“Se trata de un mecanismo público regional, cuyos antecedentes se dan en 1992 con el principio 10 del Acuerdo de Río sobre medio ambiente y desarrollo en el que se exige a los Estados que faciliten la participación de la población a través del acceso a la información”, detalla Lila Monasterios, activista del colectivo Salvaginas.
Y es que este Acuerdo de Escazú tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva de los derechos de acceso a la información ambiental y la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Además contribuye a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
“Es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.”, se detalla en el portal del Observatorio del Principio 10.
Dada la importancia y puesta en vigencia de este acuerdo en América Latina, que además es considerada como una de las regiones más peligrosas para el trabajo de los defensores ambientales, es que organismos como la CIDH, CEPAL y ONU Derechos Humanos destacaron y saludaron a los países que han ratificado este acuerdo, entre ellos Bolivia.
“El tratado recoge obligaciones en tres ámbitos diferenciados: una dimensión sistémica, garantizando entornos seguros y propicios para la defensa ambiental y dos sub-ámbitos específicos, por un lado, de prevención y protección para evitar que las violaciones ocurran y, por otro, de reacción o respuesta si no se han podido evitar, tal como la investigación y la sanción”, explica a DW Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).
Hace unos días la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y sus organizaciones miembros de los nueve países amazónicos lanzaron la “Declaratoria de Emergencia de Derechos Humanos para defensoras y defensores indígenas de la Amazonía: Sangre en la selva, exigimos justicia.”
Esta declaratoria denuncia los asesinatos contra líderes y lideresas que trabajaban en la defensa del territorio, ambiente y los derechos de los pueblos indígenas en la cuenca amazónica. En 2020 se registraron 202 asesinatos en países como Colombia, Brasil, Perú y Bolivia.
Por ello, se destaca más aún la vigencia de este Acuerdo de Escazú, “porque en un contexto de impunidad de asesinatos de nuestros defensores y defensoras indígenas, nos parece importante contar con un tratado internacional que obligue a los Estados de la Cuenca Amazónica a adoptar y aplicar leyes que garanticen una investigación oportuna e imparcial cuando se vulneren nuestros derechos”, dice por su parte José Gregorio Díaz Mirabal, Coordinador General de la COICA.
Este es el único acuerdo vinculante emanado de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20), el primer acuerdo regional ambiental de América Latina y el Caribe y el primero en el mundo en contener disposiciones específicas sobre defensores de derechos humanos en asuntos ambientales.
El Acuerdo Regional es Escazú está abierto a los 33 países de América Latina y el Caribe. El período de firma tuvo lugar entre el 27 de septiembre de 2018 y el 26 de septiembre de 2020 en la Sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Tras alcanzar los requisitos establecidos en su artículo 22, el Acuerdo de Escazú entrará en vigor el 22 de abril de 2021.
“Ya entra en vigencia este acuerdo y nosotros estamos preparados para hacer cumplir nuestros derechos, la participación y la justicia para el medio ambiente de Bolivia”, manifiesta el investigador y miembro del Comité Defensor de la Vida Amazónica en la cuenca del Río Madera, Vincent Vos
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