrisa amable, carácter valiente y solidaria con otras personas, cambió radicalmente. Investigar e informar sobre las dificultades que enfrentan las mujeres víctimas de violencia la expusieron a amenazas graves contra su integridad física y emocional.
Aún con mucha desconfianza, ella recuerda y relata cómo intentaron intimidarla: "De pronto me llegaron muchos mensajes amenazándome con quitarme la vida o violarme si no dejaba de investigar sobre los feminicidios, me enviaron fotos ingresando y saliendo del canal de Tv dónde trabajaba, entrando al edificio donde vivo, visitando la casa de mi mejor amiga o cuando me dirigía al domicilio de mis padres; me seguían y supe que mi vida estaba en riesgo”.
A estos intentos de intimidación también, se sumaron otro tipo de agresiones, como la violencia digital, Adriana señala que durante mucho tiempo fue hostigada por diferentes personas, en su mayoría hombres, quienes cuestionaban su trabajo como periodista y proferían insultos machistas a través de las redes sociales como Facebook o Twitter, todo esto por evidenciar el aumento de casos de violencia contra las mujeres en Bolivia.
Con miedo e incertidumbre, conocedora del suplicio que sufren las mujeres para encontrar justicia y respaldo de las autoridades, se dirigió hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra Violencia para presentar una denuncia, solicitar garantías y lograr ayuda de la policía.
Sin embargo, la respuesta que recibió fue contraria a su requerimiento de protección; después de muchos papeleos y con la ayuda esporádica de dos efectivos policiales, lo único que logró fue un comentario indiferente: “me dijeron que tenía que aprender defensa personal y que debía andar con gas pimienta para defenderme", señala con indignación.
Decepcionada por la inoperancia policial y las promesas incumplidas de algunas autoridades estatales, la joven periodista y defensora de los derechos de las mujeres no tuvo más remedio que hacer una pausa en su profesión para precautelar su vida y la de sus seres queridos. Al final, ella por su trabajo periodístico se convirtió en víctima, y las y los responsables de garantizar su bienestar se mostraron insensibles.
“He dejado de ir a lugares públicos, he dejado de hacer muchas cosas en mi vida personal, porque una no sabe en qué momento le van a dar una balacera, ahora vivo con miedo”, expresa Adriana, mientras recuerda cómo su derecho a la vida, a la seguridad personal y libertad de expresión fueron arrinconados con el propósito de silenciar su voz.
Para ella, así como para muchos otros y otras periodistas de Bolivia, la impunidad frente a un delito no solo tiene que ver con el sistema, sino con la indiferencia y corrupción de los mismos funcionarios públicos. Nada avanza en el sistema judicial si no hay dinero.
“Ser víctima en Bolivia es exponerse a la extorsión de ciertos funcionarios; hay que pagar plata para que la Policía investigue, para que la Fiscalía se mueva y cuando a una la dejan sin dinero recién envían el caso al juzgado y aun así no se encuentra justicia”, lamenta.
“La impunidad es algo natural en Bolivia, es normal denunciar algo y saber que va a quedar ahí, nada nos protege, ni la ley, estamos completamente desamparadas, y a veces la única forma de protegernos es abandonando la profesión”, enfatiza Adriana con un tono frustrante en su voz.
Un estudio realizado por ChequeaBolivia, una plataforma enfocada en monitoreo de noticias y verificación de información, señala que, en Bolivia, la violencia digital contra periodistas varones y mujeres a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram u otras plataformas va en ascenso.
De acuerdo al informe, realizado entre 2022 y 2023, la violencia digital se expresa a través de comentarios despectivos referente al trabajo periodístico, la posición ideológica, el medio en el cual trabajan las y los periodistas, el origen étnico, la apariencia física y por razón de género.
En el desarrollo de este reportaje, y a través de la historia de Adriana y la información proporcionada por las y los especialistas, la violencia digital contra mujeres periodistas tiene carácter sexista y misógino; es decir, cada vez los comentarios como: zorra, calladita te ves mejor, ve a cocinar a tu casa, atiende a tu marido, no eres periodista, a quien te vendiste, te vamos a violar u otros similares; son cada vez más comunes en las redes sociales.
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