La Paz, 13 de diciembre de 2022 (ANF).- Bertha Ayala tiene 54 años, es oriunda de la comunidad de Totoral Chico, provincia Poopó del departamento de Oruro, es miembro del Consejo de Justicia Ayllu Acre Antequera, desde donde se enfrenta a la empresa minera Illapa S.A., ahora asume su defensa en un proceso penal acusada por avasallamiento minero.
La empresa, según Ayala, afectó a prácticamente las ocho comunidades que forman el ayllu, no solo por la contaminación del agua, sino que el líquido se ha ido secando paulatinamente desde que esa compañía opera en el lugar, contó la defensora social y ambiental.
“La contaminación está terrible, el medio ambiente. Realmente la empresa transnacional que trabaja en la comunidad de Antequera ha ido secando todas las aguas, todas las vertientes y los pozos que teníamos, bofedales, lo ha ido secando”, declaró preocupada por el futuro del medioambiente y de los habitantes.
El problema data de 2018, cuando advirtieron que el agua se estaba secando, en ese entonces las autoridades argumentaron que era producto del cambio climático, pero ese no era el problema, sino que la empresa en cuestión extraía más agua de lo que le permitía su licencia ambiental.
Ayala alerta que en su comunidad no hay agua y si no hay agua para los seres humanos, peor para los animales, lo que pone en una situación altamente difícil de los habitantes. “Hemos sido totalmente afectados en el tema del agua”, cuenta apenada.
La impotencia se apodera de la defensora ambiental cuando relata que para estas comunidades afectadas por una empresa transnacional “no hay justicia”, porque las autoridades no hacen cumplir la Constitución ni las leyes.
“No hay autoridad que nos haga justicia. Lo único que les interesa es ganar dinero, pero no les preocupa de lo que van a vivir sus hijos y sus nietos (…) Van a tener que migrar y eso es triste”, comenta.
Argumenta que para defender sus derechos individuales y colectivos se creó el Consejo de Justicia en 2016, asimismo, recurrieron a la jurisdicción indígena originaria campesina para hacer frente a la empresa, pero fue en vano, ni la justicia indígena ni la justicia ordinaria precautelan los derechos de las familias de las comunidades.
Alega que la empresa “no respeta” a las instituciones ni a las autoridades. Denunció que las organizaciones de las comunidades fueron divididas, algunas autoridades cooptadas por la empresa, dejando a las comunidades a su suerte.
Según Ayala, la empresa “les amenaza, imprime miedo” con echarlos de sus fuentes laborales a los pocos comunarios que trabajan. “Les voy a botar del trabajo y dónde van a ir, quién les dará trabajo. Se aprovecha de la situación económica que pasamos”, lamentó.
Defiende su territorio a pesar de las adversidades, ahora debe enfrentar un proceso penal que le abrió la empresa minera, la acusó de “avasallamiento”. “Lo peor que ha hecho la empresa es procesarnos, perseguirnos, judicializar nuestra protesta en defensa de nuestro territorio”, afirma.
“Es una gran preocupación para el Consejo de Justicia cómo vamos a hacer frente a esta empresa transnacional que está exterminando a las comunidades de aquí a futuro, qué van a comer nuestros hijos y nuestros nietos. Nos están dejando sin agua”, reitera.
En contacto con ANF, Ayala dijo que ahora por defender su territorio tiene que enfrentar un proceso legal en la justicia ordinaria, toda vez que la Fiscalía de Huanuni ya formalizó la acusación; mientras que su abogado le dijo que se abrirá un juicio oral.
“Contraté abogado, nunca pensamos que la empresa iba a proceder de esa forma. No hice el seguimiento del caso, yo no entiendo mucho el tema legal. Ahora, dice que hay una acusación formal por avasallamiento minero”, sostiene.
Cuestiona que la acusen de avasallamiento cuando en realidad todo este tiempo, desde 2018, viene defendiendo el agua, el derecho de los habitantes a decidir sobre su territorio y a oponerse al “abuso” de una empresa que solo le interesa saquear los recursos naturales de la zona.
“A mi sin hacer nada, en mi propia tierra (me procesan) no puedo ser avasalladora. Me han acusado, lo han legalizado, el abogado me dice que me están haciendo un proceso por avasallamiento minero. Sin hacer nada sin cometer delito me procesan”, protestó Ayala.
De forma visionaria, Ayala dice que los comunarios van a pagar por el despojo que está haciendo la empresa, porque la compañía se irá después de haber explotado las riquezas y dejado sin agua a las comunidades, pero que serán los habitantes del lugar los que asuman las consecuencias de ese desastre.
Otros testimonios sobre las consecuencias del agua contaminada
Pero las consecuencias del agua contaminada por efectos de la intervención de la empresa también sufren otros habitantes que cuentan a la organización Cenda su experiencia.
Un comunario relató que en 2006 cedieron 80 hectáreas de terreno, 30 para el espejo de agua y 50 para la reforestación, pero que a la fecha no existe ni un arbolito para cumplir el compromiso. “Es decir, se han hecho la burla de los campesinos”, repudió.
Explicó que eran terrenos cultivables y que se otorgó esas tierras con la condición de que generen fuentes de empleo, pero que en los hechos no les dieron trabajo a los comunarios. Advirtió que todo apunta a la mayor generación de contaminación con el tiempo.
Otro poblador dijo que, en una oportunidad, en el espejo de agua encontraron pájaros muertos y otros animales. Eran las consecuencias del agua contaminada. “Su estómago, las tripas estaban quemadas por el agua que consumieron”.
Una mujer de la región contó su experiencia, dijo que en una vez se enfermó gravemente por consumir el agua.
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