La Paz, 9 de mayo de 2024 (ANF). - El anteproyecto de ley “Lo ajeno no se toca” que presentó este jueves el Gobierno plantea que el Ministerio Público suprima la figura de imputación contra aquellos sujetos que sean aprehendidos en flagrancia sustrayendo pertenencias. Un experto en derechos humanos advirtió que esa propuesta vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia.
“Cuando una persona sea encontrada en flagrancia cometiendo este nuevo tipo penal de ‘apoderamiento flagrante de la cosa ajena’ puede ser aprehendido por ciudadanos o la Policía, cuando sea aprehendido la Policía Boliviana va a emitir un informe de acción directa y va a escribir que fue dentro del nuevo procedimiento denominado ‘procedimiento sumarísimo penal’. Los fiscales no tendrán que emitir una imputación, directamente van a emitir una acusación penal en contra de estos delincuentes”, explicó el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Al respecto, el experto en derechos humanos Franco Albarracín advirtió que la propuesta normativa vulnera el debido proceso y la presunción de inocencia, observó que la autoridad gubernamental desconoce los tratados internacionales en esa materia y la Constitución Política del Estado (CPE).
“Una propuesta que vulnera el debido proceso y el principio de inocencia. El ministro @EDelCastilloDC parece ignorar la Constitución y todos los tratados internacionales en materia de DDHH”, escribió el abogado en sus redes sociales.
Del Castillo entregó la propuesta normativa al presidente Luis Arce y al vicepresidente David Choquehuanca, para que sea remitida a la Asamblea Legislativa. En el acto participaron los dirigentes de los sectores sociales y el Pacto de Unidad del bloque arcista.
Los artículos 116 y 117 de la Constitución Política del Estado establecen ambas garantías jurisdiccionales que se aplican en un determinado proceso y en las acciones de defensa.
“Se garantiza la presunción de inocencia. Durante el proceso, en caso de duda sobre la norma aplicable, regirá la más favorable al imputado o procesado. Cualquier sanción debe fundarse en una ley anterior al hecho punible”, dice el enunciado 116.
Mientras que el 117 señala que “Ninguna persona puede ser condenada sin haber sido oída y juzgada previamente en un debido proceso. Nadie sufrirá sanción penal que no haya sido impuesta por autoridad judicial competente en sentencia ejecutoriada”.
En ese contexto, Albarracín señaló que el proyecto normativo tiene la finalidad de intensificar la persecución política contra aquellos opositores que no comulguen con el Gobierno de turno.
La propuesta
Del Castillo dijo que se está proponiendo la creación de un nuevo tipo penal “apoderamiento flagrante de la cosa ajena”, que prevé una sanción de siete años de cárcel sin derecho a indulto cuando aquella persona que sea sorprendida en flagrancia sustrayendo joyas, dinero, valores, minerales, energía y otros elementos.
En caso de que se someta a un procedimiento abreviado, se reducirá su sanción en dos años y si es reincidente será sancionado con dos años adicionales a la pena inicial impuesta. Si se trata de una persona extranjera y su situación migratoria es irregular, será sancionado con una pena de ocho años de cárcel.
La autoridad gubernamental advirtió que aquellas personas que se opongan a la aprobación de ese proyecto de ley son cómplices de los delincuentes, que estarán en contra de que la situación del país no cambie.
Estudio
Por otra parte, el ministro mostró datos, indicó que en 2023 se denunciaron 21.330 hechos por delitos contra la propiedad, es decir, robos, hurtos, robos agravados, abigeatos, “juqueos”, entre otros. De ese total, solo se aprehendieron a 2.931 implicados en los ilícitos, de los cuales 2.400 salieron en libertad.
“De esas 21.330 denuncias, la Policía Boliviana logró la aprehensión de 2.931 personas. Sin embargo, (de todas ellas) 2.400 obtuvieron su libertad, esto quiere decir que de nada está sirviendo el trabajo de la Policía (…) y que el ordenamiento jurídico vigente ya no está funcionando”, afirmó.
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