Luego del fallo en La Haya: ¿Qué significa "doblar la página"?

Convengamos que el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) marcó el cierre de un pasaje en la historia entre Bolivia y Chile, caracterizada por el conflicto en torno al reclamo boliviano por una salida soberana al mar. Ello significa que este cierre, por tanto, da la señal para “doblar la página”. Pero, ¿qué significa doblar la página?

Como es natural, pueden reconocerse varias interpretaciones al respecto que, matices más o matices menos, son posibles de agruparse en bloques. Por otra parte, la constatación de la necesidad de doblar la página no debería llevarnos al desconocimiento de un hecho paradójico: junto a la necesidad de introducir cambios a la opción elegida sobre el tema durante los últimos años, se presenta la obligación de tener en cuenta, de la misma manera, algunas constantes. Al momento de pensar en los cambios entonces también debe considerarse estas constantes.

Las constantes son, obviamente, el reclamo del Estado boliviano por una salida soberana al mar y, en contrapartida, la permanente negativa del Estado chileno. Aunque en las relaciones internacionales se considera a los Estados y no a las sociedades como sujetos, la fortaleza de los Estados depende, en última instancia, del comportamiento de sus respectivas sociedades. Es verdad también que antes de llegar a esa  última instancia el Estado dispone de recursos, cuya abundancia mayor o menor revelan la fortaleza estatal, en el plano de las relaciones internacionales. Pero precisamente en este último terreno la importancia del comportamiento de las sociedades queda relegada a un segundo orden. Ello puede observarse en la experiencia a raíz de la demanda boliviana, presentada a la CIJ.

Aun a riesgo de razonar en torno a una pobreza de datos “verificables”, es posible sostener algunas ideas. Primero, que la sociedad boliviana demostró una unidad mayor en torno a su Estado que la sociedad chilena, en torno al suyo. Segundo, que este hecho, sin embargo, no tuvo mayor gravitación para influir en el proceso, porque tanto el escenario (la Corte Internacional) como los actores (los Estados y no las sociedades) terminaron excluyendo del foco de atención a las sociedades. Finalmente, en este encuadre y dado el contenido del fallo, debe considerarse ahora la necesidad de distinguir entre “justicia” y “derecho”. Puede decirse que esta distinción tuvo una gran importancia en el contenido del fallo, ratificando el principio de que los sujetos de los derechos internacionales son los Estados y no los pueblos tal cual.

Sobre las constantes que se muestran en esta experiencia veamos el significado que “volcar la página” podría tener para los distintos actores políticos y sociales de Bolivia. Inicialmente, desde ya, para el gobierno significó aceptar el fallo y enviar una nota oficial a la Corte, destacando los “equívocos” que en él destacan (¿!); aunque, acto seguido y en política concreta, se han incrementado las relaciones bilaterales con Perú, tendientes a orientar las importaciones y exportaciones bolivianas por Ilo.

Para Jorge Quiroga, el fallo significa que debemos resignarnos a entendernos e integrarnos con Chile y finalmente para otros, tanto dentro como fuera del gobierno, significa explorar nuevos escenarios en el ámbito internacional, para continuar presentando la demanda marítima boliviana. Estas distintas posiciones pueden agruparse, grosso modo, en una: “relaciones frías” con Chile, mientras que se continúa con la exigencia boliviana en foros internacionales. A la otra llamémosla “aperturista”, con relación al vecino país.

Se sobreentiende que cada uno de los planteamientos se asientan en la seguridad que otorga la creencia de defender los intereses nacionales pero, ¿cuál es el interés nacional en este tema? La salida soberana al mar es de tanto interés nacional como lo es solucionar los problemas permanentes que conlleva para un país vivir enclaustrado. Esta calidad boliviana le supone una pesada carga económica que condiciona, dificulta y obstaculiza políticas de desarrollo nacional. Tenemos, por tanto, dos vertientes de eso que llamamos interés nacional; una de carácter histórico y otra referido a los impactos cotidianos que las políticas relacionadas con la falta de acceso a puertos propios, causan.

Preguntarnos si en las nuevas propuestas  sobre el problema prevalecerá una postura principista o una pragmática es innecesario. A esta duda responderíamos en aymara, “ina”; sí y no a la vez. Esto no quiere decir únicamente que cualquier opción que se elija presuponga ambas dimensiones (la histórica y la actual), sino que toda elección en sí, no puede dejar de considerar a su vez a ambas dimensiones.

Con la experiencia del juicio en La Haya será difícil para las sociedades y los Estados involucrados hacer “borrón y cuenta nueva”. Sostener lo contrario, a fuerza de voluntad de las personas, simplemente no tiene asidero cuando hablamos de realidades sociales y estatales (es decir de realidades societales), porque toda experiencia como la referida, deja su huella en la memoria de las sociedades y los Estados. Es en torno a estas huellas y las formas de su asimilación que tanto Estado como sociedad orientan sus comportamientos. Esto quiere decir que el pasado histórico, pues, se encuentra en y con el presente, incluso cuando a este presente se le exige adaptar de manera permanente a ese pasado, según los requerimientos actuales.

En el caso boliviano estos supuestos son válidos por doble partida. Además de lo señalado hay que considerar otro motivo que, sin referirse al tema central, sin embargo forma parte de las razones que explican la persistencia de la constante histórica. Es indudable que en la historia larga de este país el gobierno de Morales testifica el empuje de la sociedad por “adueñarse” de su Estado. Se cerró un ciclo que en realidad arrancó, en materia estatal, desde la fundación misma de la república (aunque bajo un rostro proto-estatal, diríamos) y pasó por la guerra civil de 1898 y la revolución nacional de 1952. Puede decirse que vivimos bajo una mayor correspondencia entre Estado y sociedad -esto no quiere decir, ni mucho menos, entre sociedad y el gobierno de Morales.

Por tanto, la experiencia del juicio internacional y su resultado afectaron indudablemente el sentimiento nacional en una forma que muy rara vez hemos vivido. No olvidemos que la guerra del Pacífico de 1879 no fue asumida como una guerra nacional, sino como un asunto estatal; a diferencia de la guerra del Chaco (1932), con la paradoja, en este último caso, de que el Estado que negaba la ciudadanía a la mayoría de la población, la convocaba para su defensa.

En resumen, el sentimiento de la derrota frente a Chile en la Corte Internacional es realmente general en Bolivia y no sólo de una clase, grupo social, regional, étnico, generacional u otro. La presencia de la huella de la historia, en las sociedades, tiene mucha importancia porque junto al hecho fáctico de la historia, se encuentran también las modificaciones en la subjetividad que esos hechos causan y debido a la profunda importancia que el tema tiene para el país y su historia, incluso sería válido hablar de un momento constitutivo. Diríamos un momento en el que se constituye un sentimiento nacional; aunque en rigor, deberíamos decir que se trata de un momento constitutivo subsecuente, a la semilla plantada en 1879.

Junto a la constante histórica en la sociedad boliviana se encuentra también el interés concreto, cotidiano, que la economía exige a los países. La vida económica de una nación no es pensable al margen del relacionamiento internacional. El problema no radica, por tanto, en relacionarse o no relacionarse, sino en cómo relacionarse. Incluso, sin importar el contenido de ese “cómo”, no puede negarse que la contundente derrota boliviana, reflejada en el fallo de la CIJ, debería obligar a relativizar algunas consideraciones generales sobre el tema. En la consideración, por ejemplo, de interés histórico versus interés cotidiano, ¿será lo mismo un puerto boliviano con o uno sin soberanía? Políticas de un puerto boliviano propio, aún sin soberanía, ¿anulan o complementan al planteamiento de una salida soberana? Y por último, ¿un puerto sin soberanía, será lo mismo en Chile que en Perú?

Cuando se evalúan las políticas de Estado importan los resultados concretos que nos pudieran acercar a los objetivos deseados. Como vimos, estos objetivos son a la vez históricos como actuales y en ambos casos, ninguno de los objetivos buscados por Bolivia ante la CIJ han sido alcanzados: no hay diálogo sobre el problema marítimo con Chile, creado en 1879. Las evaluaciones tienen este grado de concretización entre otras razones, también porque se fundan sobre cuerpos conceptuales en los que no es posible relativizaciones teóricas. Ello plantea un reto y en el ejemplo que vimos respecto a la relativización de conceptos tales como “salida marítima”, “soberanía”, etc., este ejercicio hasta ahora no se ha encarado.

Conviene por tanto pensar estos temas desde la teoría del conocimiento y aquí diríamos que conceptos tales como “interés nacional” llevan en sí una variedad de significados que nos remiten a particularidades, ya sean de clase, regional o de cualquier índole. La contradicción surge cuando hablamos de intereses particulares sobre un tema que se asume como interés general. No se trata de la lectura desde una particularidad, sobre un tema general, sino de la lectura que particulariza un tema general. Es cierto que puede aceptarse como saludable la presencia de la diversidad, pero ésta, por sí misma, no constituye una unidad sino cuando se encuentra articulada.

El principio de la articulación sobre el tema, según vimos con los cambios operados en la sociedad y en el Estado, todavía no ha llegado a encarar la exigencia de la relativización de las teorías y los conceptos que llevan los fundamentos de esta última experiencia. Pero pasado el asombro y la resignación, cuando el polvo se haya asentado, podrá contarse con las condiciones para encarar este asunto pendiente. Entonces, tal vez, podrá reflexionarse respecto al “interés nacional” y sus posibilidades, de acuerdo a los resultados que cada experiencia histórica nos arroja, diferenciando el falso del verdadero interés nacional.

Aun a riesgo de presentar una visión demasiado esquemática en torno al tema de la salida al mar, esta división nos puede ser de alguna utilidad. En 1992, bajo los gobiernos de Fujimori y Paz  Zamora, de Perú y Bolivia respectivamente, se firmó el Acuerdo de Ilo en el que, en resumidas cuentas, se otorgaba a Bolivia una costa por 99 años, para que pudiera construir y administrar su propio puerto. Un puerto no soberano ni a perpetuidad, pero al menos como una alternativa mientras maduran otras propuestas de solución, que contemplen el carácter soberano de un puerto. Ha pasado más de un cuarto de siglo y ningún gobierno, ningún departamento, ninguna región, ningún ente colegiado de la sociedad civil, ha mostrado iniciativa para viabilizar las posibilidades de ese acuerdo. ¿Cómo entender que todo este tiempo no se hubiera colocado ni un ladrillo para la construcción del hipotético puerto boliviano, sino como un “falso interés nacional” o dicho de forma directa, un desinterés sobre el asunto?

“Volcar la página” entonces y más allá de los distintos significados que se le pueda dar, presupone cambios en los enfoques teóricos e incluso conceptuales, con los que se viene trabajando. Desde nuestro punto de vista, los cambios en este nivel deberían luego manifestarse en una aún mayor fortaleza estatal respecto al problema marítimo. En lo concreto, deberían expresarse en las políticas puntuales relacionadas a la exigencia portuaria para el país; políticas vinculadas a temáticas específicas como las del transporte, la aduana, las comunicaciones, entre otros.