La Paz, 14 de mayo de 2024 (ANF).- El anteproyecto denominado “Lo ajeno no se toca” presentado por el Ministerio de Gobierno es “inconstitucional” y un retorno al sistema “inquisidor” que viola el debido proceso; con órganos independientes esta propuesta “no podría pasar” del ministerio, advirtió el abogado Franco Albarracín.
Desde una perspectiva de derechos humanos, dijo que la propuesta que presentó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, viola todos los principios de la Constitución Política del Estado y borra la primera etapa de investigación preliminar, por tanto, elimina la presunción de inocencia.
“Los sistemas más arcaicos imponían un sistema inquisidor penal para combatir la criminalidad a través del castigo, sin ningún proceso ni respeto a los principios de inocencia, derechos y garantías, el debido proceso o el acceso a la justicia”, afirmó Albarracín a la ANF.
Del Castillo presentó el anteproyecto de ley “Lo ajeno no se toca”, en el que plantea “luchar contra la impunidad y brindar una respuesta pronta y oportuna a los hechos de apoderamiento de “cosa ajena cuando exista flagrancia o cuando existan elementos que identifiquen plenamente al autor del delito”.
Propone implementar un “procedimiento sumarísimo especial para el delito de apoderamiento flagrante de cosa ajena”, delito que será sancionado con siete años de cárcel sin derecho a indulto. Además, define mediante ley que de acogerse al proceso abreviado se disminuye la sanción dos años.
Albarracín dice que el enfoque es “castigar para sentar el ejemplo”, es decir un sistema inquisidor que ya ha sido superado en la región porque es arcaico, es precario. Fue reemplazado por el sistema de justicia “restaurativa”, que parte de entender el contexto para plantear políticas integrales.
Lamentó que la propuesta del Ministerio de Gobierno se constituya en un “retroceso” respecto a los avances sobre no ver a una persona vinculada al delito como una “escoria”, que debe ser depositada en una cárcel siete años y sin derecho a indulto.
Cuestionó que con la propuesta se deja toda la primera etapa de investigación preliminar, fase en la que se recogen los indicios de probabilidad de un delito, esto “ha sido borrado por completo y reemplazado directamente por la acusación. Y eso es muy grave”, sostuvo.
Por otra parte, Albarracín observó el criterio de “flagrancia” porque puede ser usado por la Policía para cometer abusos”, comenta que hay muchos ejemplos como el de César Apaza y otros líderes opositores a quienes se les acusa de cometer delitos en “flagrancia”, pero sin pruebas.
Es un “procedimiento completamente irregular" y se va a aplicar a todas las personas vinculadas a delitos como el robo, hurto, robo agravado o alguna afectación a la propiedad privada.
El experto en materia de derechos humanos rememoró que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de Naciones Unidas criticaron al Estado por la implementación de tipos penales y delitos que son “vagos, ambiguos y no son claros”.
“Este anteproyecto de ley es vago, ambiguo, es poco claro, no hay conceptos, no incorpora las definiciones por ejemplo para saber a qué se refiere con la “cosa ajena”. Es decir que tiene fallas importantes con la técnica legislativa.
“Una norma con estas características puede servir para ejercer abuso de poder y perseguir por razones políticas”. “Si tuviéramos órganos independientes esta ley no pasa, no pasa del Ministerio de Gobierno”, advierte el jurista.
Reiteró que es una “ley claramente inconstitucional, inconvencional. Es evidente que viola el debido proceso” y es preocupante que otras instituciones y entidades no se pronuncien frente a este nivel de propuesta.
La norma prevé que para el apoderamiento flagrante de cosa ajena deben concurrir al menos dos de tres elementos, uno de ellos que la persona fuera encontrada en flagrancia por un particular o por la Policía; o sea identificado al momento de la comisión del delito por testigo o entrevista policial.
Albarracín cuestionó que se les dé “mucho poder al Ministerio Público y a la Policía”, se podría entender si fuera una Policía proba, pero no cuando está vinculada al narcotráfico y al contrabando; o si se tuvieran fiscales independientes que no obedecen al poder político.
No obstante, “le dan demasiado poder, demasiadas atribuciones, más de lo que debería, a las dos instancias más corruptas y poco confiables” en el país.
Finalmente, Franco Albarracín dijo estar convencido de que esta norma de ser aprobada va a generar una mayor crisis en el sistema judicial y penitenciario porque se va a incrementar el hacinamiento, lamentablemente el Gobierno quiere solucionar un problema con otro problema, comentó.
Cuando la solución es analizar, planificar políticas criminales desde una perspectiva integral. “No se hace aumentando penas o cárcel o restringiendo el debido proceso.
/NVG/
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