Por Karen
Gil
La Paz, 2 de septiembre (ANF).- “Me arrastraron, me quisieron hacer renunciar a la fuerza. Mi hijo tiene 10 añitos y no han respetado a mi hijo —dijo Juana Quispe Apaza y tragó saliva, mientras lloraba. Respiró y continuó— Discúlpenme… Por eso no quiero a veces hablar de ese tema. Duele”.
Era la enésima vez que hablaba del peligro que corría desde que decidió no renunciar a su cargo de concejala de Ancoraimes, municipio del Altiplano del departamento de La Paz, tal como se lo exigieron al poco tiempo que asumió el mismo.
Pero aquella vez era distinta. Era una mañana de 2011. En una sala fría de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol) estaban autoridades que como ella sufrieron acoso político por sus pares hombres o por alcaldes que evitaban que ejerzan sus funciones. Esas mujeres la escuchaban atentamente cada detalle de su suplicio y lucha, dependiendo el enfoque de la vivencia de cada una.
“No me he rendido, tomé fuerzas. Dije: ‘no voy a hacerlo (renunciar), si es posible mátenme. Estoy dispuesta para morir, mi hijo me va a ver cómo voy a morir’”, se la escucha en la grabación de ese día en la que relató sobre la vez, hasta ese momento, que más riesgo sintió.
Juana era una chola aymara y aquella vez tenía 42 años.
Su lucha había comenzado en abril de 2010. Claro, al final de la jornada de las elecciones municipales en que escuchó el recuento de los votos, que le dio 70 por ciento a su favor, nunca imaginó que sería el inicio de su suplicio.
Aventajó a su rival Juan Cutile, candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS), quien obtuvo alrededor de 15 por ciento de las votaciones.
De ese modo, Juana llegó a ser la primera concejala mujer en Ancoraimes, aquel municipio de la provincia de Omasuyos, que hasta ese día había tenido solo autoridades hombres tanto en el Ejecutivo como en el Concejo del Gobierno Municipal.
Ella ya tenía experiencia en liderazgo. Su cargo de secretaria general de la comunidad de Llojllata Laymini, donde nació, y luego en la Federación Departamental Única de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de La Paz “Bartolina Sisa”, le habían dado la oportunidad de demostrar sus capacidades como dirigente.
Por eso, la noche de las elecciones, ella, sus familiares e integrantes de la agrupación ciudadana Tupak Katari, con la que candidateó, fueron a ch’allar, con coca y alcohol en una esquina de la plaza principal de Ancoraimes. Todos estaban contentos con la elección. “Vamos a hacer proyectos”, decía la concejala electa.
Pero el festejo no duró mucho.
La mañana del martes 30 de mayo de 2010, familiares del alcalde y campesinos afines al MAS se apostaron en la puerta de la Alcaldía. Con chicotes y palos en las manos evitaron que Juana ingrese a la primera sesión del Concejo.
“Cuchiwarmi”, “Kusawarmi”.
Eran algunos de los insultos que le gritaban en aymara, cuenta su tío Casio Villanueva, en el patio de su casa, en la comunidad de donde era Juana.
La vinculaban con los hechos de corrupción del anterior alcalde, quien pertenecía a su agrupación ciudadana y estaba encarcelado. El presidente del Concejo, Pastor Cutile, y la vicepresidenta, Basilia Ramos de Tallacagua, respaldaron dicha acción.
Así, Juana ese día no ingresó al pleno.
Las siguientes sesiones no fueron distintas. Juana despertaba temprano para llegar a pie hasta el cantón donde se había determinado que serían las sesiones del Concejo, pero cuando llegaba al sitio o a minutos de hacerlo se enteraba que el lugar fue cambiado sin notificarle.
“Ellos tenían movilidad disponible del Concejo Municipal, pero a ella no le recogían, cargaban todo el grupo, se iban y abrían la sesión sin ella no. La Juana tenía que contratarse taxi, a veces en moto alcanzaba, pero en la puerta los militantes le atajaban, no le dejaban ingresar a las sesiones que se llevaba realizaban”, cuenta don Casio en medio del ruido de los patos y las gallinas.
Explica que los concejales pretendían que falte a las sesiones, pues si lo hacía tres veces, de acuerdo al reglamento interno, podría ser destituida.
“No le han dejado ejercer sus derechos”, asegura.
Juana, a diferencia de su correligionario, a quien también lo presionaron, decidió no renunciar y emprender su batalla legal. Interpuso recursos de habeas corpus y amparo constitucional, los cuales, en septiembre de ese año, salieron a su favor para que se le restituyera en su cargo y le repongan sus sueldos no pagados de cinco meses.
Tras los amparos, el presidente del Concejo, Pastor Cutile, se molestó más. La presión subió hacia Juana. Los afines a Cutile y al alcalde, le gritaban por la calle y amedrentaban a su entorno. Cada vez eran menos las personas que la apoyaban.
Todo eso no detuvo a la concejala. Interpuso una demanda penal contra Cutile Quispe, Ramos y el alcalde Huanca, por los delitos de desobediencia a resoluciones de las acciones de habeas corpus y amparo constitucional.
La audiencia conclusiva en el juzgado del municipio de Achacachi —a una hora de Ancoraimes— se suspendió en varias ocasiones porque los partidarios y familiares de los denunciados llegaban con petardos, para evitar que se instale.
“En esa audiencia ya se han asustado los concejales, el alcalde mismo, y le ruegan a la Juana y le dicen: ‘ya tienes que incorporarte’, te hemos pagado un cheque’. Le giran un cheque de 7.000 bolivianos, de su sueldo, pero obligándole a que desista de ese juicio y la Juana desiste. Ha firmado”, relata su tío.
Al enterarse de ello, la defensa de Juana retira el desistimiento, aludiendo que en el documento firmado por su defendida no se consideraba el resarcimiento de daños y perjuicios, por lo que no tenía validez. El juicio continúa y también los insultos, que calificaban a Juana como prostituta, entre otras cosas.
Tras la retractación del desistimiento, la mañana del viernes de inicios de 2012, el secretario ejecutivo del sindicato agrario, Ignacio Ticona, convocó a los ponchos rojos, afines al MAS, a un ampliado para obligarle a renunciar. La acusaba de que sus acciones legales no dejaban trabajar a la Alcaldía.
La citó en la esquina de la plaza de Ancoraimes, a la altura de la Iglesia, a las 11:30. Allá se habían dado cita decenas de personas, que parquearon una veintena de minibuses.
Juana llegó con su hijo de 10 años. Apenas intentó hablar para explicar su posición, tres mujeres robustas y altas le empujaron. El niño gritaba, se agarraba de la pollera de su madre. Las mujeres le comenzaron a jalar de sus cabellos, y sus dos trenzas largas se deshicieron en el instante. El pequeño pedía auxilio.
Don Casio no pudo llegar hasta ella porque la gente que estaba furiosa lo evitó. Él asegura que el alcalde pagó 200 bolivianos a todas las mujeres, que manejaban palos, y las demás personas que agredieron a su sobrina.
Juana logró escapar unos metros, pero otras corrieron hasta ella. Se tiró al suelo para evitar caminar. Pero aun así la arrastraron en la calle de tierra, mientras le pedían que firme el desistimiento de la demanda contra Huanca, Cutile y Ramos, además de su renuncia.
“Querían hacerme renunciar yo dije no voy a hacerlo. Yo estaba con mi hijo de 10 años, ‘que me vea mi hijo, estoy dispuesta para morir’. Eso es lo que he dicho hermanas”, reiteró Juana a las concejalas, cuando volvió a retomar el relato en Acobol. Tomó aire nuevamente y narró otros momentos en los que sufrió agresiones.
Le tocó contar la vez que, en la puerta del Juzgado de Achacachi, después de una nueva suspensión de la audiencia conclusiva, una prima de Huanca le echó a los ojos cemento en polvo, que había en la acera que era reparada.
“Yo ya no quisiera hablar, porque no quisiera llorar lo que he sufrido como mujer, hermanas… Pero voy a seguir luchando hermanas, aunque al contar llorara, no me callaría, hermanas. Me duele, lo que he sufrido”, les dijo Juana a las concejalas, como una promesa de que no claudicaría. Así se la escucha en uno de los pocos audios que hay con su testimonio.
Le afectaba recordar, pese a que había relatado esa y las otras historias muchas veces en distintas instancias. Juana recurrió a la Fiscalía, al Juzgado, Tribunal Constitucional, Ministerio de Justicia, Órgano Electoral, a la Defensoría del Pueblo, Asamblea Permanente de Derechos Humanos, a Acobol, a la Asamblea Legislativa, en busca de que el Estado le diera garantías para continuar con su ejercicio político. Ninguna institución le brindó lo que necesitaba, protección.
Es más cuando finalmente se llevó la audiencia conclusiva y se emitió detención preventiva contra Huanca por desacato de un amparo constitucional, este apenas permaneció tres días encarcelado en el penal de San Pedro de La Paz. Don Casio cree que corrió dinero para comprar a la justicia.
El alcalde, ya libre, le prohibió llegar al pueblo de Ancoraimes. Los familiares de este hacían vigilia para que Juana no entrara.
Pero ante la presión y para evitarse problemas con la justicia, sus detractores le permitieron ejercer su cargo el 9 de febrero de 2012, después de 20 meses de habérselo negado.
La concejala entraba a las sesiones con su librito de contabilidad Básica de Moreno Fernández y con su cuaderno de espiral de 200 hojas en el que anotaba todos los balances.
Había esperado casi dos años para ejercer su cargo de fiscalizadora, por lo que ya adentro quería hacerlo bien. Por eso cuando ya retomó sus funciones, se rehusó a aprobar el presupuesto reformulado para ese año, hasta contar con un informe del manejo de económico de la Alcaldía de las anteriores dos gestiones. No le importaba que sus colegas pasaran su dedo por su cuello a modo de amenazarla.
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Juana Quispe fue asesinada el martes 12 de marzo de 2012, a 32 días de haber sido restituida en sus derechos políticos. Su cuerpo fue encontrado un día después en el río Orkojahuira, con marcas de ahorcamiento, presuntamente, con el cinturón de seguridad del asiento de un minibús.
Según el cuaderno de investigaciones, la última vez que se la vio fue en compañía del alcalde y de los concejales Cutile y Ramos. Todos ellos fueron a la marcha por el día del Acullico.
El hecho se dio 12 días después de que Cutile y Ramos la amenazaron de muerte porque se negaba a viabilizar los presupuestos y dos días antes de que se llevara la audiencia conclusiva, que —según su defensa de ese entonces— saldría a favor de Juana.
Los testimonios dan cuenta de que la concejala llevaba en su bolso las grabaciones de audio y de video, en las que se develaban actos de corrupción en la licitación de obras de riego y manejos económicos de la Alcaldía.
La noche que asesinaron a Juana, se escuchó la detonación de petardos en el centro poblado de Ancoraimes y en la comunidad de Sotalaya, de donde era el alcalde Huanca.
“Ha sido a modo de festejo, a mi manera de ver”, asegura don Casio.
Tras siete meses de investigación del hecho, se inició un proceso por el delito de magnicidio contra Huanca, Cutile y Ramos, en grado de autoría intelectual. Además de Exalta Arismendi, a quien —según las investigaciones— el alcalde le pagó un sueldo mensual para que se hiciera muy amiga de Juana e informara de sus acciones de fiscalización.
Al asesinato de Juana se lo considera como emblemático, porque aceleró la aprobación, el 28 de mayo de 2012, de la Ley “Contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres”, la cual fue propuesta por organizaciones de mujeres en 1998.
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La primera vez que pregunté en Ancoraimes por este caso, en septiembre de 2017, el nombre de Juana Quispe a nadie le hacía eco.
“!Ay! no le sabría decir“, me dijo el dueño de una casa en el centro poblado y quien vivía allá desde siempre.
“¿En qué estará el caso?”, me respondió el alcalde de Ancoraimes.
Una de sus pocas autoridades mujeres fue asesinada, presuntamente, víctima de violencia política. Su caso no había sido resuelto cinco años después, hasta ese entonces, y a la gente de Ancoraimes no le quitaba el sueño. Al igual que ahora.
—Ha quedado en el olvido, totalmente, —lamenta don Casio mientras coloca la tercera cucharilla de azúcar a su café con leche en el restaurante improvisado del hostal comunal de Ancoraimes.
Es la mañana de un domingo de julio de 2019. Pasaron siete años y cuatro meses de la muerte de la concejala y hasta ahora solo hay acusación formal contra dos de los sindicados como autores intelectuales: Pastor Cutile y Basilia Ramos. A Huanca y Arismendi los sobreseyeron.
Don Casio —bigotes y cabellos negros blanquecinos, chamarra gruesa negra y visera azul—tiene más de 50 años y hace siete ha dedicado su vida a continuar el proceso penal en busca de justicia para el asesinato de su sobrina. En el camino dejó su trabajo en la construcción, porque implicaba viajar a Santa Cruz y a otros departamentos.
—Yo he dicho: se va esclarecer rápido, porque ya se sabía quiénes eran sus enemigos políticos, ya se sabía todo, hasta la justicia sabía cuáles eran los móviles. Pero lamentablemente pasó meses, años han pasado y recién me doy cuenta de que la justicia es un poder económico. Los que tienen poder económico, los que están protegidos políticamente, esos tienen justicia.
—¿Cuánto dinero ha gastado?
—Mucho es pues, mucha plata es ahorita no puedo justificar sinceramente.
Don Casio no cubre los honorarios de la abogada Valquiria Lira, quien lleva el caso de manera gratuita. Pero en todos estos años tuvo que pagar parte de los pasajes y alimentación de los testigos y de las personas que iban a protestar a la Fiscalía en busca de justicia, además de las fotocopias de los documentos. Al inicio los comunarios aportaban, pero con el tiempo los gastos y todo el seguimiento del proceso se concentraron en don Casio.
Pero no solo eso. Los primeros dos años tocó puerta por puerta de los 30 testigos que declararon sobre las amenazas y agresiones que sufrió Juana. Mandó cartas a la Vicepresidencia, Palacio de Gobierno, Ministerio de Justicia, Fiscalía. Visitó a los medios de comunicación y a instituciones que defienden el derecho de las mujeres. Se podría decir que hizo similar peregrinaje que su sobrina cuando también buscaba justicia.
Leyó la Constitución Política, el Código Penal y otras normas. Se hizo asesorar con varias personas sobre leyes, por eso cuando habla, si bien a veces la memoria le falla, usa la terminología legal correcta.
Es el único pariente que sigue el caso. Las hermanas de Juana le acompañaron los primeros años, pero tras tantos años sin respuesta decidieron dejar la justicia en manos de Dios.
Don Casio ya perdió la cuenta de cuántas audiencias se suspendieron en estos siete años. Muchas por ausencia de los imputados.
Recuerda ese martes de 2015, que, a través del Observatorio de Exigibilidad de los derechos de la Mujer, se gestionó pasajes y alimentación para que los testigos asistan a la reconstrucción de los hechos del día en que su sobrina perdió la vida. Él fue a notificar a cada uno de ellos, muchos le aseguraron; pero finalmente la Fiscalía no llevó a cabo ese acto investigativo, hasta ahora.
No llega a entender por qué un caso tan emblemático y mediático, que incluso fue reflejado por la prensa internacional en el reportaje Muertes anunciadas —que narra tres hechos de violencia a la mujer en Perú, Ecuador y Bolivia—, no avanza.
Prefiere no pensar más y toma el último sorbo del café con leche.
La pregunta que se hace don Casio, le hace a Valquiria Liria, la abogada que lleva el caso. Ella cree que este no prospera porque hay intereses políticos de por medio. Solo así, dice, se puede entender que, en todos estos años, de unas 20 audiencias programadas 15 se suspendieron y que en el camino cambiaron seis fiscales. Incluso uno de sus testigos fue procesado por Félix Huanca, pero ese juicio no prosperó porque ella observó que el abogado demandante era el hermano del juez que llevaba el caso.
El despacho de Valquiria Lira está oculto al fondo de una oficina custodiada por cámaras, en el segundo piso de una casona del casco viejo de la ciudad de La Paz.
Sobre una mesa redonda estaban dos archivadores negros con unas 300 páginas cada uno. En estos hay citaciones, memoriales, declaraciones de los testigos, imputaciones, sobreseimientos, anulaciones de los sobreseimientos del caso, notificaciones, recortes de periódico del aniversario del primer año de impunidad de la muerte de Juana, del segundo, del tercero, del cuarto, del quinto, del sexto, del séptimo.
—Son cinco folders y en la Fiscalía son seis. En total deben ser 1.500 páginas, —me dijo con voz aguda, mientras se escuchaba una tonada de música clásica, que combinaba con el aroma de incienso de lavanda.
Lira —cola de caballo, abrigo negro de una talla más grande, con cuero en las solapas, codos y bordes de los bolsillos— explicó que en el proceso hubo dos imputaciones contra Félix Huanca, las cuales fueron anuladas.
“Félix Huanca cuando ha sido imputado, ha hecho anularla y luego hemos tenido que volver a hacer imputar, ha vuelto a hacer anularla y luego lo han imputado nuevamente, luego han rechazado, antes han rechazado, luego han ordenado que se lo impute, lo han imputado, y después lo han sobreseído”.
Para Lira, la ausencia de leyes y la falta de protección inmediata para las personas que son agredidas en razón de su actividad política fue el motivo que llevó a la muerte de la concejala.
“Consideramos como estudio que se trata de un acto de magnicidio porque viene contra una autoridad, viene de una conspiración, viene de un odio visceral, que es con carácter político”, dijo Lira, mientras revisaba los documentos.
Explicó que la situación no ha cambiado mucho, porque pese a las pruebas y testigos, a mediados del año 2017 la Fiscalía ha sobreseído al principal sospechoso, Félix Huanca, y a Basilia Ramos de Tallacagua. Aunque aclaró que, se objetó ese sobreseimiento, pero desde el año pasado no tiene una respuesta del Ministerio Público.
La abogada está segura que el Estado no está realizando el trabajo adecuado para acelerar la investigación y además que, en primera instancia no veló por la seguridad de Juana. Se respalda en el fallo del Tribunal de las Mujeres Contra la Impunidad, que en 2015 y 2017, impuso una sanción moral al Estado. La primera, porque el Órgano Ejecutivo y Legislativo no actuaron oportunamente para la protección de los derechos de la concejala. La segunda, lo sanciona por la retardación de justicia, “ya que el Órgano Judicial a través de sus actores: fiscales Patricia Santos, Jhony Garnica, Fernando Cabrera, Susana Boyan, Genaro Quenta y la jueza Lía Cardozo han incumplido sus deberes como representantes de la sociedad, generando retardación, negación de justicia e impunidad”.
Esos fallos fueron los antecedentes de la nueva decisión.
Tras varios días y noches de estudiar los cinco folios del proceso, un grupo de abogados de La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas) llegó a la conclusión que este tuvo plagado de elementos en los que el Estado dilató la justicia.
Por eso, en convenio con el Observatorio de Exigibilidad de los derechos de la mujer, propusieron a don Casio llevar el caso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de Organización de Estados Americanos (OEA), en Colorado, Estados Unidos.
“Hubieras visto el brillo que no había visto en su mirada todo este tiempo que habíamos hablado, alguito de esperanza”, me contó Verónica Salinas, legalista y especialista en derecho internacional de Unitas, sobre la vez que le dijo a don Casio sobre la noticia.
Es así que el 2 de octubre de 2018, don Casio se vio sentado en una de las salas donde se desarrollaba la 169 periodo de sesiones de la CIDH. A su lado estaba Verónica y al otro Eulogia Choque, del Observatorio. Estas dos primeras explicaron el problema en términos generales y don Casio dio su testimonio.
—El proceso penal ha sido un calvario. Son seis años que mis sobrinas y yo hemos peregrinado para que lleguen la justicia, de lo que tanto hablan en el país, —leyó don Casio su discurso, tranquilo y con seguridad. Así se lo ve en el video que está colgado en YouTube.
En la testera estaban los comisionados que escuchaban atentamente el reclamo de la sociedad civil sobre la situación de la mujer en la audiencia temática de “Violencia contra lideresas sociales”.
En representación del Estado frente a don Casio estaban el subprocurador del Estado, Ernesto Rossel Arteaga, y la entonces viceministra de Justicia y Derechos Fundamentales, Érika Chávez, quienes por los nervios no leían su discurso de manera corrida.
—La muerte de la Juana fue una muerta anunciada. Ella resistía agresiones constantes y físicas, —repitió don Casio una vez más, pero esta vez ante una instancia internacional.
Rossel, a nombre del Estado explicó todas las normas de avanzada que tiene Bolivia en protección de la mujer, pero también aceptó que existen fallas en la aplicación de las mismas.
—En el caso de la concejala el Estado no quiere ser indolente ante el sufrimiento de una víctima, en ese sentido es evidente que la dilación del proceso responde una estrategia promovida por los imputados. El juzgador en el marco de su sana crítica deberá resolver en los tiempos que corresponda el caso observando las garantías pertinentes. Y el Estado hará sus mejores esfuerzos en verificar es lógica”, se comprometió frente a los comisionados y ante la pregunta de por qué no se ha sancionado sobre este caso.
Ese día, fue un respiro para don Casio.
Aunque no duró mucho, porque a nueve meses de esa promesa, el caso no avanza. Desde la Procuraduría aún no dieron respuesta sobre qué se hizo respecto al compromiso ante los comisionados, pese a las preguntas escritas solicitadas por la ANF.
A las semanas de volver de Colorado, el Ministerio de Justicia le propuso a don Casio iniciar de cero todo el proceso.
“Pero cómo a la gente de vuelta llevar los testigos, demasiado complicado, ni un testigo ya me va aceptar, es tiempo nadie me va aceptar. Entonces eso era perder soga y cabra, todo y por eso yo no he aceptado. Por eso parece que del Ministerio me han abandonado”, me dice don Casio, frente al nicho blanco descuidado donde descansan los restos de Juana en el Cementerio General de Ancoraimes, y de su voz se percibe hastío.
Ese mismo hastío que muchas veces le causó cansancio y por lo que pensó en tirar la toalla, pero a los minutos recordó que no puede hacerlo. Todas esas veces le llegó a la mente el último día que vio con vida a Juana.
—Buenos días, tío, —le saludó Juana cuando pasó por el chaco, donde don Casio trabajaba la tierra. Sin descargarse el aguayo, Juana se quedó parada unos minutos.
No se veían hace varias semanas porque desde que había retomado sus labores en el Concejo, la presión de los concejales hizo que se alejara de su familia, principalmente de él, a quien le llamaban su asesor.
—¿Cómo estás?, —le preguntó su tío.
—Ahí nomás. Luchando, pero si me matan, tío te quedarás con las manos cruzadas o harás que se haga justicia— le conminó y continuó su camino.
Esa recomendación hace que don Casio saque fuerzas de todo lado, para continuar con la demanda y esperar pacientemente que la Fiscalía resuelva continuar con el proceso y así que el asesinato de Juana Quispe no quede en el olvido.
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Pocas personas se empeñan en no olvidarla, una de ellas es Narnia (nombre convencional), su amiga de más de cinco años, antes de que sea concejala, y una de las testigos del proceso.
La oficina de Narnia está llena de muebles: escritorio, sillas, cuadros, dos armarios, un librero, un altar. En este luce la foto de su mamá fallecida, una imagen de virgen María y otra del Tata Santiago.
En la esquina del cuadro del santo está una pequeña fotografía, en realidad parte de ella. En esta está Juana sosteniendo un certificado de un taller de derechos de las mujeres, una de las tantas a las que fue para formarse. Tiene mixtura en la cabeza.
Es uno de los pocos retratos que hay de ella. En otro, encontrado en internet, está sonriente con aretes. Y de otro hicieron un afiche, el cual Eugenio, su otro tío, lo tiene como reliquia en su casa de Ancoraimes y la saca con cariño cada vez que habla de ella. Esa foto y su pequeña casucha son las pocas cosas materiales de Juana que quedan en su comunidad.
Narnia tiene que viajar a Sucre, pero podría quedarse a hablar horas de la Juana Banana, como le decía.
—Yo fui una de las últimas en hablar con ella, —me dice y llora.
Mientras relata cuando la vio muerta en el ataúd, va hacia uno de sus dos armarios y saca una bolsa negra.
—Ahí está su ropa. Su exmarido me lo ha traído antes de irse.
Saca una chompa y blusa beige de una bolsa plástica negra. Ambas prendas están con manchas de sangre y con tierra, que deja su rastro en el escritorio donde los coloca.
—Es la ropa con la que la asesinaron. No la he lavado.
—¿Por qué?
—Porque acá está su alma y así quiero recordarla.
La ropa con la que murió su amiga le hace recuerdo de que su asesinato sigue impune. Y como dice doña Griselda Sillerico, activista en derechos humanos, esa impunidad da vía libre para que las mujeres sigan siendo violentadas en sus derechos políticos, de ahí que las denuncias de casos de acoso y violencia política en Acobol aumentaron de 64 en 2017 a 117 en 2018.
Por eso, para Narnia tener la ropa con rastros de sangre le permite no olvidar a su amiga y continuar exigiendo justicia.
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