La Paz, 21 de junio (ANF).- Los funcionarios de la salud pública del país llevan adelante una lucha desigual contra la pandemia del coronavirus. A las ya conocidas y dramáticas carencias de bioseguridad, medicamentos e infraestructura, se suma la inestabilidad económica e inseguridad laboral para los profesionales. Un factor que en suma va minando la moral de los soldados de la primera línea contra el Covid-19.
Contratos temporales, sueldos bajos y diferenciados, dependiendo de la partida de contratación, demoras en el pago de sueldos, despidos intempestivos, muchos profesionales sin ítems y todos fuera de la Ley General del Trabajo. Y esto se agrava con el abuso de alcaldes que mediante sus partidos políticos realizan cobros obligatorios al personal de salud a cambio de mantener los contratos.
El dirigente del Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, Fernando Romero, informó que unos 17.000 profesionales del sector, afiliados a esa entidad, carecen de beneficios laborales y están al margen de la Ley General del Trabajo.
“La total inseguridad laboral en que nos encontramos es otro factor que está marcando esta situación tan crítica”, expresó Romero, que aseguró que la mayoría de médicos se mantiene en la lucha contra el virus solo porque ama su profesión.
Mientras que en La Paz, un tercio de sus colegas trabaja a contrato, con tiempos de tres a seis meses y con ingresos bajos. “Son ingresos bajos y sin ninguna protección laboral, y eso es lo que hoy día hace que en varios lugares del país los colegas hayan renunciado, hayan preferido quedarse con restricciones económicas, para no someterse a una situación de abandono por parte de las autoridades”.
En el caso de los que tienen ítems, dos tercios de los profesionales, dijo que es solo garantía de un ingreso mensual más no derechos laborales. “Si un médico se enferma gravemente y fallece, no está bajo la protección de la Ley General del Trabajo, y eso hace que al terminar nuestra vida, luego nuestra familia quede a su suerte, y ahora tenemos más y más enfermos, hay más y más enfermedad, es como si nos estuviera rondando la desgracia, y sin tener Ley General del Trabajo”.
Hasta la fecha más de 120 trabajadores en salud resultaron infectados con el Covid-19 y más de una decena fallecieron, por la falta de bioseguridad.
El médico Hugo Cardozo, representante de Sirmes en Pando, refirió que en el departamento hay al menos 400 funcionarios de salud y un 40% del personal, entre médicos, enfermeros, bioquímicos, odontólogos, a contrato.
“A pesar de que somos los soldados de primera línea en esta batalla contra el Covid, el gobierno no da prioridad a las necesidades del sector, no ha ido mejorando nuestras condiciones de trabajo, ni de incorporarnos a la Ley General del Trabajo ni en infraestructura ni en equipamiento”, apuntó.
“Es lamentable que el Estado nos haya abandonado, no solamente los 14 años de Evo Morales, si no también ahora los siete meses que lleva con la nueva presidenta” Jeanine Añez, acotó el galeno.
El gobierno de Movimiento al Socialismo (MAS), de la pasada gestión, descartó incluir al sector de los galenos a la Ley General del Trabajo por el costo que significaría de al menos 4.000 millones de bolivianos. El exviceministro de Salud, Álvaro Terrazas, dijo además que los galenos tienen un trato diferenciado que les permite tener mejores ingresos.
La presidenta del Colegio Médico regional de Guayaramerín, Luz Virginia Gutiérrez, aseveró que el trato al personal de salud nunca fue el mejor en esa ciudad, donde se cuenta con pocos especialistas en centros de primer y segundo nivel sin acreditación. Se refirió al abuso al que son sometidos los profesionales de la salud por las alcaldías.
Pese a esta precariedad, “les descuentan un porcentaje de su salario para destinarlo al partido que se encuentra gobernando el municipio, así como muchas cosas más, y ellos no se atreven a reclamar ni a decir mucho porque como no tienen un sindicato siempre viven bajo la amenaza del despido”, denunció.
El investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), Bruno Rojas, en la conferencia virtual “Trabajador@s en salud pública: sin equipos, sin protección, sin derechos”, señaló que la crisis del sistema de salud, que viene desde hace décadas, al parecer en estos últimos años tocó fondo, pese a que hubo una situación de mayor crecimiento económico y bonanza en la última década.
Y esta crisis también se refleja en las condiciones laborales referidas a salarios, estabilidad laboral, seguridad social y derechos laborales de los trabajadores y profesionales en salud, que no mejoraron “y probablemente estas condiciones laborales hayan empeorado”.
“Los contratos temporales predominan en la salud pública, contratos temporales que aluden a un tiempo determinado de trabajo y que no garantizan para nada la estabilidad laboral, son contratos civiles bajo la modalidad de consultorías en línea sin derechos y bajo el Estatuto del Funcionario Público, no obstante, y pese a que existe un estatuto propio del sector que es el Estatuto del Trabajador de la Salud Pública”, apuntó Rojas.
Dijo que también se puede observar una discriminación entre trabajadores de salud con ítem y sin ítem, lo que hace que se discrimine el goce de derechos laborales y los beneficios sociales.
Agregó que esta situación está mostrando con mucha fuerza las deficientes medidas de seguridad para el personal médico. Remarcó que el trabajo en todos los ámbitos tiene que ser protegido, ya que un trabajo desprotegido es sinónimo de empleo precario y en algunos casos de empleo precario extremo.
“Este 2020 estamos observando que las medidas de bioseguridad son sencillamente precarias, y en algunos casos inexistentes en esta lucha desigual contra el coronavirus, esto se traduce en una gravísima vulneración del derecho a la seguridad ocupacional”, apuntó.
El viernes, el Ministerio de Salud reportó 977 contagios nuevos de coronavirus y 18 fallecidos en el país, con lo que la suma total desde la llegada del Covid-19 al país es de 22.476 casos positivos y 715 decesos. Las regiones más golpeadas del país son Santa Cruz con 13.539 casos y Beni con 3.473 casos positivos, donde hay centros de salud y municipios que tienen hasta un 50% de funcionarios médicos infectados.
Por la pandemia y la reducción de personal, los trabajadores en salud han visto sus jornadas laborales sobrecargadas, el temor al contagio es permanente, el estrés y la ansiedad golpean cada vez con más fuerza al fatigado equipo de salud, señala Romero, quien asegura que las autoridades solo usan al sector en sus discursos; para enaltecerlos los llaman “héroes de blanco”, pero en los hechos no hay “nada”.
“Todo eso hace que uno se pregunte muchas veces si será tan importante nuestro trabajo para las autoridades, porque en el discurso somos los héroes, pero la práctica nada de nada, solo somos un número más y servimos solo para discursos y para ganar votos de las autoridades y después para nada más, ni siquiera cuando enfermamos tenemos resguardo de las instituciones que deberían estar pendientes de nosotros”, lamentó el dirigente.
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