La Paz, 29 de noviembre de 2023 (ANF).- El director de Régimen Penitenciario Juan Carlos Limpias indicó que las denuncias y versiones de exautoridades sobre elevados cobros extorsivos en el penal de San Pedro dan a entender que en el recinto carcelario solo habría gente rica, cuando la cara de las cárceles es de pobreza.
Limpias reconoció problemas de cobros ilegales en las cárceles, que por ley están prohibidos, pero cuestionó que los montos sean de 3.000 a 10.000 bolivianos que, según dijo, son una “irrealidad”.
“A veces he escuchado a una exautoridad decir que ahí corre millones, que ahí hay millones, en la cárcel de San Pedro, pero como principio, en los más de 25 años que trabajo (en el tema penitenciario), tenemos que la cárcel tiene un rostro pobre, ahí está la gente que no ha podido comprar la justicia, hay gente por delitos de bagatela, pocas son las personas que teniendo recursos están en privación de libertad”, dijo Limpias a ANF.
Para la autoridad, estas versiones pretenden hacer ver “como que todos (en San Pedro) son ricos, que entran puros ricos a la cárcel, porque corre dinero”.
“Yo le aseguro que la mayoría de la población privada de libertad que está en el penal de San Pedro es gente de escasos recursos”, enfatizó la autoridad.
De acuerdo al Censo carcelario de 2019, nueve de cada diez detenidos ocupaban labores como comerciantes, empleados de seguridad, trabajadores agrícolas, de la construcción, artesanos, lustrabotas, lavanderas, entre otros, es decir parte de la economía informal y cuentapropias, que en su mayoría lograron estudios primarios y secundarios incompletos. Son escasos los privados de libertad que portan grados superiores.
Pero las denuncias sobre los cobros extorsivos en el penal son constantes. Esposas, madres y hermanas piden incluso rebaja a los delegados del penal para poder pagar. Los cobros son a la mala, por lo que muchas familias deben disponer de sus ahorros o vender sus bienes para pagar a los delegados.
Un interno conocido como Raúl dijo a ANF que al llegar a San Pedro fue torturado por los delegados durante dos días. Le exigieron 10.000 bolivianos, un monto demasiado elevado para que pueda conseguir su familia. Cada vez que lo torturaban, le pasaban el celular para que llame a su mamá. Solo pudo conseguir 7.000. Terminó con fisuras en las costilla, el rostro hinchado y problemas de respiración.
“De todo esto sabe el director del penal, el coronel, pero no hacen nada, no les interesa parar porque también ganan de eso”, dijo Raúl.
“Imagínense dar plata, como dicen algunas denuncias, pagar 3.000, 4.000, 5.000, 10.000 bolivianos, personas que están presas por una garrafa, por el robo de un celular, imagínense qué van a poder conseguir ese dinero, entonces a veces ese tipo de opiniones lastimosamente genera un estigma en el privado de libertad, toda una irrealidad”, cuestionó Limpias.
Sin embargo, los cobros fueron constatados por las planillas de las diferentes secciones divulgadas por los propios internos, por informes de la Defensoría del Pueblo y de estudios sociológicos sobre la realidad penitenciaria.
“Yo entiendo las denuncias que hay, no quiere decir que no haya este tipo de situaciones, sería muy poco objetivo decir, no, no hay, hay esas cosas, estamos erradicando ese tipo de malas praxis al interior de los centros, de gente extorsionadora, de incluso servidores policiales, esas viejas praxis de años pasados”, explicó Limpias.
El monto de los cobros varía de acuerdo a las secciones del penal, siendo los más elevados, según los propios internos, en Pinos y Posta. De acuerdo a los delegados, los cobros se realizan para cubrir gastos de mantenimiento y construir celdas o hacer mejoramientos en la infraestructura ante el abandono del Estado.
Limpias remarcó que la normativa que constantemente socializan con los directores penitenciarios es que “está prohibido cualquier tipo de cobro, ni entre privados de libertad”, pero sigue pasando.
La vicepresidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, aseveró que es responsabilidad del Estado y de sus instituciones garantizar las condiciones carcelarias para el cumplimiento de sentencias, sin embargo, al no existir voluntad política, proliferan los cobros y extorsiones en los centros carcelarios con conocimiento de las autoridades penitenciarias.
Indicó que esta situación promueve la existencia de grupos delincuenciales dentro de las cárceles que se aprovechan de los nuevos internos y de sus familias.
“Hay muchos recluidos que no quieren salir de las cárceles porque han hecho grupillos de poder que básicamente ya han hecho un modus de vida en ese sistema, están a la pesca del que ingresa para así saber cuánto dinero captar, ya sea a la fuerza, a las buenas o a lo que fuera, pero ahí tienen que pagar, y eso lo sabe Régimen Penitenciario, perfectamente”, dijo Herrera a ANF.
Los cobros irregulares ocurren en casi todas las cárceles del país y las ejecutan los delegados y delegadas de los recintos en complicidad de las autoridades policiales y penitenciarias, de acuerdo a las denuncias de los privados y privadas de libertad, que fueron corroboradas por informes de la Defensoría del Pueblo.
Proceso a funcionarios y policías
La autoridad destacó los procesos que lleva adelante su dirección en contra de policías y exfuncionarios penitenciarios implicados en hechos de corrupción como cobros e ingreso de sustancias prohibidas.
Limpias indicó que está abierto a las denuncias y destacó que ahora los internos tengan más libertad para dar a conocer los abusos que se cometen en las cárceles.
“Cuando hay algún hecho irregular que llega como denuncia y se comprueba la situación, lo que hemos hecho es apartar al policía denunciado y que se le inicie un proceso por extorsión o algún tipo, también hemos tenido un funcionario civil que estaba cobrando por una salida a una persona mandando incluso QR, él ahora está en el penal de San Pedro como privado de libertad”, indicó.
Dijo que en lo que va de su gestión, más de 50 policías penitenciarios fueron enviados a proceso. “Es así desde nuestra gestión, mandándolos por estos hechos, por fugas, por situaciones de cómo ha ingresado sustancias controladas o alcohol al interior de los centros, hemos sido duros con esa situación”, apuntó.
A diferencia de antes, remarcó, los efectivos policiales ya no solamente son cambiados de destino a otros centros penitenciarios adonde llevaban el problema y seguía la corrupción, “ahora estamos pidiendo procesos”.
“Creo que es la única manera de tratar de hacer algo, pero también sobre todo los mismos privados de libertad porque son ellos o las familias las que a veces vienen a la oficina y denuncian”, enfatizó.
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