La Paz, 22 de agosto (ANF).- Hace unos días, en un hecho inédito y que marca precedente para los diferentes estados del mundo el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza (TIDN), emitió una su sentencia y dictaminó que hubo un ecocidio en Bolivia por los incendios del 2019 y entre los responsables están el gobierno de Jeanine Áñez y la ex administración de Evo Morales, además de niveles regionales y legislativos.
Pero si bien esta sentencia no es vinculante, encamina desafíos para que la ciudadanía la haga cumplir vigilando a sus gobiernos y fisclaizando su labor para evotar qye hechos similares ocurran.
Patricia Gualinga, es parte como jueza del TIDN. Es defensora de los derechos de los nativos y de la Madre Tierra, presentó un caso histórico ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) del pueblo Kichwa de Sarayaku de Ecuador y accedió a una entrevista con ANF.
ANF: ¿Cuál es la importancia de esta sentencia del Tribunal Internacional de lo Derechos de la Naturaleza?
PG : Esta sentencia es muy importante, porque no ha habido casos de ecocidio, ni que haya este denominativo desde el TIDN. Y esto se da porque en la quema que se registró en Bolivia se encontraron indicios de que el delito de ecocidio fue ocasionado y que las autoridades administrativas, legislativas y regionales no hicieron nada y tampoco diseñaron políticas para derogar esos paquetes legislativos que pudieran prever toda esta situación. Así que luego de un profundo análisis y de las pruebas que se ha presentado se ha dado este veredicto importante, porque el mundo tiene que prestar atención y no solamente Bolivia de que la naturaleza se tiene que cuidar y no es una naturaleza que está inerte, es una naturaleza viva que tiene que ser respetada y por esto tiene esta importancia el tema de la sentencia.
ANF: También era fundamental encontrar a los responsables de este ecocidio, cuáles fueron?
PG: Hemos concluido de que hay autoridades responsables de este ecocidio y en distintos niveles, desde las autoridades gubernamentales, como autoridades administrativas, desde la parte de la Asamblea Legislativa, hasta la parte judicial, porque han puesto normas incendiarias que han permitido que esto pueda ocurrir.
Se ha permitido y han aprobado decretos que autorizan el desmonte, que autorizan las quemas, y por esto este es el resultado que se ha vivido con la quema de los bosques de Bolivia. Así que no es una cosa fortuita, sino que hay leyes que se están pidiendo que ya se eliminen y abroguen, para que la naturaleza y los pueblos indígenas tengan justicia.
También en las pruebas se han presentado normas que han promovido asentamientos nuevos en la región (Chiquitanía) de gente que no es del lugar.
ANF: ¿Qué tan importante es esta sentencia de ecocidio para el mundo y los diferentes estados y gobiernos?
PG: Este es un tribunal ético, donde los jueces somos personas reconocidas por su larga trayectoria en defensa de los derechos humanos y en defensa de los derechos ambientales, así que a pesar de que no es vinculante, sirve para que se pueda difundir y se pueda presionar para que el gobierno de Bolivia empiece a actuar acorde a la preservación de la naturaleza y a los derechos de los pueblos indígenas que nunca fueron consultados y nunca tuvieron la posibilidad de que el gobierno central y los gobiernos regionales pudieran hacerle una consulta tal y como establece el derecho internacional.
Por tanto los otros países tienen que estar atentos porque tratamos con estos de incidir en que haya una conciencia de responsabilidad de los gobiernos para que pueda proteger los derechos humanos y loe derechos de la madre tierra.
ANF: ¿Qué es lo que tiene que hacer la sociedad en Bolivia con esta sentencia de hoy en adelante?
PG: Este dictamen se va a hacer llegar a las autoridades pertinentes y la sociedad boliviana tiene que empezar a presionar, porque lastimosamente los gobiernos actúan en base a la presión.
Estamos en una era en la que los gobiernos y autoridades no hacen caso y en que el medio ambiente, la naturaleza se está convirtiendo en el punto central de la supervivencia del planeta, por lo tanto están en todo el derecho y la razón de empezar a presionar y también a difundir esta sentencia para que el gobierno boliviano cumpla lo que establecen las leyes en defensa de la naturaleza.
ANF: ¿Cómo debemos estar alertas para que este ecocidio no vuelva a suceder?
PG: Ya es momento de actuar. No se puede permitir que sigan vigentes estas leyes, el gobierno debe abrogar las leyes que está permitiendo que gente inescrupulosa y agronegocios estén promoviendo y provocando estos incendios para apropiarse indebidamente de territorios que en muchos sitios están habitados por pueblos indígenas.
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