La Paz, 6 de octubre (ANF).- El Informe Alternativo al Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD por sus siglas en inglés) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) denominado “Discriminación Racial del pueblo indígena Tsimane’” visibiliza la situación de discriminación y violencia que afecta a los indígenas tsimanes y alerta sobre el avasallamiento de sus tierras por otros actores socioeconómicos, bajo la complicidad del Estado.
En un amplio proceso participativo entre las dirigencias de los diferentes territorios que tienen población tsimane’, organizaciones e instituciones de la sociedad civil elaboraron el informe en base a los testimonios y voces de los propios indígenas. Los tsimanes están dispersos en 164 comunidades, según los datos que maneja el Instituto Nacional de Estadística (INE) del Censo 2012, la población autoidentificada como tsimane’ alcanza a 14.902.
El informe se constituye en un documento alternativo al que presentará el Estado a la CERD, el que es un órgano de expertos independientes que supervisa la aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial por los Estados parte y que observará la situación en Bolivia.
“El objetivo principal del presente informe es visibilizar la situación de discriminación y violencia que afecta a las comunidades indígenas Tsimane’, esperando que sirva como herramienta para impulsar la atención del Estado y el cambio de las políticas públicas que les afectan”, señala el documento.
La historia de dominación colonial y la imposición de visiones civilizatorias ha establecido un “esquema de discriminación racial” cuyas principales víctimas han sido los pueblos indígenas, y es más visible en el pueblo tsimane’, que se encuentra disperso entre las provincias Moxos, Ballivián y Yacuma del departamento de Beni y las provincias Sud Yungas e Ixiamas del departamento de La Paz.
“Una de las principales preocupaciones de las organizaciones del pueblo Tsimane’ y de la sociedad civil, es que las tierras que habitan están siendo avasalladas por otros actores socioeconómicos, quienes, bajo la complicidad del Estado, han generado el desplazamiento forzado de muchas familias y comunidades”, se lee en el documento.
La discriminación también se refleja en la falta de acceso a la justicia en condiciones de igualdad, en relación a otros actores sociales de la región. Sus denuncias y procesos son paralizados y obstaculizados. Además del desconocimiento de sus autoridades y de sus mecanismos de resolución de conflictos.
La situación de discriminación que viven los tsimanes no se ejerce por disposiciones legales, sino por prácticas discriminatorias de instituciones y funcionarios públicos. Precisa que muchos de estos actos se realizan de la mano de otros grupos poblacionales; sin embargo, el Estado no asume medidas para proteger a las poblaciones tsimanes, ni para sancionar a los discriminadores.
“La discriminación ha llegado a niveles y consecuencias que están poniendo en riesgo el territorio, la cultura y la existencia misma del pueblo Tsimane’, ya que se observan infracciones contra los Artículos 2.1 a) y d) de la Convención”.
El reconocimiento y titulación de la propiedad de estos territorios les ha permitido cierta seguridad jurídica; sin embargo, el asedio, la presión y el despojo persiste pese a que se encuentren legalmente reconocidos. Una de las consecuencias de esta situación es que se ven obligados a abandonar sus tierras en conflicto y buscar otras tierras donde vivir.
Las comunidades tsimanes de Ixiamas se han visto obligadas a buscar nuevas tierras a causa del avasallamiento de sus espacios de vida. En el caso del Territorio Indígena Multiétnico sufren la presión de los dueños de estancias que extienden ilegalmente sus actividades agrícolas; las empresas madereras que pese a concesiones caducadas continúan con el aprovechamiento forestal; y en la parte sur, los interculturales ingresan por el TIPNIS.
Similar situación se vive en las comunidades ubicadas en el sur del TIPNIS, donde el asedio y la presión de los colonizadores y productores de coca es cada vez mayor. En la Reserva de Biosfera y Territorio Indígena de Pilón Lajas de 380.038,72 hectáreas que forman el área protegida, 15.305,69 hectáreas han sido tituladas en propiedad a favor de colonizadores que se habían asentado de forma arbitraria en el área, refleja el informe.
Asimismo, muestra el particular interés en 12 comunidades tsimane’ que se encuentran entre el Territorio Indígena Tsimane’ y la Reserva de Biosfera y Territorio Indígena de Pilón–Lajas, en el área que denominan “Sector Yacuma” las que carecen de reconocimiento de derechos sobre las tierras que ocupan desde tiempos precoloniales.
El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) realizó el “saneamiento de la propiedad agraria” y reconoció derechos propietarios a todos quienes demostraron una posesión o tenencia legal de la tierra, el 2010 se declaró parte de estas tierras como fiscales. Estas comunidades Tsimane’ no fueron tomadas en cuenta por el INRA, ni fueron consideradas sujetos de derechos.
El Estado boliviano, a través del INRA, en lugar de reconocer la propiedad de sus tierras y territorios comunales, como establece la Constitución Política del Estado y la Ley del Instituto Nacional de Reforma Agraria, declaró estas tierras como fiscales, propiedad y dominio estatal, para después entregarlas en dotación a otros sectores sociales, en una clara muestra de discriminación étnica y racial.
Hace 11 años que las comunidades Tsimane’ están tramitando el reconocimiento legal de esas tierras logrando a la fecha que 4 de ellas tengan un reconocimiento de derecho propietario pero las otras 8 no han logrado ser escuchadas por el Estado y viven en permanente presión, conflictos y despojo sistemático de sus tierras por la presencia de nuevos campesinos que llegan con autorización del Estado para ocupar y trabajar dichas tierras
En relación a la justicia, establecen que la discriminación contra el pueblo tsimane’ se manifiesta de dos maneras, por un lado, las dificultades del acceso a la justicia estatal y, por el otro, el no reconocimiento de sus propios sistemas normativos.
Desde la experiencia de las comunidades tsimanes el Estado nunca llega para hacer respetar sus derechos, sino para despojarlos de sus tierras. Además, al promover los asentamientos humanos en sus territorios, otorgar derechos de explotación forestal, minera, los indígenas quedan desprotegidos de sus medios de vida, porque la selva les da seguridad.
Otro de los problemas que enfrenta la población tsimane es la falta del documento de identidad un elemento básico para el ejercicio de la ciudadanía. Al no estar en el Registro Civil, no estar inscritos en el padrón electoral se cierran las posibilidades de ser reconocidos como individuos y menos como comunidades.
“Su desconocimiento como sujetos jurídicos, constituye una negación del derecho a la nacionalidad, el derecho a elegir o ser elegido, incluso el derecho a la propiedad; todos ellos establecidos en el artículo quinto de la Convención, como obligación de los Estados”, precisan.
La situación laboral es otro frente de preocupación, porque son cada vez más presionados a internarse en la selva o de lo contrario trabajar, incluso, para los avasalladores y las empresas madereras y someterse a largas jornadas de trabajo con bajas remuneración.
En el ámbito de la salud existe una baja cobertura, pese a que este es un derecho fundamental reconocido en la Constitución Política del Estado. Dentro de los 4 territorios y las 2 zonas en las que se identificaron 164 comunidades tsimane’, en las que existen alrededor de 15.000 personas, se encuentran 6 pequeños centros de salud, con un médico y enfermera.
Centros de salud que en muchos casos están a largas distancias de las comunidades, tampoco ofrecen las condiciones para atender a población tsimane. Alrededor de 100 comunidades de las 164 carecen de acceso al agua limpia, aunque no precisamente potable, en cambio acceden al agua con alto contenido de mercurio y otros contaminantes lo que los hace mucho más vulnerables a las enfermedades.
En materia de educación “Los centros educativos son básicamente escuelas para el nivel primario, hay 104 centros educativos, lo que significa que el 37% de las comunidades no tienen escuelas. Son 182 profesores (125 bilingües) para 164 comunidades, lo que significa 1,8 profesores por centro educativo”, precisa.
Al final del informe se realizan recomendaciones para que el Estado boliviano adopte medidas urgentes para garantizar el pleno ejercicio de los derechos del pueblo tsimane’, reconocidos y garantizados en las leyes, incluyendo la recuperación y titulación de tierras ancestrales para las comunidades del sector Yacuma, y la protección de los territorios de las comunidades tsimane’ de las TCO, legalmente reconocidas, contra las actividades mineras, los megaproyectos y avasallamientos de ganaderos, madereros e interculturales.
Por otra parte, piden que el Estado parte realice los esfuerzos para garantizar el acceso a documentos de identidad, el ejercicio de derechos ciudadanos y el acceso a la justicia, en condiciones de igualdad con otros sectores de la población boliviana, la erradicación y sanción a las formas de trabajo “servidumbrales”.
Plantean que el Estado intensifique sus esfuerzos para prevenir, investigar y procesar debidamente la violencia que otros sectores de la sociedad ejercen frente a la población Tsimane’, especialmente los hechos de violencia de género.
Alentamos también al Estado parte a establecer de forma urgente un plan de desarrollo integral con fondos suficientes que responda específicamente a las necesidades del pueblo tsimane’, especialmente en cuanto al acceso a servicios básicos culturalmente adaptados, como la salud y la educación, en consulta con sus comunidades y dirigencias y con su consentimiento, reconociendo su derecho a la libre determinación.
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