La Paz, 16 de junio de 2024 (AND). - Samuel Doria Medina participó en el Congreso Internacional de Derecho que se realizó en Sucre planteando que “la justicia es corresponsable de la crisis”. En su discurso ante una audiencia de especialistas que debatían la necesidad de independencia judicial, habló del estado de “despotismo judicial” en que se encuentra el país y su relación con la economía.
“La justicia es corresponsable de la crisis, porque no ofrece ninguna seguridad de que actuará con imparcialidad y tiende a extorsionar a los litigantes. Frente a esto, los inversionistas prefieren desviar su capital al consumo o llevarlo a otro lugar. Con la llegada del presidente de Paraguay, nos enteramos de que 1.000 empresarios bolivianos están en el vecino país, que lo han preferido en lugar de ampliar sus proyectos aquí. Quienes ya arriesgan su dinero, porque toda inversión implica riesgo, no pueden aceptar una justicia tan impredecible como la boliviana, donde no manda la ley sino los más sinvergüenzas y los que tienen contactos políticos”, señaló.
En su discurso ante una audiencia de especialistas que debatían la necesidad de independencia judicial, puso lo que se hizo en contra suya en dos juicios como ejemplo del Estado de “despotismo judicial” en que se encuentra el país. Se recurrió nada menos que a un fallo constitucional para alterar el resultado de un arbitraje privado.
“El Tribunal Constitucional se ha convertido en una instancia de juzgamiento, y no solo en la última etapa del juicio, sino que se mete en los procedimientos de los juicios mientras estos se van desarrollando. Si hubiera un genuino deseo de justicia, el Constitucional se abstendría de opinar sobre los juicios en primera instancia excepto en casos totalmente justificados. En cambio, este Tribunal se involucra en todo y en nada; y eso ha deformado completamente los procedimientos”, señaló.
También señaló como otra muestra del “despotismo judicial” que no haya prescripción de ninguna acusación, o que, como le pasó a él, se haya desconocido una sentencia favorable por pretextos formalistas como la forma en que se hizo la notificación. “Si a una empresa importante le hacen eso, imaginemos qué sufrirá el ciudadano común que no puede contratar un abogado”, planteó.
“Es urgente un cambio para detener el desorden inaceptable de la justicia, porque de lo contrario nos quedaremos sin desarrollo y también sin democracia”, finalizó.
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