La Paz, 27 de noviembre de 2024 (ANF). - La policía y el personal de la fiscalía allanaron este miércoles las oficinas de la Alcaldía de Achocalla con el fin de recolectar indicios dentro de las investigaciones por la mazamorra que se produjo en la zona de Bajo Llojeta, el fin de semana.
Alrededor de seis uniformados y dos funcionarios de la fiscalía de La Paz ingresaron a los ambientes de la alcaldía a las 14:00, aproximadamente. El fiscal del caso llegó hasta la oficina de la autoridad edil, Manuel Condori, para recolectar documentos que permitan esclarecer el hecho.
La fiscalía departamental de La Paz abrió una investigación de oficio por la mazamorra que destrozó al menos 70 viviendas y causó la muerte de una menor de cinco años en la zona de Bajo Llojeta. El hecho ocurrió la noche del sábado luego de una intensa lluvia que se registró en esa zona.
De acuerdo a la investigación preliminar, ese desastre se originó por un movimiento de tierras que aparentemente se produjo en el Cementerio Los Andes propiedad de la empresa Kantutani.
Al respecto, los alcaldes de La Paz, Iván Arias, y de Achocalla, Manuel Condori, afirmaron que no dieron autorizaciones para que se realicen esos trabajos. Ambas autoridades ediles serán citadas por la fiscalía para que declaren en calidad de testigos.
Sin embargo, se conoció que el 5 de noviembre la unidad de gestión de riesgos de Achocalla y los representantes de la empresa firmaron un acta de conformidad en el que se autorizan el uso de maquinaria pesada para el encauce del río Pasajahuira.
“En fecha 5 de noviembre se presenta a través de una solicitud de respuesta a la notificación realizada en fecha 1 de noviembre de la presente gestión, sobre desvío del río Pasajahuira a una posible emergencia en el sector vulnerable de maquinaria pesada”, dice una parte del acta publicada por el periodista John Arandia.
En el mismo documento se señala realizar un trabajo conjunto entre la inmobiliaria el municipio para el encauce con la intervención de una excavadora hidráulica por el lapso de tres días, en una distancia de 275 metros que debían ejecutarse antes del 15 de noviembre.
Por otra parte, la gerente general de Inmobiliaria Kantutani, Milenca Dávalos, solicitó la realización de una auditoría técnica e independiente para determinar las responsabilidades que correspondan públicas y privadas.
La representante dijo que, por tratarse de un tema delicado, no se puede afirmar la culpabilidad de nadie sin que se realice ese trabajo de manera imparcial y los aspectos técnicos que pudieron incidir en el desastre.
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